Organizaciones civiles piden comparecencia de Tamargo
La petición fue hecha por escrito, entregada en la sede de Tabasco de la CNDH por los representantes de las seis organizaciones y hecha pública en una conferencia de prensa
Seis organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos, solicitaron al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, pedir al Senado la comparecencia del director general de la Conagua, del Gobernador de Tabasco y funcionarios municipales responsables de la violación a los derechos humanos de los afectados por las inundaciones. La petición fue hecha por escrito, entregada en la sede de Tabasco de la CNDH por los representantes de las seis organizaciones y hecha pública en una conferencia de prensa que se llevó a cabo ayer en el Comité de Derechos Humanos de Tabasco ante medios de comunicación locales.
En el texto que leyó la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Lorena Sánchez Martínez, las mismas organizaciones solicitan al doctor Plascencia Villanueva, que acuda a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la del estado de Tabasco (PGJE) a promover las denuncias correspondientes. Esas instituciones, expuso, deberán proceder penalmente y determinar los delitos en los que hayan incurrido dichas autoridades. Durante la presentación de la carta ante los medios estuvieron presentes: Luis Alberto Méndez May del Consejo de Comunidades Unidas de Centla (CCUC); por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Lorena Sánchez Martínez; por el Comité de Derechos Humanos de Comalcalco (Codehuco), Jaime Castillo Izquierdo y por el Frente Sindical, Campesino, Indígena Social y Popular (FSCISP), Andrés Cáceres. No estuvieron en la rueda de prensa pero firmaron la carta, Gabriel Ruiz Cruz, dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Rodrigo Carrasco Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UJAT (Staiujat). Durante la lectura de la carta la directora del Codehutab mencionó que la sociedad tabasqueña y las organizaciones civiles ahí reunidas, han recibido con entusiasmo y esperanza, la recomendación 061/ 2011 que esa comisión emitió, a favor de las comunidades campesinas e indígenas que sufrieron inundaciones en el 2010. Acertadamente, dijo, en la recomendación se señala que los hechos cometidos en agravio de las comunidades campesinas, son atribuibles a servidores públicos de instituciones como la Conagua, la CFE, la Sedesol, el Gobierno del estado de Tabasco y de más de ocho municipios.
La CFE, afirmó, es la que se beneficia del funcionamiento de las presas y juega un papel determinante en la decisión de la extracción de agua; y la Sedesol juega un papel importante en la determinación de las viviendas que deben ser demolidas y reubicadas, así como en los recursos utilizados en las inundaciones. La recomendación que la CNDH emitió “es de gran valor”, ante la impunidad con la que cada una de las instituciones señaladas, han actuado en Tabasco en cada inundación y será una herramienta que permitirá a los campesinos y campesinas de Tabasco, la restitución de sus derechos y el resarcimiento de los daños causados “con toda intención y dolo”. De no resultar así, sostuvo, será de todos modos una herramienta que permitirá a los afectados otras alternativas de lucha. “Al no acatar la recomendación número 061/2011 que emite la CNDH, se ha confirmado la arrogancia e impunidad con que actúan esas autoridades en el ejercicio del poder en Tabasco en perjuicio de los más pobres y desprotegidos, como son los campesinos , indígenas y demás habitantes de las comunidades suburbanas y colonia populares que ahora protege la CNDH”. No omitimos decirle, dice el mismo escrito, que en Tabasco de nuevo se vivieron inundaciones, con cifras oficiales de 300 mil damnificados, y los mayores impactos los sufrieron las comunidades que se encuentran río debajo de la ciudad de Villahermosa y las de las márgenes del río Samaria y la Chontalpa Chica. Dicha inundación fue provocada por por las obras del citado Plán Hídrico Integral para tabasco (PHIT) y por las mismas dependencias y autoridades mencionadas en la recomendación 061/2011 que siguen actuando con impunidad. Por último los representantes que signaron el documento, plantearon que estarán pendientes del curso que tomen los acontecimientos en cuanto a la respuesta que den las autoridades emplazadas en la citada recomendación y a lo que la CNDH requiera de parte de estas organizaciones y de esa manera contribuir a establecer en México una cultura de respeto a los derechos humanos.
En el texto que leyó la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Lorena Sánchez Martínez, las mismas organizaciones solicitan al doctor Plascencia Villanueva, que acuda a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la del estado de Tabasco (PGJE) a promover las denuncias correspondientes. Esas instituciones, expuso, deberán proceder penalmente y determinar los delitos en los que hayan incurrido dichas autoridades. Durante la presentación de la carta ante los medios estuvieron presentes: Luis Alberto Méndez May del Consejo de Comunidades Unidas de Centla (CCUC); por el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Lorena Sánchez Martínez; por el Comité de Derechos Humanos de Comalcalco (Codehuco), Jaime Castillo Izquierdo y por el Frente Sindical, Campesino, Indígena Social y Popular (FSCISP), Andrés Cáceres. No estuvieron en la rueda de prensa pero firmaron la carta, Gabriel Ruiz Cruz, dirigente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y Rodrigo Carrasco Torres, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos y de Intendencia de la UJAT (Staiujat). Durante la lectura de la carta la directora del Codehutab mencionó que la sociedad tabasqueña y las organizaciones civiles ahí reunidas, han recibido con entusiasmo y esperanza, la recomendación 061/ 2011 que esa comisión emitió, a favor de las comunidades campesinas e indígenas que sufrieron inundaciones en el 2010. Acertadamente, dijo, en la recomendación se señala que los hechos cometidos en agravio de las comunidades campesinas, son atribuibles a servidores públicos de instituciones como la Conagua, la CFE, la Sedesol, el Gobierno del estado de Tabasco y de más de ocho municipios.
La CFE, afirmó, es la que se beneficia del funcionamiento de las presas y juega un papel determinante en la decisión de la extracción de agua; y la Sedesol juega un papel importante en la determinación de las viviendas que deben ser demolidas y reubicadas, así como en los recursos utilizados en las inundaciones. La recomendación que la CNDH emitió “es de gran valor”, ante la impunidad con la que cada una de las instituciones señaladas, han actuado en Tabasco en cada inundación y será una herramienta que permitirá a los campesinos y campesinas de Tabasco, la restitución de sus derechos y el resarcimiento de los daños causados “con toda intención y dolo”. De no resultar así, sostuvo, será de todos modos una herramienta que permitirá a los afectados otras alternativas de lucha. “Al no acatar la recomendación número 061/2011 que emite la CNDH, se ha confirmado la arrogancia e impunidad con que actúan esas autoridades en el ejercicio del poder en Tabasco en perjuicio de los más pobres y desprotegidos, como son los campesinos , indígenas y demás habitantes de las comunidades suburbanas y colonia populares que ahora protege la CNDH”. No omitimos decirle, dice el mismo escrito, que en Tabasco de nuevo se vivieron inundaciones, con cifras oficiales de 300 mil damnificados, y los mayores impactos los sufrieron las comunidades que se encuentran río debajo de la ciudad de Villahermosa y las de las márgenes del río Samaria y la Chontalpa Chica. Dicha inundación fue provocada por por las obras del citado Plán Hídrico Integral para tabasco (PHIT) y por las mismas dependencias y autoridades mencionadas en la recomendación 061/2011 que siguen actuando con impunidad. Por último los representantes que signaron el documento, plantearon que estarán pendientes del curso que tomen los acontecimientos en cuanto a la respuesta que den las autoridades emplazadas en la citada recomendación y a lo que la CNDH requiera de parte de estas organizaciones y de esa manera contribuir a establecer en México una cultura de respeto a los derechos humanos.
