SE PAGÓ un sobre precio y la contraloría interna tiene que fincar responsabilidades: PRD
VILLAHERMOSA , TABASCO. 08 DE FEBRERO DE 2013. Profesionistas, representantes de colegios y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) que en diversos momentos realizaron avalúos al edifi cio que fungiría como nueva sede del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), acudieron a la Contraloría Interna del organismo a defender sus trabajos, que en su mayoría dan al inmueble un costo menor a los alrededor de 32 millones de pesos en los que fue adquirido.
Por ejemplo, los de la PGJ y del empresario de la construcción, Crispin Torres Luna, éste último mandado a realizar por el entonces diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Juan José Martínez Pérez, dan como resultado que el precio real del inmueble es la mitad de lo pagado. El primero lo pone en 17 millones 500 mil pesos, y el segundo en 18 millones y medio. Los consejeros electorales Rosendo Gómez Piedra y Héctor Aguilar Alvarado, evitaron profundizar en opiniones sobre el tema, pues el asunto corresponde tratarlo a la Contraloría Interna. El presidente del IEPCT dijo que está dispuesto a acudir a donde sea por este tema.
“En lo que a mi respecta yo puedo comparecer a donde a mi me llamen y quiero asegurar de que no tengo absolutamente nada que esconder ni nada de que arrepentirme con relación a ese procedimiento”, señaló Gómez Piedra. Los compañeros también “están dispuestos a hacerlo”, añadió al término de la sesión de ayer, en la que se rechazó una queja contra la coalición Por el Bien de Todos. Por su parte, el representante electoral del PRD, Javier López Cruz, dijo –tras los avalúos que confi rman que se pagó un sobre precio- que la Contraloría Interna tiene que fi ncar responsabilidades a los que participaron en la operación.
Ese órgano debe precisar quienes incurrieron en responsabilidad con nombre y apellido, y que grado de culpa tuvieron, añadió. López Cruz expresó que hay una diferencia entre el valor real y el “infl ado” con el que compraron el edifi cio, lo que debe derivar en responsabilidad administrativa y penal a los responsables de dañar el patrimonio público.
