Ordenan a SFP publicar a funcionarios deshonestos
Debe entregar los nombres sobre quienes exista una sentencia firme condenatoria
México, DF., 27 de diciembre.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) deberá entregar los nombres de los servidores públicos contra los que interpuso denuncia penal ante la PGR y de los cuales exista sentencia firme condenatoria.
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) adoptó este fallo luego que un particular solicitó a la SFP esa información además del número, fecha y motivo de las denuncias; si se implementaron sanciones administrativas, el daño ocasionado al erario y cargo de los servidores públicos tanto sentenciados como absueltos.
En principio, la SFP sólo entregó la dependencia, fecha de denuncia, monto del daño al erario y cargo del funcionario, por lo que el solicitante interpuso recurso de revisión ante el INAI.
En alegatos, la SFP expuso que desconocía el estatus de los servidores sujetos a proceso, por ser competencia de la Procuraduría General de la República (PGR), y entregó datos de los procesos penales localizados en los Órganos Internos de Control (OIC) y en las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado.
En la información complementaria que envió al INAI, la SFP clasificó el nombre de los servidores públicos indiciados, procesados o absueltos.
En el análisis del asunto, el INAI advirtió que el Reglamento Interior de la SFP establece que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría actúa como coadyuvante del Ministerio Público, por lo que es competente para conocer el estatus de los servidores públicos sujetos a proceso.
Por ello, determinó mantener la reserva de los nombres de los servidores públicos absueltos, para evitar que con su publicación se provoque un daño a la intimidad de los mismos.
No obstante, el INAI estableció que existe un interés público por identificar a los servidores públicos que cometieron un delito y tengan sentencia firme condenatoria en su contra, ya que su salario es pagado con recursos públicos, por lo que deben estar sujetos al escrutinio.
Por ello, ordenó la entrega de los datos precisando aquellos casos en los que exista sanción administrativa.