Mientras el sector energético decae en el país, el financiero crece sin generar valor: Decelis Equivo
Cada política económica desmantela México Comité Nacional de Estudios de la Energía El sector energía hace 20 años representaba el 12.5% del PIB, en 2005 el 7.38% y en 2008 solo el 6.43%, señaló el ingeniero Rafael Decelis Contreras, académico de la UNAM, autor de diversos libros sobre petroquímica y miembro del Grupo Ingenieros Pemex Constitución del 17.En su ponencia presentada ante el FORO DE ENERGÍA llevado a cabo en Tampico, Tamaulipas, subrayó las diferencias entre el sector energético que genera valor agregado a lo que produce y el financiero que, por definición es un sector que no genera valor agregado.
El sector químico y petroquímico privado, según datos de la Asociación Nacional de Ingenieros Químicos (ANIQ) representaba hace 20 años el 5.6% del PIB y en 2011 solo el 1.8%. Esta diferencia equivale a 31 mil 200 millones de dólares. La ANIQ dice que en este periodo ha perdido 75 mil empleos: 12mil de técnicos y administradores y 63 mil de trabajadores.
Por otro lado el ingeniero Decelis explicó que el sector financiero adquiere cada vez mayor peso dentro de la economía nacional. Esto queda demostrado por su aumento del año 2000 al 2009 de 12.5% a 22.9% en el PIB Nacional, cuando hace mas de 20 años representaba menos del 10%.Ante la situación, la fuente citada considera que esto deriva de una política económica equivocada, que no genera valor agregado; una política que sólo ha ofrecido un crecimiento en los últimos sexenios, incluyendo este de 2.2% del PIB.
El sector financiero, que no tiene Valor Agregado como el de la industria es el que más crece y es el que más gana. Para sus matrices extranjeras Banamex, Santander, BBVA Bancomer representan las mayores utilidades de sus grupos.
El desempleo generado por esta política ha expulsado en este periodo a 12 millones de mexicanos indocumentados, expulsión vergonzosa y exitosa; vergonzosa por que se van mexicanos que no tienen oportunidades en su país y exitosa por que las remesas que nos envían, representan casi la misma cantidad de dinero que atrae la exportación de petróleo crudo sin valor agregado. UNA POLÍTICA ERRÓNEA.
Todo esto es consecuencia de una Política Económica Neoliberal, impuesta por la Secretaría de Hacienda que basa sus precios en los llamados COSTOS DE OPORTUNIDAD, mismos que colapsan el desarrollo nacional y que generan los llamados SUBSIDIOS, realmente inexistentes y que provocan importaciones de todo tipo ya que no somos un país competitivo. La SHCP afirma que es más barato importar que producir. Por eso importamos cada vez más gasolinas. El valor agregado del petróleo está en los petrolíferos y en la gran cadena que desemboca en petroquímicos y sus derivados. Como ejemplo: El valor agregado del petróleo crudo se incrementa 60 veces al producir artículos como zapato tenis generando empleo en 2 mil 700 veces.
Esto trae como consecuencia natural la generación de empleos e impuestos. Mismos que conllevan al desarrollo por el incremento del PIB.RESULTADOS DEL NEOLIBERALISMO EN LA PETROQUÍMICAMéxico era el primer productor de amoniaco del mundo. Hoy produce únicamente el 30% de lo que antes producía.Pemex tenía 3 plantas adicionales de 1 mil 500 toneladas de amoniaco por día para exportar. Dos de ellas en Salina Cruz y otra en Camargo; una se vendió a China y las otras a la India.En petroquímica México ocupaba el séptimo lugar en el mundo, hoy ocupa el 64 y va en declive.
Hay vacíos legales que impiden a la CFE prestar el servicio en el centro del paísJavier RamírezEl decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) de 2009 violó el Estado de Derecho al intentar dejar sin efectos los 6.5 millones de contratos vigentes con valor jurídico, que suscribieron los usuarios con LyFC y que no puede suprimir de golpe y porrazo, revela una investigación del especialista Daniel Márquez Gómez.
En el mismo ordenamiento, agrega el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hay simulación, ya que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no intermedia como dice este decreto, y entrega los bienes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, de una manera no muy legal, se haga cargo del servicio del centro del país, aunque jurídicamente no debe prestar el servicio.
