Miles de millones se perdieron en Edomex, dice la ASF

Ciudad de México, 1 de marzo.– El Gobierno del Estado de México aumentó su deuda pública en más 2 mil millones de pesos y no pudo comprobar el uso de recursos federales por mil 943 pesos en años electorales, por lo que debe aclarar en dónde quedó ese dinero, exigieron políticos de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y especialistas.
    De acuerdo con el “Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federales, Municipios y sus Organismos” de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre 2015 y al cierre del tercer trimestre de 2016 el Gobierno del priista Eruviel Ávila Villegas incrementó la deuda pública –que se había sostenido durante su sexenio– 2 mil 271.40 millones de pesos, respecto al cierre de 2014, lo que colocó a la entidad en el quinto lugar entre las más endeudadas a nivel nacional.
    El lunes pasado, el periódico Reforma publicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que el Gobierno del Estado de México no pudo comprobar el paradero de mil 943 millones de 10 mil 529 millones de pesos de fondos y programas federales recibidos durante 2015, y que de 20 observaciones realizadas, el Gobierno de Eruviel sólo contestó tres.
    “La ASF audita cerca del 4 o 5 por ciento del total del recurso federal que son trasladadores a las entidades federativas; si hubiese auditado más hubiese encontrado más irregularidades. A mi juicio ahí hay un desvío de recursos públicos que debe ser investigado […], la Auditoría está facultada para iniciar denuncias de oficio ante la Procuraduría General de la República  [PGR] en contra quien resulte responsable”, dijo Octavio Martínez Vargas, secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
    Martínez Vargas explicó que el incremento de la deuda pública coincide con las elecciones de 2015 en la entidad en donde se eligieron 125 ayuntamientos y a los diputados de la actual legislatura del Congreso del Estado.
    “En el tema de esos más de 2 mil millones de pesos, en 2015 hubo elecciones en el Edomex y hubo la utilización de programas y recursos públicos para favorecer al PRI [Partido Revolucionario Institucional] y a sus aliados y mantener el control de las alcaldías con mayor número de electores. Eso es evidente, no puede explicarse cómo se entregaron miles de pantallas, se pintaron miles de casas, se entregaron tarjetas monedero, vales canjeables. Es decir, es muy probable que ese recurso que está marcado en 2015 como deuda, haya sido utilizado para fondear a los candidatos del PRI, eso se tiene que esclarecer y sancionar”, explicó.
    La Secretaría de Hacienda registra que ese endeudamiento se mantuvo hasta el tercer trimestre de 2016, pues en el cuarto trimestre del año pasado el Edomex tiene una deuda de 36 mil 836.8 millones de pesos, es decir 4 mil 941.90 millones de pesos menos que el trimestre anterior.
    Sin embargo, de acuerdo con Raymundo Tenorio Aguilar, director de las carreras de Economía de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, la disminución de la deuda en un trimestre no quiere decir que el Gobierno de Eruviel Ávila haya pagado esos casi 5 mil millones de pesos.
        “El 60 por ciento de la deuda que los gobiernos estatales firman están garantizadas con transferencias desde la Federación. Cuando un Gobierno estatal, como lo que vemos ahí, baja la deuda, no es que haya tenido dinero para pagar esa parte de deuda, es que las transferencias que le corresponden en ese momento se las deducen de la deuda que tiene”, expuso Tenorio Aguilar.
    En cuanto al incremento de deuda de 2016 puede explicarse por la toma de posesión de los nuevos ayuntamientos que encontraron problemas por mal uso de los recursos públicos y pasivos a proveedores de las administraciones pasadas, por lo que requirieron que el Gobierno estatal les inyectara dinero, agregó Martínez Vargas.
    Es increíble que el estado que tiene el presupuesto más grande del país, cerca de 271 mil millones de pesos al año, no pueda traducir eso en niveles de bienestar para los ciudadanos y sea de los más pobres […]. La Auditoría Superior debe llamar a responder ante la justicia a los servidores públicos y si gana cualquier partido de oposición la gubernatura debe llamar a cuentas a los gobiernos priistas, de lo contrario sería cómplice”, dijo.