Mudanzas

EL ATENTADO AL DOMICILIO DE LA PRESIDENTA interina de Paraíso, María Eliza Hernández Flores, ocurrido la madrugada de este martes, es un indicio claro de que la acusación contra el alcalde con licencia, Alfonso Baca Sevilla, no es un asunto político, sino legal por su posible vinculación con la delincuencia organizada. Se trató, sin duda, de un acto de amenaza o intimidación. A ella se le señala de ser la que presentó una denuncia penal en contra de Baca Sevilla ante la Fiscalía General del Estado en junio pasado por supuestos “hechos de carácter delictuoso” que habrían cometido el alcalde con licencia y colaboradores.
 

LA AGRESIÓN MATERIALIZA LAS AMENAZAS PREVIAS que la edil denunció haber recibido, las cuales tenían el objetivo específico de evitar que asumiera la presidencia municipal tras la huida del exalcalde Baca Sevilla. Funciona como una advertencia violenta sobre los riesgos de continuar al mando del Ayuntamiento. A pesar del impacto de este aviso violento, la mandataria interina descartó renunciar y el gobernador, Javier May, anunció un despliegue de estrecha vigilancia y protección estatal permanente para garantizar su resguardo.
 

PARA LOS SECTORES GUBERNAMENTALES Y ANALISTAS de seguridad, el ataque directo a la alcaldesa interina resta credibilidad a la tesis de un simple diferendo político como argumentan dirigentes y legisladores de Movimiento Ciudadano, que han politizado este asunto. Un atentado con armas de fuego y la presencia previa de amenazas directas a la edil de 26 años evidencian dinámicas propias de la delincuencia organizada que opera en la zona y que busca control territorial, rebasando el ámbito de una mera disputa electoral o partidista.
 

LAS AUTORIDADES HAN ARGUMENTADO QUE el Operativo Enjambre obedece a investigaciones ministeriales formales sobre delitos graves como huachicol, tortura y posesión de armas de uso exclusivo. El gobernador ha reiterado que el caso Baca Sevilla no se trata de un asunto político ni debe litigarse en medios, sino de un proceso penal donde existen presuntas conductas delictivas comprobables por autoridades federales.
 

DE ACUERDO CON EL DESARROLLO de las investigaciones federales, la detención del subdirector de Seguridad Pública, Rubicel “N”, ocurrida en abril del año pasado, estaría directamente vinculada con la orden de aprehensión emitida en contra del alcalde con licencia. Se le arrestó formalmente bajo los cargos de delincuencia organizada. Las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) lo señalaron directamente como el presunto autor intelectual del homicidio de dos policías municipales pertenecientes a su misma corporación, quienes habían sido emboscados y ejecutados a balazos tras terminar su turno de guardia.
 

FUE SEÑALADO DE COLABORAR CON GRUPOS delictivos que operaban en la zona centro de Paraíso. Su detención formó parte de una carpeta federal más amplia encaminada a desmantelar la red de corrupción y protección criminal dentro del ayuntamiento, investigación que también provocó la huida del propio alcalde. De modo que cae por su propio peso la narrativa que Movimiento Ciudadano pretende imponer a la opinión pública de que la orden de captura de Baca Sevilla es una persecución política.
 

Todo parece indicar que el crimen organizado se infiltró en la estructura municipal de la misma manera en que lo hizo en el estado durante la gestión de Hernán Bermúdez Requena en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
 

HAY QUIENES SOSTIENEN QUE CUANDO Alfonso Baca militaba en Morena formaba parte del grupo político de Adán Augusto López Hernández y, casualmente, como presidente municipal de Paraíso fue el único que desatendió la recomendación de nombrar a un militar como director de Seguridad Pública. Según ha trascendido, la línea de investigación de la FGR apunta a que la Dirección de Seguridad Pública de Paraíso operaba presuntamente bajo las órdenes del alcalde para brindar protección y facilidades logísticas a los grupos criminales en el municipio, específicamente en delitos relacionados con el robo y tráfico de hidrocarburos y control territorial. Sin embargo, la Fiscalía General de la República no ha dicho nada al respecto. Se desconoce el contenido de la carpeta de investigación para garantizar el debido proceso. Peeero Manuel Andrade sale en defensa de Baca, ¿quiere un hueso en MC?
 

APENAS SE ANUNCIÓ LA CREACIÓN de la universidad de la salud, y los detractores del gobierno ya salieron a descalificar ese proyecto. Han recurrido a mercenarios de la pluma para desvirtuar esa iniciativa a la que de mala fe han calificado como una “ocurrencia” y cuestionaron que ni siquiera se tiene un diagnóstico que justifique su creación, que no se conoce el plan de estudios. Citan a supuestos académicos de la UJAT para descalificar a la Universidad de la Salud, pero ocultan su identidad con el cuento de para evitar “represalias”. Cada año, solo tienen oportunidad de estudiar medicina muy pocos.
 

SEGÚN EL SECRETARIO DE SALUD, ALEJANDRO Calderón Alipi solo 15 de cada cien aspirantes consiguen cursar la carrera en las universidades públicas del estado. Hay también un déficit muy marcado de médicos en centros de salud comunitarios. La Universidad de la Salud es una respuesta a esta problemática que afecta al estado, de modo que no es ninguna “ocurrencia” su creación, como se les ocurrió suponer a los detractores del llamado “Gobierno del Pueblo”.
 

DESDE EL TAPANCO
 

EL PRESIDENTE DE COPARMEX TABASCO, José María Bastar Camelo, advirtió que la informalidad laboral afecta a más del 60% de los trabajadores locales, representando una competencia desleal para el sector formal.
 

Tras calificar este fenómeno como el "gran cáncer de la economía mexicana", señaló que las cifras en la entidad se mantienen estables, con un récord mínimo histórico de apenas el 56%. Según el dirigente, el temor de los jóvenes emprendedores a las cargas fiscales y obligaciones patronales frena la regularización, motivo por el cual Coparmex implementa programas de acompañamiento para facilitar su transición al comercio formal.