Empresas como Wall Mart, Liverpool, Coca Coca, Telmex, Sabritas, Samborn, entre otras, recurrieron al amparo de la justicia federal para “evadir esta responsabilidad fiscal”
VILLAHERMOSA, TABASCO, 17 DE ENERO DE 2011.- La justicia federal denegó su protección a grandes cadenas comerciales y tiendas departamentales, así como a corporativos, que se ampararon para no pagar el 2.5 por ciento del Impuesto Sobre Nómina (ISN), informó el director Jurídico del Congreso local, Enrique Ponce Franco.
Este tributo se comenzó a aplicar el año pasado, luego que el Congreso aprobó el decreto 08 en el que se estableció que la iniciativa privada y los tres poderes del estado deben cumplir con esta obligación legal.
Lo recaudado por el cobro de este gravamen servirá para crear un fondo de financiamiento en apoyo a empresas del sector privado. Sin embargo, empresas como Wall Mart, Liverpool, Coca Coca, Telmex, Sabritas, Samborn, entre otras, recurrieron al amparo de la justicia federal para “evadir esta responsabilidad fiscal”, pero ésta se los denegó.
En conferencia de prensa, Ponce Franco dijo que “los juzgados federales han emitido fallos favorables” en diez de los 15 amparos promovidos por las grandes empresas “al negar el amparo en contra del decreto”, por lo que este resolutivo debe ser visto “como un acto constitucional, por ello todos los sujetos obligados deberán cumplir con el pago del ISN.”
Explicó que los juzgados federales, durante la revisión de los amparos, “otorgan a los promoventes la suspensión del tributo, siempre y cuando éstos garanticen el interés fiscal al ser un tema de interés público, mediante el pago de una fianza.”
Señaló que los amparos que fueron negados se debió a que las empresas inconformes no pagaron el 2.5 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, sólo una de ella lo cubrió “para acreditar la afectación del impuesto en el juicio de amparo, el cual le fue negado, aunque aún cuenta con el recurso de revisión.”
La inconformidad de los corporativos nacionales y transnacionales, dijo Ponce Franco, “contra el incremento en el pago de este impuesto, es un fenómeno que se ha presentado en la mayoría de los estados del país, como el Estado de México y el Distrito Federal, entre otros; sin embargo, en todos los casos, las empresas han perdido y por consiguiente, se ven obligadas a pagarlo.”
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, lamentó que estas compañías hayan recurrido a la protección de la justicia federal cuando el incremento del ISN se hizo para “fortalecer los ingresos propios del Estado de Tabasco y apoyar a las empresas privadas establecidas en la entidad.”
Por otro lado, el director Jurídico del Congreso, Ponce Franco, dijo que el Congreso ya se encuentra “preparado” para responder a los amparos que ciudadanos interpongan ante juzgados federales para no pagar el impuesto estatal vehícular, pues “tenemos todos los elementos constituciones para obtener resultados favorables”.
Este tributo se comenzó a aplicar el año pasado, luego que el Congreso aprobó el decreto 08 en el que se estableció que la iniciativa privada y los tres poderes del estado deben cumplir con esta obligación legal.
Lo recaudado por el cobro de este gravamen servirá para crear un fondo de financiamiento en apoyo a empresas del sector privado. Sin embargo, empresas como Wall Mart, Liverpool, Coca Coca, Telmex, Sabritas, Samborn, entre otras, recurrieron al amparo de la justicia federal para “evadir esta responsabilidad fiscal”, pero ésta se los denegó.
En conferencia de prensa, Ponce Franco dijo que “los juzgados federales han emitido fallos favorables” en diez de los 15 amparos promovidos por las grandes empresas “al negar el amparo en contra del decreto”, por lo que este resolutivo debe ser visto “como un acto constitucional, por ello todos los sujetos obligados deberán cumplir con el pago del ISN.”
Explicó que los juzgados federales, durante la revisión de los amparos, “otorgan a los promoventes la suspensión del tributo, siempre y cuando éstos garanticen el interés fiscal al ser un tema de interés público, mediante el pago de una fianza.”
Señaló que los amparos que fueron negados se debió a que las empresas inconformes no pagaron el 2.5 por ciento del Impuesto Sobre Nómina, sólo una de ella lo cubrió “para acreditar la afectación del impuesto en el juicio de amparo, el cual le fue negado, aunque aún cuenta con el recurso de revisión.”
La inconformidad de los corporativos nacionales y transnacionales, dijo Ponce Franco, “contra el incremento en el pago de este impuesto, es un fenómeno que se ha presentado en la mayoría de los estados del país, como el Estado de México y el Distrito Federal, entre otros; sin embargo, en todos los casos, las empresas han perdido y por consiguiente, se ven obligadas a pagarlo.”
Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, lamentó que estas compañías hayan recurrido a la protección de la justicia federal cuando el incremento del ISN se hizo para “fortalecer los ingresos propios del Estado de Tabasco y apoyar a las empresas privadas establecidas en la entidad.”
Por otro lado, el director Jurídico del Congreso, Ponce Franco, dijo que el Congreso ya se encuentra “preparado” para responder a los amparos que ciudadanos interpongan ante juzgados federales para no pagar el impuesto estatal vehícular, pues “tenemos todos los elementos constituciones para obtener resultados favorables”.
