A Pasos lentos demanda contra ex secretario de sección 48
A pasos “muy lentos” avanza el proceso del expediente número 2402/2010, interpuesto por un grupo de trabajadores petroleros jubilados en contra de quien fuera secretario de la sección 48 del STPRM, por apropiarse de los bienes muebles e inmuebles de la Comisión de Transporte, propiedad de los cinco mil obreros de esa sección.
La denuncia, informaron José de la Cruz Morales y Andrés Nieves Rodríguez, jubilados de Pemex y Jorge Contreras Sánchez, presidente de la Alianza de Socios petroleros A.C. en entrevista con La Verdad del Sureste.
De la Cruz Morales trajo a la memoria que el 22 de enero del 2008, Ricardo Hernández García, entonces secretario de la sección 40 del sindicato petrolero, inició el despojo más grande a los trabajadores petroleros.
El ex dirigente le dio poder a la Comisión de Contratos del STPRM, que presidía Juan Alberto Lavoat Sánchez quien después le vende a Ricardo Hernández García no solo el edificio de esa comisión sino también los más de 200 autobuses, sin autorización de los socios, todos los trabajadores petroleros de esa sección.
Para ocultar y darle una barnizada de legalidad a su acción, contratan a un notario público para que expida la escritura pública número 1187, a partir de la cual Ricardo forma la Compañía Administradora Integral de Bienes Muebles e Inmuebles y se convierte en dueño y gerente con el 60 por ciento de las acciones.
Con el otro 40 por ciento se queda Oscar González, su cómplice y actual secretario general de la sección 48 del STPRM.
La ahora empresa privada, obtiene 600 millones de pesos anuales, sin que los trabajadores reciban un solo peso, afirmó José de la Cruz Morales.
Ante ese abuso, continuó, un grupo de trabajadores jubilados abrimos el expediente 20402 en la Procuraduría General de Justicia del Estado, para reclamar la parte proporcional que de esa transacción nos corresponde.
El proceso ha ido avanzando muy lento, aseguró, actualmente tenemos esperanza de que con el nuevo gobierno del estado, se combata la impunidad y el proceso llegue a su término.
Por su parte, Jorge Contreras Sánchez, presidente del Frente de Alianza de Socios Petroleros AC, dijo que desde 1994 existe una jurisprudencia que establece que los expedientes que la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, es competente para conocer y resolver todas y cada una de las demandas que se encuentran en la entidad.
Entre dentro de esos expedientes se encuentran las demandas laborales 161/94, 269/94, 1623/94 y 423/94, por despidos injustificados, que radican desde 1994 en esa dependencia
Dichos despidos tiene sus orígenes en los convenios firmados por los dirigentes de las secciones 24, 44 y 48 del STPRM y por los trabajos de militancia forzada a los que sujetan a los trabajadores, para generar una inmensa riqueza con la cual se han hecho millonarios todos los dirigentes del STPRM.
Los secretarios generales del STPRM sea hecho inmensamente millonarios a costilla de los trabajadores, cometiendo el fraude sindical más grande no solo de México sino de Latinoamérica, aseguró Jorge Contreras.
Los trabajadores petroleros reclamantes de justicia, esperamos que el actual gobierno de Tabasco y sus funcionarios, estén pendientes en este tipo de demandas que se encuentran radicadas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la federación y la estatal, agregó.
La denuncia, informaron José de la Cruz Morales y Andrés Nieves Rodríguez, jubilados de Pemex y Jorge Contreras Sánchez, presidente de la Alianza de Socios petroleros A.C. en entrevista con La Verdad del Sureste.
De la Cruz Morales trajo a la memoria que el 22 de enero del 2008, Ricardo Hernández García, entonces secretario de la sección 40 del sindicato petrolero, inició el despojo más grande a los trabajadores petroleros.
El ex dirigente le dio poder a la Comisión de Contratos del STPRM, que presidía Juan Alberto Lavoat Sánchez quien después le vende a Ricardo Hernández García no solo el edificio de esa comisión sino también los más de 200 autobuses, sin autorización de los socios, todos los trabajadores petroleros de esa sección.
Para ocultar y darle una barnizada de legalidad a su acción, contratan a un notario público para que expida la escritura pública número 1187, a partir de la cual Ricardo forma la Compañía Administradora Integral de Bienes Muebles e Inmuebles y se convierte en dueño y gerente con el 60 por ciento de las acciones.
Con el otro 40 por ciento se queda Oscar González, su cómplice y actual secretario general de la sección 48 del STPRM.
La ahora empresa privada, obtiene 600 millones de pesos anuales, sin que los trabajadores reciban un solo peso, afirmó José de la Cruz Morales.
Ante ese abuso, continuó, un grupo de trabajadores jubilados abrimos el expediente 20402 en la Procuraduría General de Justicia del Estado, para reclamar la parte proporcional que de esa transacción nos corresponde.
El proceso ha ido avanzando muy lento, aseguró, actualmente tenemos esperanza de que con el nuevo gobierno del estado, se combata la impunidad y el proceso llegue a su término.
Por su parte, Jorge Contreras Sánchez, presidente del Frente de Alianza de Socios Petroleros AC, dijo que desde 1994 existe una jurisprudencia que establece que los expedientes que la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje, es competente para conocer y resolver todas y cada una de las demandas que se encuentran en la entidad.
Entre dentro de esos expedientes se encuentran las demandas laborales 161/94, 269/94, 1623/94 y 423/94, por despidos injustificados, que radican desde 1994 en esa dependencia
Dichos despidos tiene sus orígenes en los convenios firmados por los dirigentes de las secciones 24, 44 y 48 del STPRM y por los trabajos de militancia forzada a los que sujetan a los trabajadores, para generar una inmensa riqueza con la cual se han hecho millonarios todos los dirigentes del STPRM.
Los secretarios generales del STPRM sea hecho inmensamente millonarios a costilla de los trabajadores, cometiendo el fraude sindical más grande no solo de México sino de Latinoamérica, aseguró Jorge Contreras.
Los trabajadores petroleros reclamantes de justicia, esperamos que el actual gobierno de Tabasco y sus funcionarios, estén pendientes en este tipo de demandas que se encuentran radicadas en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la federación y la estatal, agregó.
