¿Para quién trabajan los alcaldes?
Mucha razón tiene el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al proponerse acabar con el hambre, la desnutrición y la marginación de los mexicanos. Aterroriza saber, por funcionarios de su propio gabinete, que más de 10 millones de mexicanos que tienen empleo sobreviven con apenas 2 dólares diarios y que casi 5 millones de niños corren el riesgo de morir por falta de alimento; que los artículos de la canasta básica se elevan cada día y que los trabajadores no cuentan con vivienda digna, ni indigna, que no cuentan con salud de calidad y, además, que la educación para sus hijos, aun en las escuelas públicas, es muy cara.
Y para colmo de nuestros males, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela, anuncia que la proyección calculada de crecimiento económico del país es de 3.5 por ciento; se ajustó a la baja, al 3.1 por ciento, durante este año.
Pero la situación puede empeorar, pues, el riesgo de contagio con los países europeos, en otros tiempos modelo, como España, Grecia, Italia, Francia y el país todavía considerado el más poderoso del mundo, y con quien tenemos una cercanía, además de geográfica, comercial, los Estados Unidos de Norteamérica, puede ocurrir y cuando menos, retrasar nuestra mejoría. Como se ve, el futuro de los mexicanos no pinta nada halagüeño.
Y por otro lado, lo que pudiera servir como válvula de escape para la población depauperada y hambrienta, como la atención de sus autoridades locales: gobernadores, legisladores, presidentes municipales, delegados, etcétera, ni soñarlo.
El 99 por ciento de ellos, después de las campañas electorales, no tienen tiempo para escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía que con su sufragio los llevó al poder, y mucho menos, según ellos, recursos para cumplir los compromisos pactados durante sus campañas políticas, por muy insignificantes que aquellos sean.
Así vemos al trastornado alcalde panista de Corregidora, Antonio Zapata Guerrero, imponer arbitrariamente delegados a la población, gastar los recursos del pueblo en publicidad en los medios de comunicación, en comprar patrullas blindadas para el uso personal de su familia y contratar policías chupaductos y violadores; al alcalde panista de Tolimán, Edgar Montes Benítez, despreciar a los habitantes de su municipio, yéndose a vivir a la capital del estado y amenazar, cual caciquillo de rancho, a los campesinos de su municipio para que no asistan en comisiones a exigirle solución a sus necesidades.
Vemos también al alcalde de Amealco –no se sabe de qué partido-, hacer gala de sus marrullerías aprendidas durante varios trienios en el municipio para no atender las necesidades de la población, mayoritariamente indígena, y a contabilizar como suyas algunas muy pequeñas necesidades resueltas por el gobierno estatal; en fin, a los alcaldes priistas de Colón, Alejandro Arteaga; de Peñamiller, Aldo García; de Pinal de Amoles, Cesar Árcega y de Jalpan de Serra, Saúl Trejo, entre otros, actuando con total arrogancia e indiferencia ante los reclamos de sus respectivos pueblos.
Llama particularmente la atención que todos actúan exactamente de la misma manera, con las mismas trampas, las mismas maniobras e incluso, ¡oh coincidencia!, exactamente el mismo discurso y los mismos argumentos evasivos; todos adoptan medidas dilatorias para no responder a las urgentes peticiones de la gente, actuando con indiferencia, arrogancia y cuando se les exige, con prepotencia y amenazas.
Y si esto se lo hacen a la gente que acude en grupo, respaldada por el Movimiento Antorchista, a la gente que acude por su cuenta y de manera individual, como nos consta, ni siquiera se le toma en cuenta.
¿Pero, si no trabajan para sus respectivos pueblos, para quién trabajan entonces los señores alcaldes del Estado?