Las autoridades federales se manejan sin transparencia y con secrecía en la desaparición de la empresa LyFC, ya que desde la Presidencia, la Consejería Jurídica, la CFE y la Policía Federal que intervinieron en el mandato, afectado de nulidad relativa lo mismo que los actos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían ser responsables de índole administrativa, penales y políticas.
Por eso, las acciones y hechos de la CFE carecen de sustento jurídico en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, y no debe cobrar ni cortar el fluido eléctrico, ni tampoco amenazar a los usuarios ni recibir los subsidios correspondientes.
Unos 200 mil abonados que dejaron de pagar su servicio “por los recibos locos”, deficiencias, cortes supuestamente por mantenimiento, pueden demandar al gobierno federal ante juzgados en materia mercantil, administrativa y civil para que se aclare la prestación del servicio, el papel del SAE, cumplimiento del contrato y con quién se está contratando.
NI EL SAE NI LA CFE QUIEREN SABER NADAAl SAE y a la CFE se les pidió su punto de vista sobre lo abundado líneas arriba, sin recibir respuesta.
En el V informe de gobierno federal, se apunta que a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la CFE se ha enfocado en mejorar el servicio a los habitantes del Valle de México mediante el mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica. Y reconoce a 6.71 millones de clientes –el 10 de octubre de 2009 había 6.5 millones– en el Valle de México.
En este tema, el gobierno federal y la CFE llevan a cabo toda una estrategia para que los usuarios los acepten como los prestadores del servicio como a través de su Programa de luz sustentable, con el apoyo de algunos centros comerciales, a los consumidores que presente su recibo de luz sin adeudos, les entregan cuatro focos ahorradores a cambio de cuatro viejos o que los trabajadores de la CFE enseñen a la población la Ley de servicio público de energía para demostrar su competencia en el servicio.
n el decreto presidencial de 2009 de extinción de LyFC se cuidó muy bien el fraseo para evitar que se diera una subrogación, y que los ex trabajadores del SME reclamaran sus derechos laborales con la CFE, afirmó al ser entrevistado sobre el tema el investigador universitario.
SAE, UTILIZADO COMO ACTO DE SIMULACIÓN JURÍDICAAl precisar que el mandato presidencial está afectado de una nulidad relativa, lo mismo que los actos generados por la CFE, el especialista en derecho administrativo y penal revela dos vacíos legales fuertes del documento: no genera mecanismos para darle legalidad a la intervención CFE en la prestación del servicio de energía en la zona centro del país y tampoco crea el esquema de relaciones jurídicas de la CFE como prestadora de servicio y los usuarios del fluido eléctrico.
Por lo tanto, agregó Márquez Gómez, la CFE, a pesar de que su deber es cumplir con la ley, realiza acciones fuera de ella al no tener sustento legal, para dar el servicio de energía eléctrica o adueñarse de instalaciones, poner su logotipo en vehículos y maquinaria.Las autoridades se han manejado con poca transparencia, secrecía y con prepotencia en la liquidación de LyFC, dijo Márquez, y por los vacíos jurídicos del ordenamiento que impacta en los ciudadanos, los servidores públicos que firman el decreto de marras como el Presidente Felipe Calderón, la Consejería Jurídica, CFE y Policía Federal, quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución, pueden ser sujetos a responsabilidades penales y políticas como ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades del Código Penal Federal.
SI 6.5 MILLONES DE USUARIOS DEMANDAN SE COLAPSA SISTEMA JUDICIAL A los 200 mil usuarios que dejaron de pagar su servicio de energía eléctrica a raíz del decreto de extinción, aconsejó demandar al gobierno federal en un juzgado mercantil, para aclarar la situación de la prestación del servicio; en uno administrativo para que la Secretaría de Energía responsable de brindar el servicio y clarificar el papel del SAE, y en uno civil por el cumplimiento del contrato con LyFC, y tienen de plazo diez años, a partir de la fecha de expedición del decreto.El académico considera importante resolver el problema, porque de lo contrario si los 6.5 millones de usuarios deciden interponer recursos legales, colapsarían al sistema judicial federal, generando un cuestionamiento muy fuerte a la CFE, que abriría la puerta para que el Sindicato Mexicano de Electricistas alegara la efectiva subrogación del servicio.Al preguntarle sobre los recibidos que expide la CFE, Márquez comentó que hay un tema de simulación, ya que el SAE debió expedirlos como intermediaria como dice el decreto, y lo que hizo fue entregar los bienes a la CFE para que, de una manera no muy legal, se hiciera cargo del servicio
El sector químico y petroquímico privado, según datos de la Asociación Nacional de Ingenieros Químicos (ANIQ) representaba hace 20 años el 5.6% del PIB y en 2011 solo el 1.8%. Esta diferencia equivale a 31 mil 200 millones de dólares. La ANIQ dice que en este periodo ha perdido 75 mil empleos: 12mil de técnicos y administradores y 63 mil de trabajadores.
