Ordena TCA revocar notarías asignadas por Manuel Andrade a su hermano, primo y priístas

 

VILLAHERMOSA, TABASCO. 20 DE MARZO DE 2013. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), en acatamiento a una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró la “ilegalidad” de las notarías otorgadas por Manuel Andrade Díaz, horas antes de terminar su gobierno en 2006, a trece personas, entre ellas a su hermano Darwin Andrade Díaz y a un grupo de políticos priístas como el ex subsecretario de Transporte, José del Carmen Domínguez Nares y el ex diputado y su primo Javier Díaz Hernández.
    Los recursos legales para echar abajo las notarías fueron presentados por el abogado Jorge Arturo Pérez Alonso, quien desde hace años viene dando la batalla jurídica contra el proceso por el que se entregaron los fiats.
    “La Sala (segunda del TCA) procedió a declarar la ilegalidad de las constancias de aprobación expedidas con motivo del examen de suficiencia para el ejercicio de la función notarial de los ciudadanos Beatriz Plata Vázquez, Hurí Trujillo Peregrino, Darwin Andrade Díaz, Ulises Chávez Vélez, Javier Díaz Hernández, José del Carmen Domínguez Nares, José Miguel Cervantes Calcáneo, Carlos Javier Ruiz Calao, Jesús Fabián Taraceba Ble, Angélica María Vélez Gallegos, Agustín González Valencia, José Mercedes García Peraza y Carlos Trujillo Peregrino”, cita un boletín de prensa del TCA.
    La resolución se emitió ayer, pero se hizo pública hasta hoy por la mañana. En el boletín no se especifican los motivos por los que fueron anuladas las notarías. Lo que sigue, según el TCA, es que la Secretaría de Gobierno “deberá proceder a la revocación” de las notarías.
    Esa misma dependencia deberá “reponer el procedimiento para los efectos de aplicar nuevamente los exámenes de suficiencia notarial a los participantes”. Sin embargo, los afectados por la resolución podrían promover alguna acción legal para combatir la determinación del tribunal de lo contencioso.
    En octubre de 2012, la SCJN determinó que el ex gobernador Andrade incurrió en abuso de poder al asignar las trece notarías a personas que no cumplían con los requisitos marcados por la Ley de Notariado. Los ministros señalaron que en el proceso para la entrega de fiats se violaron los principios de equidad e imparcialidad. En el mismo, no se le dejó participar  a Pérez Alonso, pese a que cumplía con los requisitos legales para aspirar a ser notario.