para explotación en Tabasco Requiere juez a Pemex documentos sobre concesiones
Movimientos en Defensa del Petróleo y de Regeneración Nacional impugnaron contratos concedidos por la paraestatal en las áreas Carrizo, Magallanes y Santuario
Villahermosa, Tab. El juzgado primero de distrito con sede en esta capital acordó el pasado 30 de julio requerir a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) cumplir con la documentación solicitada en la demanda de amparo colectivo 2195/2011 presentada por abogados de los Movimientos en Defensa del Petróleo y de Regeneración Nacional (Morena), según informó René Sánchez Galindo, asesor jurídico.
La parte quejosa impugnó desde el año pasado contratos que consideran fueron entregados a empresas de manera inconstitucional para la explotación de crudo durante 25 años en las áreas Carrizo, Magallanes y Santuario, de la entidad tabasqueña. Señaló que fue la diputada federal Laura Itzel Castillo la que promovió dos amparos colectivos contra las concesiones de explotación en tres campos petroleros localizados en Tabasco.
Derivado de ello, Sánchez Galindo indicó que el pasado 26 de julio, Guillermo Medina Alvarez, representante común de la parte quejosa, solicitó por escrito al citado juzgado, documentos que las propias autoridades responsables denominaron: modelo de contrato, que omitió Pemex en el juicio correspondiente al amparo 2195, correspondientes a los caso de los campos Magallanes y Carrizal.
Aseguró que según la notificación por lista con fecha 30 de julio de este año, se dio a conocer al siguiente acuerdo: “requiérase a la autoridad responsable las constancias que refiere la parte quejosa”.
Por su parte Medina Alvarez, acusó que entre las irregularidades, en el juicio de la demanda figuran informes respecto a la compañía Administradora en Proyectos de Campos, S. A de C. V., ubicada en Monclova, Coahuila, cuyo domicilio fiscal “no cuenta con luz eléctrica, ni teléfono, ni agua potable y no tiene personal”.
Sin embargo, indicó, esta compañía ganó la licitación pero “sorpresivamente se retira y se la dan a la empresa estadunidense Schlumberger. Subrayó entonces que Pemex otorga una licitación a una empresa que no existe y en una triangulación la da a otra, lo que es un fraude a la nación y una desfachatez de parte de ellos al dudar de la inteligencia de los mexicanos”.
Medina Alvarez explicó que entre los documentos solicitados ante el juzgado que lleva el caso y que la autoridad acordó requerir a Pemex, la parte quejosa pidió “las constancias que de manera contumaz las autoridades han omitido acompañar en sus informes”, como son aquellos que “las propias autoridades responsables denominaron: modelos de contrato, debido a que fueron omisas en adjuntar los relativos a dos de las tres áreas, materia de los actos impugnados, a saber, Carrizo y Magallanes”. También, entre otros, solicitaron que rindan los modelos económicos sobre la distribución del flujo del efectivo, ingreso o renta. Además, los contratos firmados relativos a las áreas Santuario, Magallanes y Carrizo, suscritos en el año 2011.
La parte quejosa impugnó desde el año pasado contratos que consideran fueron entregados a empresas de manera inconstitucional para la explotación de crudo durante 25 años en las áreas Carrizo, Magallanes y Santuario, de la entidad tabasqueña. Señaló que fue la diputada federal Laura Itzel Castillo la que promovió dos amparos colectivos contra las concesiones de explotación en tres campos petroleros localizados en Tabasco.
Derivado de ello, Sánchez Galindo indicó que el pasado 26 de julio, Guillermo Medina Alvarez, representante común de la parte quejosa, solicitó por escrito al citado juzgado, documentos que las propias autoridades responsables denominaron: modelo de contrato, que omitió Pemex en el juicio correspondiente al amparo 2195, correspondientes a los caso de los campos Magallanes y Carrizal.
Aseguró que según la notificación por lista con fecha 30 de julio de este año, se dio a conocer al siguiente acuerdo: “requiérase a la autoridad responsable las constancias que refiere la parte quejosa”.
Por su parte Medina Alvarez, acusó que entre las irregularidades, en el juicio de la demanda figuran informes respecto a la compañía Administradora en Proyectos de Campos, S. A de C. V., ubicada en Monclova, Coahuila, cuyo domicilio fiscal “no cuenta con luz eléctrica, ni teléfono, ni agua potable y no tiene personal”.
Sin embargo, indicó, esta compañía ganó la licitación pero “sorpresivamente se retira y se la dan a la empresa estadunidense Schlumberger. Subrayó entonces que Pemex otorga una licitación a una empresa que no existe y en una triangulación la da a otra, lo que es un fraude a la nación y una desfachatez de parte de ellos al dudar de la inteligencia de los mexicanos”.
Medina Alvarez explicó que entre los documentos solicitados ante el juzgado que lleva el caso y que la autoridad acordó requerir a Pemex, la parte quejosa pidió “las constancias que de manera contumaz las autoridades han omitido acompañar en sus informes”, como son aquellos que “las propias autoridades responsables denominaron: modelos de contrato, debido a que fueron omisas en adjuntar los relativos a dos de las tres áreas, materia de los actos impugnados, a saber, Carrizo y Magallanes”. También, entre otros, solicitaron que rindan los modelos económicos sobre la distribución del flujo del efectivo, ingreso o renta. Además, los contratos firmados relativos a las áreas Santuario, Magallanes y Carrizo, suscritos en el año 2011.
