Organizaciones civiles difunden “acciones colectivas” en el estado
Derivadas de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles en agosto del año pasado
Representantes de un colectivo de organizaciones civiles nacionales y locales, realizaron una visita de dos días al estado, con el propósito de difundir y capacitar a comunidades en el uso de la herramienta “acciones colectivas”, para la defensa de los derechos humanos, derivada de la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles en agosto del año pasado.
En conferencia de prensa –realizada ayer en la oficina de la Asociación Ecológica Santo Tomás- el coordinador de esa organización, José Manuel Arias Rodríguez y representantes de Litigio, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco Vitoria”, explicaron el trabajo que realizan y las acciones que pretenden llevar a cabo en Tabasco.
Primero, Arias Rodríguez informó que Santo Tomás y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco se han sumado al colectivo que integran organizaciones como Litigio, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos, Fronteras Comunes y Greenpeace, entre otras, para, en principio, difundir lo que son las acciones colectivas.
Y en una segunda fase, dijo, integrar un caso de acciones colectivas de Tabasco.
La abogada Jimena Ramos Pedrueza, explicó que la organización que representa, Litigio, está especializada en amparos administrativos, y eventualmente, en litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Genera litigios estratégicos en derechos humanos, nos especializamos, explicó, en amparos administrativos y eventualmente litigios ante la Comisión Interamericana de derechos humanos.
Acompañamos en litigios a varias organizaciones sociales del Distrito Federal, Colima, Nuevo León, Morelos, y en este recorrido por Tabasco y Yucatán, informaremos de las reformas a las leyes que ahora permiten las acciones colectivas.
Ramos Pedrueza mencionó que a finales de agosto del año pasado, se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ahora permiten que se inicien litigios colectivos para la defensa de los derechos sobre el medio ambiente y de los consumidores.
Ese nuevo instrumento que ya existía en otros países, afirmó, en México apenas lo estamos conociendo.
De Tabasco, a través de los compañeros de Santo Tomás que iban al DF, sabíamos de la existencia de un problema muy fuerte de contaminación ambiental, y ayer tuvimos la oportunidad de confirmarlo a través del testimonio de la comunidad villa Benito Juárez de Cárdenas, dijo Jimena Ramos.
Los habitantes de esa comunidad nos comentaban que la contaminación por la presencia de la industria petrolera ha sido sistemática desde hace muchos años y que ha tenido consecuencias no solo en sus medios de subsistencia, sino en su salud.
En base a ellos, mencionó, estamos estudiando la posibilidad de iniciar una acción, en beneficio no solo de esa comunidad sino de otras personas que hayan sido afectadas por Petróleos Mexicanos en su medio ambiente y agua, entre otras.
Pero inicialmente en esta primera etapa, lo que queremos es dar a conocer los beneficios de las nuevas reformas, en particular la de las acciones colectivas, porque casi nadie las conoce, ni sabe de esta oportunidad para aprovechar otras formas de acceso a la justicia, ya no solo las denuncias penales o amparos.
Las acciones colectivas es un instrumento legal que debemos explorar, experimentar, para lograr a acuerdos que conlleven un mejoramiento de la vida de las comunidades.
La abogada, en relación a los casos en los que Litigio ha intervenido, afirmó que recientemente, mediante esa herramienta legal, se logró que la Secretaria de Salud Pública contratara publicidad con varias radios comunitarias.
Fue un caso que llegó hasta la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y cuya resolución obligó a la SSP a contratar publicidad oficial, porque de lo contrario se estaría atentando contra la libertad de expresión y de subsistencia de esos medios alternativos de comunicación.
También acompañamos a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en la defensa del señor Rosendo Radilla Pacheco, para acceder al expediente ya terminado en la Procuraduría General de la República.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también llevamos, afirmó, el caso de las boletas electorales del 2006, a petición de varias personas y periodistas que pedían acceder a esas boletas y ahí se logró el dictamen de que el gobierno de México no las destruyera, lo cual no fue acatado.
Es decir, Litiga, también sostiene una lucha por el derechos a la información, afirmo la abogada Jimena Ramos.
Por su parte Clara Meira del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco Vitoria –una organización de 28 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos- declaró que se ha sumado a las organizaciones mencionadas, para desarrollar el tema acciones colectivas relacionado con el derecho a un ambiente sano.
Y otros, abundó, que tienen directamente con las afectaciones que provocan empresas, así como las autorizaciones del gobierno federal que están violando el derechos de los mexicanos a un medio ambiente sano y el derecho al agua y otros.
El Fray Francisco Vitoria, mencionó que junto con otras organizaciones civiles, participó en la lucha ciudadana en contra de la construcción de la supervía poniente en el DF.
Y una vez promulgada la reforma que establece el derecho a acciones colectivas, dijo Clara Meira, hemos trabajado con otras organizaciones sociales para conformar un manual para difundir, con un lenguaje claro y sencillo, cuál es el procedimiento para iniciar una acción colectiva.
