Organizaciones civiles preocupados, por desalojo con violencia en contra de las familias guatemaltecas
Las organizaciones civiles nacionales, mandaron un escrito al presidente de la CNDH, a los secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y al Gobernador de Tabasco
Cinco organizaciones civiles nacionales, mediante un escrito dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a los secretarios de Gobernación, de Seguridad Pública y al Gobernador de Tabasco, expresan su preocupación, por el desalojo con violencia en contra de las familias guatemaltecas que se habían refugiado en Tenosique, luego de que el 23 de agosto del año pasado, fueron desplazadas por el ejército guatemalteco de la comunidad de Nueva Esperanza.
En un comunicado enviado a los citados funcionarios, el Centro de Derechos Humanos Usumacinta A.C., el Equipo Indignación A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), el Movimiento Migrante Mesoamericano y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», exponen su preocupación por el operativo realizado este lunes en la madrugada en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique.
Se afirma en el comunicado que las familias guatemaltecas refugiadas en Tenosique, fueron desalojados sorpresivamente.
De acuerdo con los informes recibidos, el lunes 9 de enero reciente, alrededor de las seis horas, se realizó el operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, ministerios públicos de la federación y policías municipales.
Algunos elementos policíacos, afirman, se encontraban vestidos de civil, y al mando de estas autoridades, una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración.
Según testimonios, sostienen las cinco organizaciones civiles, los policías llegaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron el desmantelamiento del campamento de refugiados con lujo de violencia.
Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones, los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos, se afirma.
Las autoridades detuvieron primero a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo.
Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.
Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos.
Durante el mismo operativo, se asegura, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Es de nuestro conocimiento, afirma el comunicado, que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.
Tomando en cuenta que fueron elementos de la Policía Federal desalojó a los desplazados con miras a una posible repatriación, “es nuestra preocupación que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, recalcamos que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable”.
Asimismo, exponen que deploran la inobservancia de estos acuerdos, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya vivían una situación crítica y entre las y los cuales hay 115 niñas y niños.
Este desalojo, se hace notar, se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado.
Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas.
Por lo anterior, los defensores de derechos humanos demandan de manera “urgente”:
Que el gobierno mexicano se abstenga de repatriar a las y los guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza. Ellas y ellos se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.
También, detener el operativo en curso; garantizar un trato digno y respetuoso a todas y todos los desplazados y que las niñas y niños se encuentren junto con sus padres. Constituye un trato inhumano, se sostiene, separar a las familias,
Además, garantizar todos los derechos de las y los guatemaltecos que se encontraban en el ejido Nueva Progreso, en la localidad de Tenosique, Tabasco; respetar y salvaguarden los derechos de las dos personas que fueron detenidas, llevadas inicialmente ante la PGR y que actualmente se encuentran en la estación Migratoria de Tenosique.
Asimismo, iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que se dio el operativo, ya que actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias; deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos de las y los refugiados guatemaltecos y que se respete y otorgue protección a los desplazados, quienes ante situaciones adversas se vieron obligados a salir del país.
Finalmente las organizaciones -Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh); Equipo Indignación Yucatán; el Movimiento Migrante Mesoamericano; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.- expresaron que se mantendrán a la espera de una respuesta inmediata de las autoridades involucradas.
En un comunicado enviado a los citados funcionarios, el Centro de Derechos Humanos Usumacinta A.C., el Equipo Indignación A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), el Movimiento Migrante Mesoamericano y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas y Todos», exponen su preocupación por el operativo realizado este lunes en la madrugada en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique.
Se afirma en el comunicado que las familias guatemaltecas refugiadas en Tenosique, fueron desalojados sorpresivamente.
De acuerdo con los informes recibidos, el lunes 9 de enero reciente, alrededor de las seis horas, se realizó el operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, ministerios públicos de la federación y policías municipales.
Algunos elementos policíacos, afirman, se encontraban vestidos de civil, y al mando de estas autoridades, una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración.
Según testimonios, sostienen las cinco organizaciones civiles, los policías llegaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron el desmantelamiento del campamento de refugiados con lujo de violencia.
Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones, los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos, se afirma.
Las autoridades detuvieron primero a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo.
Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas.
Los testimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos.
Durante el mismo operativo, se asegura, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.
Es de nuestro conocimiento, afirma el comunicado, que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.
Tomando en cuenta que fueron elementos de la Policía Federal desalojó a los desplazados con miras a una posible repatriación, “es nuestra preocupación que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, recalcamos que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable”.
Asimismo, exponen que deploran la inobservancia de estos acuerdos, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya vivían una situación crítica y entre las y los cuales hay 115 niñas y niños.
Este desalojo, se hace notar, se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado.
Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas.
Por lo anterior, los defensores de derechos humanos demandan de manera “urgente”:
Que el gobierno mexicano se abstenga de repatriar a las y los guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza. Ellas y ellos se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.
También, detener el operativo en curso; garantizar un trato digno y respetuoso a todas y todos los desplazados y que las niñas y niños se encuentren junto con sus padres. Constituye un trato inhumano, se sostiene, separar a las familias,
Además, garantizar todos los derechos de las y los guatemaltecos que se encontraban en el ejido Nueva Progreso, en la localidad de Tenosique, Tabasco; respetar y salvaguarden los derechos de las dos personas que fueron detenidas, llevadas inicialmente ante la PGR y que actualmente se encuentran en la estación Migratoria de Tenosique.
Asimismo, iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que se dio el operativo, ya que actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias; deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos de las y los refugiados guatemaltecos y que se respete y otorgue protección a los desplazados, quienes ante situaciones adversas se vieron obligados a salir del país.
Finalmente las organizaciones -Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh); Equipo Indignación Yucatán; el Movimiento Migrante Mesoamericano; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos y Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.- expresaron que se mantendrán a la espera de una respuesta inmediata de las autoridades involucradas.
