Peña Nieto, al banquillo en la ONU y la CIDH por represión en Atenco
MÉXICO, D.F. 16 de julio de 2012 (apro-cimac).- Seis años después y a menos de un mes de las elecciones presidencial del 1 de julio, el priista Enrique Peña Nieto es cuestionado ante instan¬cias internacionales por la represión de Atenco en 2006.
A Peña Nieto, quien encabeza el cóm¬puto oficial de la elección presidencial, lo persigue la sombra de las múlti¬ples violaciones a dere¬chos humanos cometidas durante el operativo poli¬cial en Texcoco y San Sal¬vador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En aquella oca¬sión, los hechos violentos dejaron como saldo 47 mujeres detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual.
Esta es “la pie¬drita en el zapato” para Peña Nieto, advierten ac¬tivistas.
Las denuncias por el operativo avalado por el entonces gobernador del Estado de México es-tán ya ante la Organiza¬ción de Naciones Unidas y la Comisión Interameri¬cana de
Derechos Huma¬nos (CIDH).
Organizaciones civiles presentarán el martes 17 de julio en Nueva York un informe sobre Atenco ante el Comité de la Con¬vención sobre la Elimina¬ción de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El documento fue elaborado por la Organi¬zación Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Cen¬tro de Derechos Huma¬nos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ahí se evidencia la impunidad en las tor¬turas sexuales contra las mujeres durante un operativo caracterizado por el “uso excesivo e in¬discriminado de la fuer¬za” ordenado por quien hoy pretende gobernar el país
Ningún responsa¬ble detenido
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Pro¬dh –organización que acompaña a las mujeres de Atenco–, explica que a seis años de distancia de los hechos no hay ningún policía federal o estatal, o funcionario consignado por actos de tortura.
En 2006, el Comi¬té de la CEDAW ya había recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Per¬sonas (Fevimtra), depen-diente de la PGR, tuviera jurisdicción en el caso para investigar y sancio¬nar a los culpables.
Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso a favor de la Pro¬curaduría General de Jus-ticia del Estado de Méxi¬co (PGJEM); argumentó “falta de competencia”.
El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca el incumplimien¬to de México de la reco-mendación de la CEDAW, ya que a más de seis años de los hechos ni un solo policía ha sido sanciona¬do penalmente.
También advier¬te que la PGJEM no ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia; además, reitera que la Fe¬vimtra sí era competente para continuar con las investigaciones y consig¬nar a los responsables.
La abogada del Centro Prodh señala que sin importar quién llegue a Los Pinos, el tema será todo un reto para la nue¬va administración por¬que tendrá que respon¬der a las recomendacio¬nes que emita el Comité de la CEDAW.
Apunta que la re¬presión en Atenco ya es un caso contra el Estado mexicano, porque en no-viembre de 2011 la CIDH lo admitió para su análi¬sis.
En 2008, y ante la falta de justicia en Méxi¬co, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tor¬tura sexual llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventual¬mente podría enviar la demanda ante la Corte Interamericana de Dere¬chos Humanos (Coidh).
Aunque el Comité de la CEDAW y la Coidh buscan evidenciar la res¬ponsabilidad del Estado mexicano sin hacer alu¬siones a personas en es¬pecífico, las organizacio¬nes civiles han señalado que uno de los principa¬les responsables es Peña Nieto.
“Manchado de sangre”
El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad Iberoame¬ricana, el candidato pre¬sidencial del PRI-PVEM dijo que en Atenco rees¬tableció el orden: “Fue una acción determinada personalmente, que asu¬mo personalmente (sic)”.
“Está manchado con sangre de Atenco, está condenado por todo lo que ordenó contra nuestro pueblo”, advierte indignada América del Valle, perseguida política tras los hechos de mayo de 2006, al hacer un ba¬lance del significado de este movimiento en la ac¬tual coyuntura política.
Tras reconocer que aún hay un clima de miedo por lo que repre¬senta el virtual candidato electo –cuestionado por presuntas irregularida¬des electorales– Del Valle afirma que las demandas de San Salvador Atenco persisten.
“El temor más grande que tengo es que nos quedemos callados, que a este pueblo mexi¬cano se le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera pasado a un re¬presor que apenas hace seis años cometió lo que cometió”, sostiene.
Sobre este tema, Trinidad Ramírez, in¬tegrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que participó activamente en el movimiento, asegura desafiante: “Estamos y seguiremos siendo la pie¬drita en el zapato”.
