UN MODELO ECONÓMICO SOCIALMENTE DEPREDADOR

Las estadísticas sobre el aumento de la pobreza en México son verdaderamente aterradoras. De acuerdo con datos de la OCDE (Society at a Glance, marzo de 2014), México ocupa el segundo lugar en desigualdad en el ingreso: el promedio del 10 por ciento más rico supera en 29 veces al del 10 por ciento más pobre, mientras que en los países de la OCDE es sólo superior en 9.5 veces. Casi cuatro de cada diez mexicanos no tienen para comprar alimentos básicos, contra un 31.9 en el año 2009: el problema aumentó en 6.4 por ciento en cinco años. El ingreso disponible equivale a una tercera parte del promedio en los países de la OCDE, y uno de cada cinco mexicanos sufre pobreza extrema. El sector informal concentra el 60 por ciento del empleo. Según la revista Forbes, diez multimillonarios mexicanos poseen el equivalente al 11 por ciento del Producto Interno Bruto (132 mil 900 millones de dólares). Pero lo peor es que ante esta situación no se ve una acción gubernamental enérgica en defensa de la población más desprotegida: según el informe de la OCDE, el gasto social en México es el más bajo entre todos los países miembros: 7.4 por ciento del PIB, muy lejos del promedio, 21.9, y más aún del caso más destacado, Francia, con 32.8. En México se gasta realmente poco en los pobres, se niega atención a elementales peticiones populares y, para colmo, se criminaliza la protesta popular. Pero el problema no sólo está en el cicatero gasto social. El salario, como mecanismo fundamental de ingreso, está nulificado: el salario mínimo promedio es de 65.5 pesos, y distribuido entre los cuatro integrantes de una familia típica correspondería a cada uno sólo 426 pesos mensuales, muy lejos del precio de la canasta básica alimentaria mensual per cápita, según el CONEVAL, de 857 pesos en la zona rural y mil 225 pesos en las ciudades. Y el problema afecta a grandes sectores sociales: 6.4 millones de empleados (13 por ciento de la población ocupada) ganan hasta un salario mínimo (AméricaEconomía. com, 5 de mayo de 2014). Además de esto, el pasado 26 de mayo el CONEVAL informó que en el primer trimestre de 2014 el poder adquisitivo cayó en 5.76 por ciento en relación con el mismo período del 2013 y la pobreza asociada a ingresos por trabajo aumentó en 3.46. Finalmente, Julio Boltvinik reiteró recientemente que las cifras de pobreza están maquilladas: afirma que en el año 2012 la cifra de pobres alcanzaba 97 millones, el 83 por ciento de la población; el investigador de El Colegio de México fundamenta sus cálculos en la metodología multidimensional de medición, diseñada por él. ¿Pero por qué aumenta la pobreza? La causa no está en la naturaleza ni es una fatalidad. México es un país rico, con recursos sobrados para garantizar un alto nivel de bienestar social: ocupamos el undécimo lugar mundial en términos de Producto Interno Bruto por Paridad del Poder Adquisitivo (FMI 2012), superior al de países como Corea del Sur, Canadá, España, Turquía, Australia y Argentina; en Latinoamérica sólo Brasil nos supera; en medio de tanta riqueza, la paradoja de México es un pueblo pobre viviendo en un país rico. El problema radica en el mecanismo de distribución del ingreso propio del modelo económico neoliberal, implantado a inicios de los años ochenta; éste sustituyó al que había operado durante las cuatro décadas anteriores, basado en el Estado de Bienestar, que buscaba el pleno empleo y fomentaba el gasto social; era, sí, una economía capitalista, pero cuyos efectos más negativos se atenuaban por la acción sindical y política de la sociedad civil, y también por la intervención estatal, que hacían contrapeso al poder de las empresas. El actual modelo, en cambio, es la forma más agresiva de capitalismo, basado en el decálogo del Consenso de Washington, y que en México ha alcanzado su máxima expresión; es socialmente depredador: excluye la participación popular, suprime el sindicalismo y la protesta social; ha entregado todo el poder directamente a los empresarios, colocándolos al frente del gobierno; privatizó las empresas paraestatales y desreguló las privadas. El gasto público se aplica a favor de los grandes corporativos empresariales, con innumerables subvenciones, dotación de terrenos y servicios gratuitos, etc. En México gobierna la cúpula empresarial y decide la distribución del gasto; la economía y la política han quedado en manos de monopolios o duopolios que controlan los principales mercados. En fin, los bancos, entregados al capital extranjero, son instrumentos de saqueo de los recursos nacionales. Opera un esquema fiscal regresivo, que protege a los grandes consorcios evitándoles pagar impuestos y cargando todo el peso de la contribución sobre los sectores sociales más débiles, a lo cual eufemísticamente se ha llamado “ampliar la base gravable”, que no es más que obligar a los más pobres a sostener el erario, para que luego el gobierno destine los recursos en beneficio de los corporativos. El modelo es sumamente explotador: entre los países de la OCDE los trabajadores mexicanos laboran las jornadas más largas y, en contraste, perciben los salarios más bajos, situación que afecta particularmente a las mujeres. Como los salarios no están ligados a la productividad, y al aumentar ésta, aquéllos han disminuido (el salario mínimo se convirtió en realidad en salario máximo) y la tasa de ganancia se ha elevado en forma estratosférica; en otras palabras, se aplica una política de salarios miserables para “atraer” a la inversión extranjera, pero a costa del empobrecimiento de la sociedad. La intervención estatal en la economía fue drásticamente reducida; por ejemplo, en el sector agrícola el apoyo a pequeños productores; en su lugar las empresas tomaron el control, y como a éstas las motiva sólo la maximización de su ganancia, era lógico que con todo el poder en sus manos buscaran orientar la economía en su provecho. En el modelo vigente, basado en la capacidad de compra y no en las necesidades de la población, la fría e implacable lógica del mercado se ha impuesto sobre las necesidades sociales, pero en una abierta incongruencia: sólo quien tiene dinero puede adquirir los satisfactores, pero al acumular la riqueza en unas cuantas y gigantescas fortunas, el propio modelo priva a la mayoría de su capacidad de compra. Siendo, pues, éstas las causas del empobrecimiento, la solución tiene que pasar necesariamente por atacar sus raíces; en consecuencia, se requiere de un nuevo modelo donde el salario, efectivamente, se ligue a la productividad, se modere por acción gubernamental y social la desproporcionada tasa de ganancia del capital y se proteja el interés de los trabajadores; es necesaria una estrategia económica distributiva que revierta las políticas salarial y fiscal predominantes a favor de las mayorías. Si el Estado no asume una mayor participación, misma que debe ser impulsada por una activa y consciente participación social, la desigualdad seguirá acentuándose.