Mudanzas

HORAS DESPUÉS DE LA EJECUCIÓN del Operativo Enjambre, activada por la FGR para apresar al alcalde de Paraíso, Alfonso Baca Sevilla y a varios de sus colaboradores, por presuntos actos de corrupción en el manejo de recursos federales, y de que la noticia escalara a nivel nacional y resultara todo un escándalo, Movimiento Ciudadano pareció reaccionar a ese hecho que significó un duro golpe a su presuntuoso dicho de partido honesto, transparente e incorruptible. Fijaron un posicionamiento tibio, ambiguo. Por un lado, se deslindaron de su alcalde y señalaron que nadie puede estar por encima de la ley, sin importar cargos y filiación política; por el otro, acusaron persecución política y la aplicación de una justicia selectiva.
 

EN CIERTO MODO ES ENTENDIBLE ESA POSTURA. Resulta muy difícil defender lo indefendible, sobre todo los antecedentes negativos que había de su alcalde prófugo y que no quisieron ver. Esta aparente contradicción responde a una estrategia de control de daños que busca equilibrar el pragmatismo legal con la rentabilidad política. Lo cierto es que el hecho de que el edil haya huido agrava más su situación jurídica y compromete enormemente la credibilidad y honorabilidad -jajaja, es un decir- de Movimiento Ciudadano. El cateo en propiedades y la detención de varios funcionarios del gobierno municipal, indican que no se trata de una investigación reciente, sino de una indagatoria que data de varios meses, relacionadas con el manejo irregular de recursos federales y vinculada también a la detención del subdirector de Seguridad Pública, hace unos meses.
 

POR LO TANTO, ESE ARGUMENTO DE “PERSECUCIÓN política” y de “justicia selectiva” cae por su propio peso. Los dirigentes de ese partido optaron por declarar esa mentira en lugar de asumir las consecuencias de un alcalde acusado de corrupción y abuso de poder. La Operación Enjambre no es responsabilidad del gobierno estatal sino del federal y se aplica desde noviembre de 2024 en todo el país. Desde entonces, se ha ejecutado en más de diez estados de la república, entre ellos, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Morelos y Jalisco.
 

PRÁCTICAMENTE HAN SIDO DETENIDOS ALCALDES y exalcaldes de todos los partidos de modo que ese argumento de que hay una “persecución política” no resiste el más mínimo rigor analítico. El 22 de noviembre de 2024, fue detenida la alcaldesa de Amanalco, Estado de México, María Elena Martínez Robles, de Morena. La captura se ejecutó durante el arranque masivo del Operativo Enjambre en esa entidad. La Fiscalía estatal y las fuerzas federales la procesaron por homicidio calificado, acusada de ordenar el asesinato del síndico municipal y a su chofer en 2023, así como por presuntos nexos financieros con la organización delictiva La Familia Michoacana.
 

SOBRE EL CASO PARAÍSO, el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que no se trata de un asunto político sino legal y que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República. Entrevistado durante su gira por Cárdenas, el mandatario deslindó a su gobierno de las acciones emprendidas por la FGR. Se trata, dijo, de un operativo de esa instancia federal por presuntas faltas de orden federal, como el desvío de recursos del Ramo 33. Esa postura debilita el argumento de la persecución política local como aduce Movimiento Ciudadano en su posicionamiento. Simplemente no existe tal persecución. Que la oposición quiera victimizarse con ese cuento, es otra cosa.
 

LO CIERTO ES QUE HAY UNA INVESTIGACIÓN bien documentada sobre las presuntas irregularidades cometidas por Baca y colaboradores en el manejo de fondo públicos federales. Es un caso de la Federación de modo que no se trata de una revancha del gobierno estatal contra la oposición. Ya vimos cómo un periodista deshonesto, como lo es Audelino Macario, quiso victimizarse con el mismo argumento y no le resultó. Fuera de su círculo y de un medio radiofónico, la supuesta represalia en su contra por supuestamente denunciar irregularidades en el IFORTAB no fructificó. Es el Javier Negre, o peor aún, el Fernando Cerimedo de Tabasco.
 

Y COMO SI LO QUE PASÓ AYER en Paraíso no fuera suficiente, este jueves se desplegó otro operativo en esa demarcación. Hubo un despliegue simultáneo ejecutado en 14 inmuebles de Paraíso, sumado a la cumplimentación de tres órdenes de aprehensión, representa una escalada crítica en el impacto de la Operación Enjambre, modificando por completo la naturaleza del caso. Lo que comenzó como una investigación administrativa por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, ha mutado formalmente hacia un expediente de delincuencia organizada y seguridad nacional.
 

LA INCLUSIÓN DE VIOLACIONES A LA LEY FEDERAL de Armas de Fuego y Explosivos y delitos en materia de hidrocarburos (huachicoleo) desarticula la defensa estrictamente política del ayuntamiento. Paraíso es un municipio sumamente estratégico por albergar la Refinería Olmeca. El hallazgo e investigación de robo de combustible en esta zona eleva el caso a una prioridad de seguridad del Estado mexicano, restándole margen de maniobra a cualquier partido para acusar un "blanco político".
 

UNO DE LOS PUNTOS MÁS GRAVES REPORTADOS en los cateos es el decomiso de uniformes de la Policía Municipal junto con armas y equipo táctico, además de la incautación de más de 20 vehículos particulares y de carga, y maquinaria del propio ayuntamiento. Esto sugiere que la FGR investiga una cooptación institucional profunda, donde recursos públicos, logísticos e identitarios del municipio pudieron haber sido presuntamente utilizados para facilitar actividades delictivas. El operativo arrojó un saldo de 5 personas detenidas en flagrancia y 3 más mediante órdenes de aprehensión.
 

PARA MOVIMIENTO CIUDADANO, este giro en la investigación vuelve insostenible su posición ambigua de "persecución política". Si bien la dirigencia intentaba defender el debido proceso de sus funcionarios, el surgimiento de carpetas federales por hidrocarburos, armas y tortura obliga al partido a un deslinde total e inmediato si no quiere que el costo político hunda la marca de la "ola naranja" a nivel nacional. A ver quién pone a cara y que no tenga cola.
 

DESDE EL TAPANCO
 

FOCOS ROJOS EN CASA. La directora del Instituto Estatal de las Mujeres, Claudia Magaña Lugo, expresó su preocupación por el incremento de la violencia familiar en el estado. Advierte una actitud muy agresiva hacia las mujeres, a menudo expuestas a la agresividad de cónyuges o exparejas y que, en muchos casos, tienen consecuencias fatales.