Advierte que las violaciones a los dere¬chos humanos cometidas contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos, persecuciones injustas y tortura sexual, reflejan al “hombre represor” que es Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un conflicto similar
Enrique Peña Nieto es cuestionado ante instancias internacionales por la represión de Atenco en 2006.
A Peña Nieto, quien encabeza el cóm¬puto oficial de la elección presidencial, lo persigue la sombra de las múlti¬ples violaciones a dere¬chos humanos cometidas durante el operativo poli¬cial en Texcoco y San Sal¬vador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En aquella oca¬sión, los hechos violentos dejaron como saldo 47 mujeres detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual.
Esta es “la pie¬drita en el zapato” para Peña Nieto, advierten ac¬tivistas.
Las denuncias por el operativo avalado por el entonces gobernador del Estado de México es-tán ya ante la Organiza¬ción de Naciones Unidas y la Comisión Interameri¬cana de
Derechos Huma¬nos (CIDH).
Organizaciones civiles presentarán el martes 17 de julio en Nueva York un informe sobre Atenco ante el Comité de la Con¬vención sobre la Elimina¬ción de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El documento fue elaborado por la Organi¬zación Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Cen¬tro de Derechos Huma¬nos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ahí se evidencia la impunidad en las tor¬turas sexuales contra las mujeres durante un operativo caracterizado por el “uso excesivo e in¬discriminado de la fuer¬za” ordenado por quien hoy pretende gobernar el país
Ningún responsa¬ble detenido
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Pro¬dh –organización que acompaña a las mujeres de Atenco–, explica que a seis años de distancia de los hechos no hay ningún policía federal o estatal, o funcionario consignado por actos de tortura.
En 2006, el Comi¬té de la CEDAW ya había recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Per¬sonas (Fevimtra), depen-diente de la PGR, tuviera jurisdicción en el caso para investigar y sancio¬nar a los culpables.
Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso a favor de la Pro¬curaduría General de Jus-ticia del Estado de Méxi¬co (PGJEM); argumentó “falta de competencia”.
El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca el incumplimien¬to de México de la reco-mendación de la CEDAW, ya que a más de seis años de los hechos ni un solo policía ha sido sanciona¬do penalmente.
También advier¬te que la PGJEM no ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia; además, reitera que la Fe¬vimtra sí era competente para continuar con las investigaciones y consig¬nar a los responsables.
La abogada del Centro Prodh señala que sin importar quién llegue a Los Pinos, el tema será todo un reto para la nue¬va administración por¬que tendrá que respon¬der a las recomendacio¬nes que emita el Comité de la CEDAW.
Apunta que la re¬presión en Atenco ya es un caso contra el Estado mexicano, porque en no-viembre de 2011 la CIDH lo admitió para su análi¬sis.
En 2008, y ante la falta de justicia en Méxi¬co, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tor¬tura sexual llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventual¬mente podría enviar la demanda ante la Corte Interamericana de Dere¬chos Humanos (Coidh).
Aunque el Comité de la CEDAW y la Coidh buscan evidenciar la res¬ponsabilidad del Estado mexicano sin hacer alu¬siones a personas en es¬pecífico, las organizacio¬nes civiles han señalado que uno de los principa¬les responsables es Peña Nieto.
“Manchado de sangre”
El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad Iberoame¬ricana, el candidato pre¬sidencial del PRI-PVEM dijo que en Atenco rees¬tableció el orden: “Fue una acción determinada personalmente, que asu¬mo personalmente (sic)”.
“Está manchado con sangre de Atenco, está condenado por todo lo que ordenó contra nuestro pueblo”, advierte indignada América del Valle, perseguida política tras los hechos de mayo de 2006, al hacer un ba¬lance del significado de este movimiento en la ac¬tual coyuntura política.
Tras reconocer que aún hay un clima de miedo por lo que repre¬senta el virtual candidato electo –cuestionado por presuntas irregularida¬des electorales– Del Valle afirma que las demandas de San Salvador Atenco persisten.
“El temor más grande que tengo es que nos quedemos callados, que a este pueblo mexi¬cano se le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera pasado a un re¬presor que apenas hace seis años cometió lo que cometió”, sostiene.
Sobre este tema, Trinidad Ramírez, in¬tegrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que participó activamente en el movimiento, asegura desafiante: “Estamos y seguiremos siendo la pie¬drita en el zapato”.
Advierte que las violaciones a los dere¬chos humanos cometidas contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos, persecuciones injustas y tortura sexual, reflejan al “hombre represor” que es Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un conflicto similar
Enrique Peña Nieto es cuestionado ante instancias internacionales por la represión de Atenco en 2006.
