Modificarán leyes para reforzar combate contra narcomenudeo
VILLAHERMOSA, TABASCO, 12 DE MAYO.- La Cámara de Diputados aprobó de manera unánime modificaciones a varias leyes para reforzar el combate al narcomenudeo en el estado otorgándole facultades a la tribunales estatales y atender los casos de farmacodependencia, cuestiones que correspondía atender a instancias federales. Se modificaron diversas disposiciones de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, y de las leyes orgánicas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia, todas de Tabasco con ese propósito.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Martínez Pérez, uno de los impulsores de esta iniciativa, dijo que estas reformas permitirán a las autoridades estatales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones y medidas de seguridad, “conocer, resolver o ejecutar las sanciones y medidas de seguridad en casos de narcomenudeo”, tal y como lo establece la Ley General de Salud, conforme a la cual se aplican estas reformas. Así, los tribunales del estado podrán conocer y resolver los delitos previstos en una ley federal, ese rubro, y “amplía la competencia de los órganos impartidores de justicia de conocer, además de los delitos del fuero común, aquellas materias de las cuales la Constitución Federal y las leyes que de ellas emanen, les otorguen competencia.” Con base a estas modificaciones, la Procuraduría de Justicia podrá actuar “en congruencia en los casos de delito de narcomenudeo.” Martínez Pérez explicó que estas modificaciones están basadas en el decreto emitido por el Congreso de la Unión mediante el cual otorgó facultades a los gobiernos “para prevenir y combatir la posesión, el comercio y suministro de narcóticos”. Y tipificar y sancionar “esas conductas delictivas, y para determinar mecanismos para el tratamiento médico de farmacodependientes y programas de prevención de adicciones.” Por otro lado, y también por unanimidad, el Congreso aprobó la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos y sus garantías, que el Congreso de la Unión le envió para tales efectos a fin de que dicha reforma entre en vigor. La reforma se aprobó la víspera de que organizaciones no gubernamentales del país enviaran a los 32 congresos estatales un exhorto para que aprobaran cuanto antes estas modificaciones a la Carta Magna. La diputada del PRI, Lorena Beaurregard De los Santos, quien leyó el dictamen, destacó que en la Minuta aprobada por el Congreso de la Unión, en marzo pasado, y avalada por esta legislatura, “plantea que la educación impartida por el Estado deberá fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad.” Resalta que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los que la nación sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restriñirse, ni suspenderse. De igual manera destaca que “las autoridades tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; el Estado prevendrá, investigará, sancionará y reparará las violaciones a los derechos humanos, asimismo prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad de las personas.” El Congreso también aprobó la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco, “que dará viabilidad económica y jurídica a las más de 42 mil unidades de producción en la entidad, con el propósito de aumentar su rentabilidad, no sólo con fines de abastecimiento, sino para lograr su competitividad en los mercados locales, nacionales e internacionales.”
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Martínez Pérez, uno de los impulsores de esta iniciativa, dijo que estas reformas permitirán a las autoridades estatales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, así como de ejecución de sanciones y medidas de seguridad, “conocer, resolver o ejecutar las sanciones y medidas de seguridad en casos de narcomenudeo”, tal y como lo establece la Ley General de Salud, conforme a la cual se aplican estas reformas. Así, los tribunales del estado podrán conocer y resolver los delitos previstos en una ley federal, ese rubro, y “amplía la competencia de los órganos impartidores de justicia de conocer, además de los delitos del fuero común, aquellas materias de las cuales la Constitución Federal y las leyes que de ellas emanen, les otorguen competencia.” Con base a estas modificaciones, la Procuraduría de Justicia podrá actuar “en congruencia en los casos de delito de narcomenudeo.” Martínez Pérez explicó que estas modificaciones están basadas en el decreto emitido por el Congreso de la Unión mediante el cual otorgó facultades a los gobiernos “para prevenir y combatir la posesión, el comercio y suministro de narcóticos”. Y tipificar y sancionar “esas conductas delictivas, y para determinar mecanismos para el tratamiento médico de farmacodependientes y programas de prevención de adicciones.” Por otro lado, y también por unanimidad, el Congreso aprobó la reforma constitucional federal en materia de derechos humanos y sus garantías, que el Congreso de la Unión le envió para tales efectos a fin de que dicha reforma entre en vigor. La reforma se aprobó la víspera de que organizaciones no gubernamentales del país enviaran a los 32 congresos estatales un exhorto para que aprobaran cuanto antes estas modificaciones a la Carta Magna. La diputada del PRI, Lorena Beaurregard De los Santos, quien leyó el dictamen, destacó que en la Minuta aprobada por el Congreso de la Unión, en marzo pasado, y avalada por esta legislatura, “plantea que la educación impartida por el Estado deberá fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad.” Resalta que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, en los tratados internacionales de los que la nación sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restriñirse, ni suspenderse. De igual manera destaca que “las autoridades tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; el Estado prevendrá, investigará, sancionará y reparará las violaciones a los derechos humanos, asimismo prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad de las personas.” El Congreso también aprobó la Ley de Desarrollo Pecuario del Estado de Tabasco, “que dará viabilidad económica y jurídica a las más de 42 mil unidades de producción en la entidad, con el propósito de aumentar su rentabilidad, no sólo con fines de abastecimiento, sino para lograr su competitividad en los mercados locales, nacionales e internacionales.”
