Para que la Sedafop, Sagarpa y Conagua, evalúen daños
VILLAHERMOSA, TABASCO, 4 DE MAYO.- Al tiempo que el coordinador parlamentario del PRD, Juan José Martínez Pérez, pidió al titular del Poder Judicial del Estado a que destituya a los magistrados que liberaron al ex alcalde de Jalapa, su compañero de bancada, Jesús González, planteó en tribuna que éstos comparezcan ante el Congreso para que expliquen por qué decidieron dejar libre a Antonio Priego Jiménez. En tanto, el PRI aseguró que el Congreso “está imposibilitado” para someter a juicio a los magistrados Nicolás Triano, Leda Ferrer y Cecilio Silván Olán por haber aplicado un criterio distinto al de los juzgados federales que habían ratificado el auto de formal prisión al ex edil jalapaneco. Por cierto, Silván Olán es hermano del subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Manasés Silván Olán, parentesco que genera la sospecha de posibles actos de corrupción, pues se le liberó no obstante había suficiente elementos de pruebas para procesar a Priego Jiménez, dijo Martínez Pérez. Reveló que, durante el encuentro con el subprocurador Silván Olán, éste se negó a proporcionar los nombres de los magistrados de la Tercera Sala Penal, porque su hermano forma parte de ella.
El líder de la bancada del PRD comentó que, en el ambiente político, se menciona un supuesto parentesco entre el titular del Poder Judicial del Estado, Rodolfo Campos Montejo y Priego Jiménez, y que en caso de que esta versión resulta cierta se estaría ante un hecho “grave”, porque “simplemente si tres instancias ya habían decidido que había los elementos suficientes para no dejarlo en libertad, los magistrados no debieron revirar el auto de formal prisión”. A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, aclaró que no corresponde al Congreso solicitar información a su contraparte Judicial acerca de la “interpretación de criterio” que aplicaron los magistrados locales para decretar la liberación de Priego Jiménez. Y aunque sus nombres ya fueron mencionados en los medios, Ocaña dijo desconocer como se llaman los magistrados y si hay un lazo consanguíneo entre uno de ellos y el subprocurador de Procesos de la PGJE.
Reiteró que en breve el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) presentará una denuncia penal en contra del ex edil de Jalapa, esta por la cuenta pública del 2009 la cual fue reprobada en diciembre pasado. Aprueban punto de acuerdo de Gómez Ascencio Por otro lado, por unanimidad se aprobó la propuesta presentada por el diputado del PRD, Fernando Enrique Gómez Ascencio, para que se emita una recomendación a la Sedafop, en coordinación con la Sagarpa y la Conagua, “evalúen los daños ocasionados por la sequía y entreguen los recursos del Programa de Catástrofe Climatológica” a los productores de la región de los Ríos. El documento resalta “la importancia de que ambas instancias, en coordinación con la Conagua, realicen un informe del número de productores agrícolas, pesqueros, acuícolas y ganaderos afectados.” El legislador perredista señaló la necesidad de aplicar un plan emergente, “que atenúe la situación, a través del drenado de las lagunas y la construcción de pozos profundos para el estancamiento de agua, a fin de proveer del vital líquido a los municipios afectados por el estiaje, en especial, los ubicados en la región de los Ríos.”
Luego, el Congreso local aprobó, con 30 votos a favor, incluir el artículo 11 Bis a la Ley de Salud del Estado, para “garantizar el pleno acceso a la salud de toda la población indígena de Tabasco”, en el que se establece que, conforme “a su disponibilidad presupuestal”, la Secretaria de Salud “asignará traductores de las lenguas étnicas que prevalecen en la entidad y en las zonas limítrofes con los estados vecinos, para que apoyen en los hospitales de segundo y tercer nivel.” El dictamen, propuesto por el diputado del PRD Alterio Ramos Pérez Pérez, señala que los indígenas que acuden a los hospitales a recibir atención médica, al no hablar español, tienen dificultades para comunicarse con los médicos y éstos no pueden saber con precisión qué padecimiento tienen.
El líder de la bancada del PRD comentó que, en el ambiente político, se menciona un supuesto parentesco entre el titular del Poder Judicial del Estado, Rodolfo Campos Montejo y Priego Jiménez, y que en caso de que esta versión resulta cierta se estaría ante un hecho “grave”, porque “simplemente si tres instancias ya habían decidido que había los elementos suficientes para no dejarlo en libertad, los magistrados no debieron revirar el auto de formal prisión”. A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, aclaró que no corresponde al Congreso solicitar información a su contraparte Judicial acerca de la “interpretación de criterio” que aplicaron los magistrados locales para decretar la liberación de Priego Jiménez. Y aunque sus nombres ya fueron mencionados en los medios, Ocaña dijo desconocer como se llaman los magistrados y si hay un lazo consanguíneo entre uno de ellos y el subprocurador de Procesos de la PGJE.
Reiteró que en breve el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) presentará una denuncia penal en contra del ex edil de Jalapa, esta por la cuenta pública del 2009 la cual fue reprobada en diciembre pasado. Aprueban punto de acuerdo de Gómez Ascencio Por otro lado, por unanimidad se aprobó la propuesta presentada por el diputado del PRD, Fernando Enrique Gómez Ascencio, para que se emita una recomendación a la Sedafop, en coordinación con la Sagarpa y la Conagua, “evalúen los daños ocasionados por la sequía y entreguen los recursos del Programa de Catástrofe Climatológica” a los productores de la región de los Ríos. El documento resalta “la importancia de que ambas instancias, en coordinación con la Conagua, realicen un informe del número de productores agrícolas, pesqueros, acuícolas y ganaderos afectados.” El legislador perredista señaló la necesidad de aplicar un plan emergente, “que atenúe la situación, a través del drenado de las lagunas y la construcción de pozos profundos para el estancamiento de agua, a fin de proveer del vital líquido a los municipios afectados por el estiaje, en especial, los ubicados en la región de los Ríos.”
Luego, el Congreso local aprobó, con 30 votos a favor, incluir el artículo 11 Bis a la Ley de Salud del Estado, para “garantizar el pleno acceso a la salud de toda la población indígena de Tabasco”, en el que se establece que, conforme “a su disponibilidad presupuestal”, la Secretaria de Salud “asignará traductores de las lenguas étnicas que prevalecen en la entidad y en las zonas limítrofes con los estados vecinos, para que apoyen en los hospitales de segundo y tercer nivel.” El dictamen, propuesto por el diputado del PRD Alterio Ramos Pérez Pérez, señala que los indígenas que acuden a los hospitales a recibir atención médica, al no hablar español, tienen dificultades para comunicarse con los médicos y éstos no pueden saber con precisión qué padecimiento tienen.