Lo importante de esa labor, afirmó, es que desde la educación y difusión de ese nuevo mecanismo legal se difunda en las comunidades y la ciudadanía en general.
Las acciones colectivas es una herramienta con la que los ciudadanos pueden comenzar a trabajar, ahora que hay tantas afectaciones ambientales por megaproyectos como las mineras, grandes carreteras y presas. Según datos de los que disponemos, sostuvo la abogada Clara Meira, la tercera parte del territorio mexicano está ocupado por empresas mineras y otros megaproyectos.
Y entre los derechos ciudadanos y de las comunidades que más se han violado, afirmó, está el de la consulta y la participación, es decir el derecho a la información no se ha respetado y de ahí se derivan otras violaciones.
Mencionó que, entre otras reformas, la del Artículo 4º Constitucional, llevó a reconocer derechos como a la alimentación y al agua.
Esperamos, comentó Clara Meira, que en esta primera visita, logremos dar a conocer, difundir, el manual en cuanto a las acciones colectivas, que elaboramos.
Mencionó la representante del “Fray Francisco Vitoria” que no es la primera vez que una representación de esa organización visita Tabasco, estuvimos aquí en otro momento histórico, pero agrupadas con otras organizaciones distintas, si.
Aquí quien tiene conocimiento, contexto, la historia de los problemas de Tabasco y un trabajo más cercano con la gente, es Santo Tomás, y con ellos vamos compartiendo aprendizaje, dijo.
De la impresión que se llevan en los dos días de visita, Clara Meira afirmó que comprobaron una vez más que el acceso a la justicia de los afectados por la industria petrolera “es demasiado pobre” en relación a las “tremendas” afectaciones al medio ambiente.
Vemos como se van integrando no solo violaciones al derecho a un ambiente sano, al despojo de la tierra, al agua y a la salud, por las enfermedades provocadas por las emisiones de sustancias tóxicas, cometidas no solo por las empresas de la industria petrolera, sino por las omisiones y acciones del propio Estado, al no atender la denuncias de la propia gente.
Es muy importante que se evidencie que el principal violador de todos esos derechos es el Estado, desde sus diferentes ámbitos.
Lo que se busca es que el Estado, desde las distintas secretarias, asuma su responsabilidad para que realicen el trabajo que a cada una corresponde, porque al final, las beneficiados son las empresas, mientras las comunidades históricamente siguen sufriendo las agresiones y las consecuencias de no implementar medidas de prevención y tratamiento en cuanto a la contaminación de los ríos y la tierra. Por eso lo primero importante es conocer el espacio y que la gente conozca las nuevas herramientas de las que puede disponer para defender sus derechos, agregó.
En conferencia de prensa –realizada ayer en la oficina de la Asociación Ecológica Santo Tomás- el coordinador de esa organización, José Manuel Arias Rodríguez y representantes de Litigio, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco Vitoria”, explicaron el trabajo que realizan y las acciones que pretenden llevar a cabo en Tabasco.
Primero, Arias Rodríguez informó que Santo Tomás y el Comité de Derechos Humanos de Tabasco se han sumado al colectivo que integran organizaciones como Litigio, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos, Fronteras Comunes y Greenpeace, entre otras, para, en principio, difundir lo que son las acciones colectivas.
Y en una segunda fase, dijo, integrar un caso de acciones colectivas de Tabasco.
La abogada Jimena Ramos Pedrueza, explicó que la organización que representa, Litigio, está especializada en amparos administrativos, y eventualmente, en litigios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Genera litigios estratégicos en derechos humanos, nos especializamos, explicó, en amparos administrativos y eventualmente litigios ante la Comisión Interamericana de derechos humanos.
Acompañamos en litigios a varias organizaciones sociales del Distrito Federal, Colima, Nuevo León, Morelos, y en este recorrido por Tabasco y Yucatán, informaremos de las reformas a las leyes que ahora permiten las acciones colectivas.
Ramos Pedrueza mencionó que a finales de agosto del año pasado, se reformó el Código Federal de Procedimientos Civiles, que ahora permiten que se inicien litigios colectivos para la defensa de los derechos sobre el medio ambiente y de los consumidores.
Ese nuevo instrumento que ya existía en otros países, afirmó, en México apenas lo estamos conociendo.
De Tabasco, a través de los compañeros de Santo Tomás que iban al DF, sabíamos de la existencia de un problema muy fuerte de contaminación ambiental, y ayer tuvimos la oportunidad de confirmarlo a través del testimonio de la comunidad villa Benito Juárez de Cárdenas, dijo Jimena Ramos.
Los habitantes de esa comunidad nos comentaban que la contaminación por la presencia de la industria petrolera ha sido sistemática desde hace muchos años y que ha tenido consecuencias no solo en sus medios de subsistencia, sino en su salud.
En base a ellos, mencionó, estamos estudiando la posibilidad de iniciar una acción, en beneficio no solo de esa comunidad sino de otras personas que hayan sido afectadas por Petróleos Mexicanos en su medio ambiente y agua, entre otras.
