Brasil es un país con cerca de 200 millones de habitantes en un territorio cuatro veces mayor que México. Por más de dos décadas (1964-85) sometidos a dictaduras militares y luego a gobiernos neoliberales (Collor de Mello en 1989 y Cardoso de 1994 al 2002) auspiciados por Estados Unidos, había permanecido hundido en crisis económicas recurrentes y una escandalosa corrupción, desigualdad y miseria.
Después de ocho años de gobierno del presidente Lula Da Silva, tornero mecánico fundador de la Central Única de Trabajadores, esta nación sudamericana hoy es reconocida como la octava economía del mundo con un crecimiento en 2010 de 7.6 %, superando a nuestro país que continúa bajo el yugo de las oligarquías entreguistas y hoy catalogado como un Estado Fallido.
Las comparaciones son odiosas pero es importante referirlas, cuando priístas como Labastida y los panistas encabezados por Fox y ahora por Calderón, han querido usar el despegue de Petróleos de Brasil (PETROBRAS) como un ejemplo que justifica la entrega de las actividades petroleras bajo responsabilidad de Petróleos Mexicanos a las compañías extranjeras.
Este primero de enero, Lula en el clímax de su popularidad, le entrega la presidencia a Dilma Rousseff, una mujer de raíces comunistas y economista reconocida no solo por su persistente lucha social, sino por sus resultados en las responsabilidades de gobierno.
Desde su primer discurso frente al Congreso y después frente a decenas de miles de seguidores, comprometió dar continuidad a la política aplicada por su antecesor, acentuando los derechos y desarrollo de la mujer brasileña (con 9 ministras inicia su gobierno), el combate a la pobreza buscando su erradicación y convertir en potencia mundial a Brasil destacando su reivindicación de la Paz; ejes factibles de cumplir al contar con abrumadoras mayorías en las cámaras, para garantizar la aprobación de sus proyectos y hasta impulsar una reforma constitucional.
Al describir sus estrategias de gobierno, destacó como política de estado hacer del petróleo de Brasil un instrumento para el crecimiento de la igualdad social y palanca del desarrollo de su pueblo, no para las compañías y los extranjeros.
En 2008, en los albores de la imposición de la Reforma Petrolera privatizadora en México, el senador responsable de la Comisión de Energía Francisco Labastida (exsecretario de Energía durante el mandato de Zedillo y excandidato presidencial acusado de utilizar estructura organizacional, recursos humanos y sindicato de PEMEX para su campaña), de manera velada, trató de aparentar un proceso de consulta mediante Foros de Energía, donde personalidades supuestamente neutrales argumentarán los éxitos de PETROBRAS en razón de la participación de compañías privadas para su desarrollo; y como Calderón afirmaba, coincidir en que hasta el izquierdista Lula, aceptaba la participación el capital y las asociaciones con extranjeros mediante las famosas “Joint Ventures” que quisieron introducir, primeramente en los proyectos para aguas profundas. Además desde el Confreso y la Secretaría de Energía, comenzaron a pagarle los viajes a Brasil a Senadores y Diputados “nacionalistas” del PRI y PRD, para deslumbrarlos con su alta tecnología en plataformas y ablandar su indisposición a modificar la Constitución.
Integrantes del G17, el CNEE y la Asociación de Ingenieros de PETROBRAS demostramos que la política privatizadora y la intromisión de las compañías se incentivó en Brasil durante el periodo neoliberal previo a los gobiernos de izquierda y bajo una circunstancia de reducido desarrollo y experiencia petrolera (producción del orden de los 800 mil barriles por día y reservas de 8.5 mil millones de BPCE en 1997).
En efecto, desde inicio de la década de los noventa empezó una etapa de desregulación de varios sectores claves de la economía: petróleo, telecomunicaciones, electricidad, siderurgia, entre otros; siendo explícito para el caso del petróleo en 1995, cuando el gobierno de Henrique Cardoso, envío una propuesta de reforma constitucional para eliminar la prohibición de otorgar concesiones a compañías privadas para desempeñar actividades de exploración, producción, refinación, transporte y comercio de petróleo.
