Pemex siembra discordia en comunidades indígenas

VILLAHERMOSA, TABASCO. 10 DE DICIEMBRE DE 2013. Petróleos Mexicanos (PEMEX) pretende dividir a las comunidades de Nacajuca “sembrando” grupos que aceptarían despensas como reparación de daños, cuando las familias lo que exigen es que la paraestatal las indemnice en base a los perjuicios generados a la agricultura, cría de animales, bretaduras de casas y contaminación, tras la explosión del pozo Terra 123, denunció la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Agrarios del Congreso del Estado, Verónica Pérez Rojas.
    La diputada del sol azteca anunció además la llegada de un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que realizaría recorridos a partir de ayer a las cinco de la tarde para observar la situación que prevalece en varias comunidades de Nacajuca tras el siniestro de octubre pasado.
    Pérez Rojas rechazó que las movilizaciones de los afectados de las 25 comunidades de Nacajuca tengan tintes políticos, y aclaró que ella participa a petición de los ciudadanos.
    “Desmiento categóricamente” esa situación, pues se trata de una manifestación social, agregó la diputada, quien añadió que como partido de izquierda, los representantes y autoridades del de la Revolución Democrática (PRD) deben atender y encabezar a la gente que menos tiene.
    Solicitó respeto a la Secretaría de Gobierno, algunos de cuyos funcionarios han dicho que hay tintes políticos en las movilizaciones contra PEMEX, y reiteró que la lucha es contra la paraestatal, y no frente a la administración local.
    Horas después, en la sesión ordinaria, Pérez Rojas presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado, para exhortar a las legislaturas de otros estados del país y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a votar contra la reforma energética privatizadora que promueve el gobierno federal, una vez que la discusión baje a las cámaras locales.
    En tanto, representantes de comunidades afectadas señalaron que lo que exigen es una indemnización justa de la paraestatal por los daños causados por la explosión del pozo Terra 123, pero en una negociación directa con la empresa, sin la intervención del ayuntamiento.