Por otro lado el ingeniero Decelis explicó que el sector financiero adquiere cada vez mayor peso dentro de la economía nacional. Esto queda demostrado por su aumento del año 2000 al 2009 de 12.5% a 22.9% en el PIB Nacional, cuando hace mas de 20 años representaba menos del 10%.Ante la situación, la fuente citada considera que esto deriva de una política económica equivocada, que no genera valor agregado; una política que sólo ha ofrecido un crecimiento en los últimos sexenios, incluyendo este de 2.2% del PIB.
El sector financiero, que no tiene Valor Agregado como el de la industria es el que más crece y es el que más gana. Para sus matrices extranjeras Banamex, Santander, BBVA Bancomer representan las mayores utilidades de sus grupos.
El desempleo generado por esta política ha expulsado en este periodo a 12 millones de mexicanos indocumentados, expulsión vergonzosa y exitosa; vergonzosa por que se van mexicanos que no tienen oportunidades en su país y exitosa por que las remesas que nos envían, representan casi la misma cantidad de dinero que atrae la exportación de petróleo crudo sin valor agregado. UNA POLÍTICA ERRÓNEA.
Todo esto es consecuencia de una Política Económica Neoliberal, impuesta por la Secretaría de Hacienda que basa sus precios en los llamados COSTOS DE OPORTUNIDAD, mismos que colapsan el desarrollo nacional y que generan los llamados SUBSIDIOS, realmente inexistentes y que provocan importaciones de todo tipo ya que no somos un país competitivo. La SHCP afirma que es más barato importar que producir. Por eso importamos cada vez más gasolinas. El valor agregado del petróleo está en los petrolíferos y en la gran cadena que desemboca en petroquímicos y sus derivados. Como ejemplo: El valor agregado del petróleo crudo se incrementa 60 veces al producir artículos como zapato tenis generando empleo en 2 mil 700 veces.
Esto trae como consecuencia natural la generación de empleos e impuestos. Mismos que conllevan al desarrollo por el incremento del PIB.RESULTADOS DEL NEOLIBERALISMO EN LA PETROQUÍMICAMéxico era el primer productor de amoniaco del mundo. Hoy produce únicamente el 30% de lo que antes producía.Pemex tenía 3 plantas adicionales de 1 mil 500 toneladas de amoniaco por día para exportar. Dos de ellas en Salina Cruz y otra en Camargo; una se vendió a China y las otras a la India.En petroquímica México ocupaba el séptimo lugar en el mundo, hoy ocupa el 64 y va en declive.
Hay vacíos legales que impiden a la CFE prestar el servicio en el centro del paísJavier RamírezEl decreto presidencial de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) de 2009 violó el Estado de Derecho al intentar dejar sin efectos los 6.5 millones de contratos vigentes con valor jurídico, que suscribieron los usuarios con LyFC y que no puede suprimir de golpe y porrazo, revela una investigación del especialista Daniel Márquez Gómez.
En el mismo ordenamiento, agrega el experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hay simulación, ya que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) no intermedia como dice este decreto, y entrega los bienes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que, de una manera no muy legal, se haga cargo del servicio del centro del país, aunque jurídicamente no debe prestar el servicio.
Las autoridades federales se manejan sin transparencia y con secrecía en la desaparición de la empresa LyFC, ya que desde la Presidencia, la Consejería Jurídica, la CFE y la Policía Federal que intervinieron en el mandato, afectado de nulidad relativa lo mismo que los actos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), podrían ser responsables de índole administrativa, penales y políticas.
