Papa Caliente
El granierismo quiere lavar sus pecados
Es preocupante la denuncia del diputado perredista, Juan José Martínez, el hecho de que funcionarios del gobierno actual están desapareciendo información valiosa para que la futura administración que llegue tenga problemas en el arranque. Es una manera burda como muchos pretenden de esa manera lavar sus pecados.
El legislador aseguró que son los mismos trabajadores al servicio del estado quienes han dado testimonio de estas deleznables acciones. Son empleados públicos que desean el cambio verdadero y que saben que la lealtad no es con los saqueadores sino con el pueblo.
Aunque no hay nombres por temor a represalias, los servidores públicos dejaron ver que los obligan a destruir oficios, tarjetas informativas, audios, información magnética. Todo lo que sea de carácter político que pudiera afectar a las personas que en breve dejarán sus cargos.
Uno de los señalados de encabezar esta acción es el subsecretario de gobierno, Andrés Madrigal Hernández. Pero esto sucede casi en todas las dependencias.
Otro de los personajes que salieron relucir es David Solano Beltrán, alguien de tercer nivel tal vez; un secretario técnico que se encarga de supervisar que se hagan esas mismas tareas, pero en otras dependencias.
¿Cuál es el plan? Desaparecer toda evidencia. Así lo señaló el diputado Juan José Martínez. Pero además, señala algo más grave: existe la hipótesis de que el Órgano Superior de Fiscalización, donde se almacena información valiosa, pueda ser incinerado. Es una advertencia a tiempo y el legislador perredista exigió que desde ahora se resguarde el edificio.
No faltará quien diga que es una exageración, “un borrego”. Pero antes ya ha sucedido.
Tal como sucede en los municipios, el diputado denunciante alertó que el gobierno estatal ha implementado una contratación de personal donde a la fecha suman 650, aunque el objetivo final es llegar a mil. Es una manera, dijo, de acomodar a los operadores políticos priistas de la pasada contienda. Les darán chamba y los incrustarán como saboteadores en la futura administración.
Lo irónico es que en el año 2009, el mismo gobierno despidió a cerca de 9 mil burócratas, y que ahora ninguno de ellos ha sido recontratado, a pesar de los años de antigüedad que tenían.
Sin embargo, a un gran número de trabajadores de “confianza” de ellos, los pretenden hacer sindicalizados, todo para que desde ahí operen en contra del nuevo gobierno, como es el caso de la Secretaría de Educación.
Pero Juan José Martínez fue más allá al señalar que Juan Molina sigue moviendo los hilos en la subsecretaría de Desarrollo Político que le dejó a Javier Pavón. Ahora de forma maquiavélica quiere formar un sindicato con personal de confianza, donde estarían sus informantes.
Todo es claro, se busca crear inestabilidad. A pesar de las promesas de civilidad y toda la palabrería, el objetivo de las mafias derrotadas en evitar que avance el desarrollo del estado. Desde ahora elaboran discursos para decir que la alternancia no funciona. Un juego sucio y muy obvio.
Desde los medios independientes y comprometidos con el pueblo, como este medio, es urgente que la sociedad en general denuncie. Que también esté pendiente de las oscuras maniobras de quienes han empobrecido al estado, quieren ocultar sus fechorías para poder volver a robar una y otra vez.
El legislador aseguró que son los mismos trabajadores al servicio del estado quienes han dado testimonio de estas deleznables acciones. Son empleados públicos que desean el cambio verdadero y que saben que la lealtad no es con los saqueadores sino con el pueblo.
Aunque no hay nombres por temor a represalias, los servidores públicos dejaron ver que los obligan a destruir oficios, tarjetas informativas, audios, información magnética. Todo lo que sea de carácter político que pudiera afectar a las personas que en breve dejarán sus cargos.
Uno de los señalados de encabezar esta acción es el subsecretario de gobierno, Andrés Madrigal Hernández. Pero esto sucede casi en todas las dependencias.
Otro de los personajes que salieron relucir es David Solano Beltrán, alguien de tercer nivel tal vez; un secretario técnico que se encarga de supervisar que se hagan esas mismas tareas, pero en otras dependencias.
¿Cuál es el plan? Desaparecer toda evidencia. Así lo señaló el diputado Juan José Martínez. Pero además, señala algo más grave: existe la hipótesis de que el Órgano Superior de Fiscalización, donde se almacena información valiosa, pueda ser incinerado. Es una advertencia a tiempo y el legislador perredista exigió que desde ahora se resguarde el edificio.
No faltará quien diga que es una exageración, “un borrego”. Pero antes ya ha sucedido.
Tal como sucede en los municipios, el diputado denunciante alertó que el gobierno estatal ha implementado una contratación de personal donde a la fecha suman 650, aunque el objetivo final es llegar a mil. Es una manera, dijo, de acomodar a los operadores políticos priistas de la pasada contienda. Les darán chamba y los incrustarán como saboteadores en la futura administración.
Lo irónico es que en el año 2009, el mismo gobierno despidió a cerca de 9 mil burócratas, y que ahora ninguno de ellos ha sido recontratado, a pesar de los años de antigüedad que tenían.
Sin embargo, a un gran número de trabajadores de “confianza” de ellos, los pretenden hacer sindicalizados, todo para que desde ahí operen en contra del nuevo gobierno, como es el caso de la Secretaría de Educación.
Pero Juan José Martínez fue más allá al señalar que Juan Molina sigue moviendo los hilos en la subsecretaría de Desarrollo Político que le dejó a Javier Pavón. Ahora de forma maquiavélica quiere formar un sindicato con personal de confianza, donde estarían sus informantes.
Todo es claro, se busca crear inestabilidad. A pesar de las promesas de civilidad y toda la palabrería, el objetivo de las mafias derrotadas en evitar que avance el desarrollo del estado. Desde ahora elaboran discursos para decir que la alternancia no funciona. Un juego sucio y muy obvio.
Desde los medios independientes y comprometidos con el pueblo, como este medio, es urgente que la sociedad en general denuncie. Que también esté pendiente de las oscuras maniobras de quienes han empobrecido al estado, quieren ocultar sus fechorías para poder volver a robar una y otra vez.
