Senado aprueba multas de hasta 2.3 mdp por llamadas comerciales no autorizadas

El Senado de la República aprobó el miércoles 7 de octubre una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor que establece multas de entre 56,570 y 2,345,728 pesos para empresas que realicen llamadas, envíen mensajes, correos electrónicos u otras comunicaciones comerciales sin autorización del destinatario. El dictamen obtuvo 96 votos a favor y fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

La propuesta modifica los artículos 18 Bis y 127 de la ley y fue impulsada por la senadora del PAN Mayuli Latifa Martínez Simón, quien argumentó que los consumidores deben poder rechazar la publicidad y ejercer control sobre el uso de su información sin verse obligados a repetir su negativa ante cada contacto.

Qué cambia para empresas y consumidores

La reforma prohíbe los contactos reiterados y persistentes con fines comerciales o publicitarios por cualquier medio no autorizado, lo que extiende la protección más allá de las llamadas al teléfono celular. Un punto central del dictamen es que contratar a un tercero para realizar las comunicaciones no exime al proveedor que se beneficia de la publicidad: la responsabilidad sobre el manejo de los datos del consumidor recae en la empresa anunciante, independientemente de quién ejecute el contacto.

La senadora del PVEM María del Rocío Corona Nakamura también respaldó la iniciativa y subrayó la necesidad de que las empresas obtengan el consentimiento de las personas antes de establecer cualquier contacto comercial, sin importar el canal utilizado.

El problema que motivó la reforma

"Las personas deben poder rechazar la publicidad y tener control sobre el uso de su información, sin verse obligadas a responder repetidamente que no están interesadas." — Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón

El dictamen señala que la saturación de comunicaciones no deseadas no solo resulta invasiva, sino que aumenta la exposición de los ciudadanos a posibles fraudes y estafas, ya que la insistencia comercial dificulta distinguir ofertas legítimas de intentos de engaño. Las sanciones propuestas buscan elevar el costo económico de ignorar la voluntad del consumidor.

La reforma aún debe ser analizada y votada por la Cámara de Diputados antes de completar el proceso necesario para su entrada en vigor. Hasta que no sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, las nuevas sanciones no serán aplicables.

#TomaNota

• 96 votos a favor en la sesión del miércoles 7 de octubre de 2026.
• Multas de 56,570 a 2,345,728 pesos para empresas infractoras.
• La reforma modifica los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
• El proyecto pasa a la Cámara de Diputados; aún no entra en vigor.