Después de ocho años de gobierno del presidente Lula Da Silva, tornero mecánico fundador de la Central Única de Trabajadores, esta nación sudamericana hoy es reconocida como la octava economía del mundo con un crecimiento en 2010 de 7.6 %, superando a nuestro país que continúa bajo el yugo de las oligarquías entreguistas y hoy catalogado como un Estado Fallido.
Las comparaciones son odiosas pero es importante referirlas, cuando priístas como Labastida y los panistas encabezados por Fox y ahora por Calderón, han querido usar el despegue de Petróleos de Brasil (PETROBRAS) como un ejemplo que justifica la entrega de las actividades petroleras bajo responsabilidad de Petróleos Mexicanos a las compañías extranjeras.
Este primero de enero, Lula en el clímax de su popularidad, le entrega la presidencia a Dilma Rousseff, una mujer de raíces comunistas y economista reconocida no solo por su persistente lucha social, sino por sus resultados en las responsabilidades de gobierno.
Desde su primer discurso frente al Congreso y después frente a decenas de miles de seguidores, comprometió dar continuidad a la política aplicada por su antecesor, acentuando los derechos y desarrollo de la mujer brasileña (con 9 ministras inicia su gobierno), el combate a la pobreza buscando su erradicación y convertir en potencia mundial a Brasil destacando su reivindicación de la Paz; ejes factibles de cumplir al contar con abrumadoras mayorías en las cámaras, para garantizar la aprobación de sus proyectos y hasta impulsar una reforma constitucional.
Al describir sus estrategias de gobierno, destacó como política de estado hacer del petróleo de Brasil un instrumento para el crecimiento de la igualdad social y palanca del desarrollo de su pueblo, no para las compañías y los extranjeros.
En 2008, en los albores de la imposición de la Reforma Petrolera privatizadora en México, el senador responsable de la Comisión de Energía Francisco Labastida (exsecretario de Energía durante el mandato de Zedillo y excandidato presidencial acusado de utilizar estructura organizacional, recursos humanos y sindicato de PEMEX para su campaña), de manera velada, trató de aparentar un proceso de consulta mediante Foros de Energía, donde personalidades supuestamente neutrales argumentarán los éxitos de PETROBRAS en razón de la participación de compañías privadas para su desarrollo; y como Calderón afirmaba, coincidir en que hasta el izquierdista Lula, aceptaba la participación el capital y las asociaciones con extranjeros mediante las famosas “Joint Ventures” que quisieron introducir, primeramente en los proyectos para aguas profundas. Además desde el Confreso y la Secretaría de Energía, comenzaron a pagarle los viajes a Brasil a Senadores y Diputados “nacionalistas” del PRI y PRD, para deslumbrarlos con su alta tecnología en plataformas y ablandar su indisposición a modificar la Constitución.
Integrantes del G17, el CNEE y la Asociación de Ingenieros de PETROBRAS demostramos que la política privatizadora y la intromisión de las compañías se incentivó en Brasil durante el periodo neoliberal previo a los gobiernos de izquierda y bajo una circunstancia de reducido desarrollo y experiencia petrolera (producción del orden de los 800 mil barriles por día y reservas de 8.5 mil millones de BPCE en 1997).
En efecto, desde inicio de la década de los noventa empezó una etapa de desregulación de varios sectores claves de la economía: petróleo, telecomunicaciones, electricidad, siderurgia, entre otros; siendo explícito para el caso del petróleo en 1995, cuando el gobierno de Henrique Cardoso, envío una propuesta de reforma constitucional para eliminar la prohibición de otorgar concesiones a compañías privadas para desempeñar actividades de exploración, producción, refinación, transporte y comercio de petróleo.
