México, DF. “Les digo a los dueños de Soriana que están mintiendo, que nosotros no incitamos a la violencia...no tenemos nada que ver”, señaló Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa, en la cual se deslindó completamente de las agresiones a i
Villahermosa, Tabasco, 2 de agosto.- Ante el anunció de la entrega de bono de marcha que recibirán los alcaldes y colaboradores al final de su gestión, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez propuso que las comisiones Inspectoras de Hacienda y de Fortalecimiento Municipal emplacen a los gobiernos municipales que “entreguen un informe sobre la supuesta autorización” de esa remuneración “en sus respectivos tabuladores del Presupuesto Municipal de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012, así como los montos correspondientes por tipo de plaza o puesto y el período de pago de los citados egresos”.
Además, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) revise el capítulo de gastos en materia de salarios y prestaciones diversas correspondiente al último trimestre del ejercicio fiscal 2012.
Que revise también los tabuladores del Presupuesto de Egresos aprobados para el año en curso, a efecto de verificar la legalidad de la autorización de los denominados bonos de marcha y de cualquier erogación extraordinaria que se haya aprobado en la referida materia.
Este planteamiento lo hizo el diputado perredista a través de un punto de acuerdo que presentó en la sesión de este jueves de la Comisión Permanente.
“Es muy importante que en aras de proteger el interés público en los diecisiete municipios, el Congreso del Estado tome nota de estas disposiciones, y se acometa con prontitud a revisar la debida legalidad de la supuesta autorización de los bonos de marcha, para que no se afecte la estabilidad financiera de las haciendas municipales ni se realice un gasto extraordinario que redunde en demérito de la eficacia del gobierno municipal”, planteó Martínez Pérez.
El legislador perredista dio la “voz de alarma” ante los anuncio de la “futura entrega” de los bonos de marcha a servidores públicos de los 17 ayuntamientos del estado y con los cuales “las administraciones municipales pretenden ´premiar´ la conclusión de funciones de sus altos servidores públicos, con independencia de sus percepciones salariales y prestaciones de fin de año.”
Este beneficio económico se entregaría beneficio a unos 493 servidores públicos de los 17 ayuntamientos locales, entre alcaldes, regidores, síndicos y directores de área, “en aparente completa inequidad con los salarios y prestaciones determinadas para el resto de los trabajadores municipales”, dijo Martínez Pérez.
De acuerdo a la información de que se dispone, se estima que los regidores y síndicos recibirán un bono de marcha de 50 mil pesos, mientras que los ediles alcanzarán los 200 mil pesos, lo que en términos globales significará un desembolso aproximado de 27 millones 200 mil pesos.
Esta erogación extraordinaria, indicó Martínez Pérez, debe analizarse en el marco del presunto desorden fiscal y presupuestario que los afecta, y del cual dan una idea los despidos masivos que están ordenando, las enormes deudas derivadas de laudos laborales y las pérdidas detectadas en el patrimonio mobiliario e inmobiliario de los municipios, según han denunciado los medios informativos.
Consideró que los ayuntamientos están incurriendo en una “indisciplina fiscal” y pasando por encima de lo que establece la ley en materia de remuneraciones máximas de los servidores públicos, porque el bono de marcha que recibirán “podrá superar los ingresos que correspondan al Gobernador del Estado”.
Además, que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) revise el capítulo de gastos en materia de salarios y prestaciones diversas correspondiente al último trimestre del ejercicio fiscal 2012.
Que revise también los tabuladores del Presupuesto de Egresos aprobados para el año en curso, a efecto de verificar la legalidad de la autorización de los denominados bonos de marcha y de cualquier erogación extraordinaria que se haya aprobado en la referida materia.
Este planteamiento lo hizo el diputado perredista a través de un punto de acuerdo que presentó en la sesión de este jueves de la Comisión Permanente.
“Es muy importante que en aras de proteger el interés público en los diecisiete municipios, el Congreso del Estado tome nota de estas disposiciones, y se acometa con prontitud a revisar la debida legalidad de la supuesta autorización de los bonos de marcha, para que no se afecte la estabilidad financiera de las haciendas municipales ni se realice un gasto extraordinario que redunde en demérito de la eficacia del gobierno municipal”, planteó Martínez Pérez.
El legislador perredista dio la “voz de alarma” ante los anuncio de la “futura entrega” de los bonos de marcha a servidores públicos de los 17 ayuntamientos del estado y con los cuales “las administraciones municipales pretenden ´premiar´ la conclusión de funciones de sus altos servidores públicos, con independencia de sus percepciones salariales y prestaciones de fin de año.”
Este beneficio económico se entregaría beneficio a unos 493 servidores públicos de los 17 ayuntamientos locales, entre alcaldes, regidores, síndicos y directores de área, “en aparente completa inequidad con los salarios y prestaciones determinadas para el resto de los trabajadores municipales”, dijo Martínez Pérez.
De acuerdo a la información de que se dispone, se estima que los regidores y síndicos recibirán un bono de marcha de 50 mil pesos, mientras que los ediles alcanzarán los 200 mil pesos, lo que en términos globales significará un desembolso aproximado de 27 millones 200 mil pesos.
Esta erogación extraordinaria, indicó Martínez Pérez, debe analizarse en el marco del presunto desorden fiscal y presupuestario que los afecta, y del cual dan una idea los despidos masivos que están ordenando, las enormes deudas derivadas de laudos laborales y las pérdidas detectadas en el patrimonio mobiliario e inmobiliario de los municipios, según han denunciado los medios informativos.
Consideró que los ayuntamientos están incurriendo en una “indisciplina fiscal” y pasando por encima de lo que establece la ley en materia de remuneraciones máximas de los servidores públicos, porque el bono de marcha que recibirán “podrá superar los ingresos que correspondan al Gobernador del Estado”.