Pero inicialmente en esta primera etapa, lo que queremos es dar a conocer los beneficios de las nuevas reformas, en particular la de las acciones colectivas, porque casi nadie las conoce, ni sabe de esta oportunidad para aprovechar otras formas de acceso a la justicia, ya no solo las denuncias penales o amparos.
Las acciones colectivas es un instrumento legal que debemos explorar, experimentar, para lograr a acuerdos que conlleven un mejoramiento de la vida de las comunidades.
La abogada, en relación a los casos en los que Litigio ha intervenido, afirmó que recientemente, mediante esa herramienta legal, se logró que la Secretaria de Salud Pública contratara publicidad con varias radios comunitarias.
Fue un caso que llegó hasta la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y cuya resolución obligó a la SSP a contratar publicidad oficial, porque de lo contrario se estaría atentando contra la libertad de expresión y de subsistencia de esos medios alternativos de comunicación.
También acompañamos a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, en la defensa del señor Rosendo Radilla Pacheco, para acceder al expediente ya terminado en la Procuraduría General de la República.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también llevamos, afirmó, el caso de las boletas electorales del 2006, a petición de varias personas y periodistas que pedían acceder a esas boletas y ahí se logró el dictamen de que el gobierno de México no las destruyera, lo cual no fue acatado.
Es decir, Litiga, también sostiene una lucha por el derechos a la información, afirmo la abogada Jimena Ramos.
Por su parte Clara Meira del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco Vitoria –una organización de 28 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos- declaró que se ha sumado a las organizaciones mencionadas, para desarrollar el tema acciones colectivas relacionado con el derecho a un ambiente sano.
Y otros, abundó, que tienen directamente con las afectaciones que provocan empresas, así como las autorizaciones del gobierno federal que están violando el derechos de los mexicanos a un medio ambiente sano y el derecho al agua y otros.
El Fray Francisco Vitoria, mencionó que junto con otras organizaciones civiles, participó en la lucha ciudadana en contra de la construcción de la supervía poniente en el DF.
Y una vez promulgada la reforma que establece el derecho a acciones colectivas, dijo Clara Meira, hemos trabajado con otras organizaciones sociales para conformar un manual para difundir, con un lenguaje claro y sencillo, cuál es el procedimiento para iniciar una acción colectiva.
Lo importante de esa labor, afirmó, es que desde la educación y difusión de ese nuevo mecanismo legal se difunda en las comunidades y la ciudadanía en general.
Las acciones colectivas es una herramienta con la que los ciudadanos pueden comenzar a trabajar, ahora que hay tantas afectaciones ambientales por megaproyectos como las mineras, grandes carreteras y presas. Según datos de los que disponemos, sostuvo la abogada Clara Meira, la tercera parte del territorio mexicano está ocupado por empresas mineras y otros megaproyectos.
Y entre los derechos ciudadanos y de las comunidades que más se han violado, afirmó, está el de la consulta y la participación, es decir el derecho a la información no se ha respetado y de ahí se derivan otras violaciones.
Mencionó que, entre otras reformas, la del Artículo 4º Constitucional, llevó a reconocer derechos como a la alimentación y al agua.
Esperamos, comentó Clara Meira, que en esta primera visita, logremos dar a conocer, difundir, el manual en cuanto a las acciones colectivas, que elaboramos.
Mencionó la representante del “Fray Francisco Vitoria” que no es la primera vez que una representación de esa organización visita Tabasco, estuvimos aquí en otro momento histórico, pero agrupadas con otras organizaciones distintas, si.
Aquí quien tiene conocimiento, contexto, la historia de los problemas de Tabasco y un trabajo más cercano con la gente, es Santo Tomás, y con ellos vamos compartiendo aprendizaje, dijo.
De la impresión que se llevan en los dos días de visita, Clara Meira afirmó que comprobaron una vez más que el acceso a la justicia de los afectados por la industria petrolera “es demasiado pobre” en relación a las “tremendas” afectaciones al medio ambiente.
Vemos como se van integrando no solo violaciones al derecho a un ambiente sano, al despojo de la tierra, al agua y a la salud, por las enfermedades provocadas por las emisiones de sustancias tóxicas, cometidas no solo por las empresas de la industria petrolera, sino por las omisiones y acciones del propio Estado, al no atender la denuncias de la propia gente.
Es muy importante que se evidencie que el principal violador de todos esos derechos es el Estado, desde sus diferentes ámbitos.
Lo que se busca es que el Estado, desde las distintas secretarias, asuma su responsabilidad para que realicen el trabajo que a cada una corresponde, porque al final, las beneficiados son las empresas, mientras las comunidades históricamente siguen sufriendo las agresiones y las consecuencias de no implementar medidas de prevención y tratamiento en cuanto a la contaminación de los ríos y la tierra. Por eso lo primero importante es conocer el espacio y que la gente conozca las nuevas herramientas de las que puede disponer para defender sus derechos, agregó.
