Pide Adán Augusto informe sobre avance del Plan Hídrico
También demandó a la Auditoria Superior de la Federación, para que en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2012, incluyan auditorias de inversiones físicas y de desempeño al Plan Hídrico
México, Distrito Federal a 20 de Septiembre de 2012.- El Senador del PRD, Adán Augusto López Hernández, solicitó al Titular de la Comisión Nacional del Agua, remita a al Congreso de la Unión un informe pormenorizado sobre el avance físico-fi nanciero de cada una de las obras y estudios que forman parte del Plan Hídrico Integral de Tabasco, dando cuenta de las causas o razones que impidan la conclusión de obras y acciones previamente proyectadas en los tiempos originalmente estimados.
Así mismo pidió sea entregado a esa soberanía el avance en la ejecución del proyecto de delimitación de zonas federales y el grado de avance en la elaboración del llamado compendio de organismo de cuenca para identificar los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgos en cauces federales delimitados. López Hernández también demandó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, a que instruya a la Auditoria Superior de la Federación, para que en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2012, incluyan auditorias de inversiones físicas y de desempeño al Plan Hídrico Integral de Tabasco. De igual forma se revise el Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva en Tabasco.
En su exposición de motivos, el senador tabasqueño señaló que uno de los problemas que más preocupa a los tabasqueños son las inundaciones que año con año padecen ante el arribo de la temporada de lluvias y por el desbordamiento de los ríos, cuyos efectos adversos en la población se ven potenciados por la ausencia de un verdadero sistema de protección contra inundaciones que involucre a los tres órdenes de gobierno, a través de esfuerzos coordinados que permitan el ejercicio permanente de las diversas responsabilidades en función del respectivo ámbito de competencia. Consideró que hoy continúa siendo un gran reto mantener los efectos positivos de los fenómenos hidrometeorológicos y al mismo tiempo prevenir los diversos daños que estos eventos naturales pueden provocar a la población, a la infraestructura, a los servicios y a los sistemas de producción, situación que se ve agravada no sólo, como se afi rma desde la perspectiva federal, por el arrastre de suelos ocasionado por la deforestación, así como por la ubicación de asentamientos humanos en zonas susceptibles de inundación, sino también por la falta de infraestructura de protección y, en general, de una visión sustentable en el ejercicio del poder público.
“Si revisamos los planes y programas en materia hídrica, así como los discursos de las diferentes autoridades administrativas involucradas en la búsqueda de soluciones al gran problema de las constantes inundaciones, generalmente nos topamos con diagnósticos sesgados o justifi caciones que sólo buscan eximir de responsabilidades y repartir culpas ante contingencias futuras, lo cual es el ejemplo más claro de la ausencia de una verdadera política nacional en materia hídrica”, aseveró.
Adán Augusto López Hernández, acotó que lo que se tiene, en el mejor de los casos, son esfuerzos aislados que surgen a partir de planes y programas hábilmente redactados pero incorporando metas y compromisos que no se cumplen en la realidad o que aún cumplidos no tienen los efectos esperados. Subrayó que en fi n, podríamos seguir señalando diversas obligaciones no sólo de CONAGUA sino de otras autoridades federales, cuyo incumplimiento, desde su propia perspectiva, nada tendrían que ver en caso de que se presentara un fenómeno hidrometeorológico que pusiera en riesgo a los habitantes y zonas productivas de la entidad. Para fi nalizar indicó que por el contrario, estando a punto de concluir la presente administración pública federal, resulta oportuno solicitar una serie de información para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y estrategias que durante este sexenio fueron establecidos para prevenir riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos, con el único propósito de que esta representación cuente con mayores elementos para desarrollar de la mejor forma la función legislativa encomendada.
Así mismo pidió sea entregado a esa soberanía el avance en la ejecución del proyecto de delimitación de zonas federales y el grado de avance en la elaboración del llamado compendio de organismo de cuenca para identificar los asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgos en cauces federales delimitados. López Hernández también demandó a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, a que instruya a la Auditoria Superior de la Federación, para que en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública del año 2012, incluyan auditorias de inversiones físicas y de desempeño al Plan Hídrico Integral de Tabasco. De igual forma se revise el Programa Integral para la Construcción y rehabilitación de la infraestructura hidráulica de Protección de Áreas Productivas y Centros de Población en la cuenca del río Grijalva en Tabasco.
En su exposición de motivos, el senador tabasqueño señaló que uno de los problemas que más preocupa a los tabasqueños son las inundaciones que año con año padecen ante el arribo de la temporada de lluvias y por el desbordamiento de los ríos, cuyos efectos adversos en la población se ven potenciados por la ausencia de un verdadero sistema de protección contra inundaciones que involucre a los tres órdenes de gobierno, a través de esfuerzos coordinados que permitan el ejercicio permanente de las diversas responsabilidades en función del respectivo ámbito de competencia. Consideró que hoy continúa siendo un gran reto mantener los efectos positivos de los fenómenos hidrometeorológicos y al mismo tiempo prevenir los diversos daños que estos eventos naturales pueden provocar a la población, a la infraestructura, a los servicios y a los sistemas de producción, situación que se ve agravada no sólo, como se afi rma desde la perspectiva federal, por el arrastre de suelos ocasionado por la deforestación, así como por la ubicación de asentamientos humanos en zonas susceptibles de inundación, sino también por la falta de infraestructura de protección y, en general, de una visión sustentable en el ejercicio del poder público.
“Si revisamos los planes y programas en materia hídrica, así como los discursos de las diferentes autoridades administrativas involucradas en la búsqueda de soluciones al gran problema de las constantes inundaciones, generalmente nos topamos con diagnósticos sesgados o justifi caciones que sólo buscan eximir de responsabilidades y repartir culpas ante contingencias futuras, lo cual es el ejemplo más claro de la ausencia de una verdadera política nacional en materia hídrica”, aseveró.
Adán Augusto López Hernández, acotó que lo que se tiene, en el mejor de los casos, son esfuerzos aislados que surgen a partir de planes y programas hábilmente redactados pero incorporando metas y compromisos que no se cumplen en la realidad o que aún cumplidos no tienen los efectos esperados. Subrayó que en fi n, podríamos seguir señalando diversas obligaciones no sólo de CONAGUA sino de otras autoridades federales, cuyo incumplimiento, desde su propia perspectiva, nada tendrían que ver en caso de que se presentara un fenómeno hidrometeorológico que pusiera en riesgo a los habitantes y zonas productivas de la entidad. Para fi nalizar indicó que por el contrario, estando a punto de concluir la presente administración pública federal, resulta oportuno solicitar una serie de información para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y estrategias que durante este sexenio fueron establecidos para prevenir riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos, con el único propósito de que esta representación cuente con mayores elementos para desarrollar de la mejor forma la función legislativa encomendada.