Por eso, las acciones y hechos de la CFE carecen de sustento jurídico en la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país, y no debe cobrar ni cortar el fluido eléctrico, ni tampoco amenazar a los usuarios ni recibir los subsidios correspondientes.
Unos 200 mil abonados que dejaron de pagar su servicio “por los recibos locos”, deficiencias, cortes supuestamente por mantenimiento, pueden demandar al gobierno federal ante juzgados en materia mercantil, administrativa y civil para que se aclare la prestación del servicio, el papel del SAE, cumplimiento del contrato y con quién se está contratando.
NI EL SAE NI LA CFE QUIEREN SABER NADAAl SAE y a la CFE se les pidió su punto de vista sobre lo abundado líneas arriba, sin recibir respuesta.
En el V informe de gobierno federal, se apunta que a partir de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la CFE se ha enfocado en mejorar el servicio a los habitantes del Valle de México mediante el mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica. Y reconoce a 6.71 millones de clientes –el 10 de octubre de 2009 había 6.5 millones– en el Valle de México.
En este tema, el gobierno federal y la CFE llevan a cabo toda una estrategia para que los usuarios los acepten como los prestadores del servicio como a través de su Programa de luz sustentable, con el apoyo de algunos centros comerciales, a los consumidores que presente su recibo de luz sin adeudos, les entregan cuatro focos ahorradores a cambio de cuatro viejos o que los trabajadores de la CFE enseñen a la población la Ley de servicio público de energía para demostrar su competencia en el servicio.
n el decreto presidencial de 2009 de extinción de LyFC se cuidó muy bien el fraseo para evitar que se diera una subrogación, y que los ex trabajadores del SME reclamaran sus derechos laborales con la CFE, afirmó al ser entrevistado sobre el tema el investigador universitario.
SAE, UTILIZADO COMO ACTO DE SIMULACIÓN JURÍDICAAl precisar que el mandato presidencial está afectado de una nulidad relativa, lo mismo que los actos generados por la CFE, el especialista en derecho administrativo y penal revela dos vacíos legales fuertes del documento: no genera mecanismos para darle legalidad a la intervención CFE en la prestación del servicio de energía en la zona centro del país y tampoco crea el esquema de relaciones jurídicas de la CFE como prestadora de servicio y los usuarios del fluido eléctrico.
Por lo tanto, agregó Márquez Gómez, la CFE, a pesar de que su deber es cumplir con la ley, realiza acciones fuera de ella al no tener sustento legal, para dar el servicio de energía eléctrica o adueñarse de instalaciones, poner su logotipo en vehículos y maquinaria.Las autoridades se han manejado con poca transparencia, secrecía y con prepotencia en la liquidación de LyFC, dijo Márquez, y por los vacíos jurídicos del ordenamiento que impacta en los ciudadanos, los servidores públicos que firman el decreto de marras como el Presidente Felipe Calderón, la Consejería Jurídica, CFE y Policía Federal, quienes juraron guardar y hacer guardar la Constitución, pueden ser sujetos a responsabilidades penales y políticas como ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades del Código Penal Federal.
SI 6.5 MILLONES DE USUARIOS DEMANDAN SE COLAPSA SISTEMA JUDICIAL A los 200 mil usuarios que dejaron de pagar su servicio de energía eléctrica a raíz del decreto de extinción, aconsejó demandar al gobierno federal en un juzgado mercantil, para aclarar la situación de la prestación del servicio; en uno administrativo para que la Secretaría de Energía responsable de brindar el servicio y clarificar el papel del SAE, y en uno civil por el cumplimiento del contrato con LyFC, y tienen de plazo diez años, a partir de la fecha de expedición del decreto.El académico considera importante resolver el problema, porque de lo contrario si los 6.5 millones de usuarios deciden interponer recursos legales, colapsarían al sistema judicial federal, generando un cuestionamiento muy fuerte a la CFE, que abriría la puerta para que el Sindicato Mexicano de Electricistas alegara la efectiva subrogación del servicio.Al preguntarle sobre los recibidos que expide la CFE, Márquez comentó que hay un tema de simulación, ya que el SAE debió expedirlos como intermediaria como dice el decreto, y lo que hizo fue entregar los bienes a la CFE para que, de una manera no muy legal, se hiciera cargo del servicio
