Narcomenudeo principal problema de salud en Tabasco, reconoce Granier
El Ejecutivo estatal envió dos iniciativas para combatir frontalmente al crimen organizado. En la primera propone que al ministerio público del fuero común se le otorguen facultades para combatir el narcomenudeo
VILLAHERMOSA, TABASCO, 12 DE ABRIL.- El Ejecutivo estatal envió dos iniciativas para combatir frontalmente al crimen organizado. En la primera propone que al ministerio público del fuero común se le otorguen facultades para combatir el narcomenudeo, y en la segunda incrementar las penas a los delitos cometidos por la delincuencia organizada. El Ejecutivo plantea la necesidad de hacer las “adecuaciones legislativas que permitan dar reconocimiento legal a la competencia conferida por la Federación, no sólo por lo que atañe al narcomenudeo, sino por las otras leyes que ya están consideradas o las que en el futuro pudieran establecerse.” Reconoce que el narcomenudeo “ha desencadenado un incremento considerable en el consumo de drogas”, principalmente por jóvenes, “ya que los expendedores se encuentran fácilmente al alcance de cualquier persona, al realizar sus actividades en un radio ilimitado, esto es, la vía pública, fiestas, bares, discotecas”. Propone reformar el artículo 8 del Código de Procedimientos Penales “para ampliar la competencia de los órganos de impartición de justicia, para establecer que corresponde a los tribunales estatales, además de los delitos del orden común, conocer sobre aquellas materias respecto de las cuales la Constitución Federal, así como las leyes que de ella emanen, les otorguen competencia.” En tanto que la otra iniciativa plantea reformar y adicionar varios artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco, “para sancionar y agravar las penas por delitos de asociación delictuosa, relativos al crimen organizado.” Se propone que se aumente de cinco a 12 años de cárcel a quienes cometan el delito de asociación delictuosa y calificarlo como grave, aplicar “una sanción adecuada” a todos aquellos que se sumen a las filas de la delincuencia organizado, como los llamados “halcones”, las cuales actualmente no están estipuladas en el Código Penal. La iniciativa del Ejecutivo también impone “la obligación de dar aviso oportuno a las autoridades correspondientes a todos aquellos que actuando bajo coacción o amenaza haya auxiliado a cualquier organización delictiva en la comisión de un delito.” Y crea un nuevo tipo penal para castigar la introducción de radiolocalizadores, teléfonos celulares o cualquier otro aparato de comunicación, así como cualquier estupefaciente, psicotrópico, bebida embriagante u otra sustancia que produzca efectos similares, a los centro de reclusión o Internamiento del Estado.