México, Distrito Federal a 13 de Julio de 2011.- Ante la justificada preocupación de la sociedad tabasqueña respecto a la falta de información y presuntos malos manejos de recursos públicos del llamado Plan Hídrico Integral de Tabasco, la senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, pidió hoy a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que solicite a la Secretaría de la Función Pública y a la Auditoria Superior de la Federación, realicen una exhaustiva investigación sobre a las obras y acciones efectuadas recientemente por la Comisión Nacional del Agua y que entre otras cosas, implicó el retiro y sustitución parcial del tapete flexible recién instalado en el canal de alivio “El Tintillo”, en la Ranchería Barrancas y Guanal del municipio de Centro.
La representante popular expuso que a principios de este mes, los medios de comunicación locales de Tabasco, denunciaron públicamente que la CONAGUA había iniciado, sin explicación alguna, el retiro del tapete de concreto flexible recientemente colocado en el canal de alivio “El Tintillo”, en la ranchería Barrancas y Guanal en el municipio de Centro, Tabasco.
Por ello destacó que el canal fue construido a finales de 2008 por la empresa Sub Marelher S. de R.L. de C.V. como parte de las obras prioritarias del Plan Hídrico Integral de Tabasco, para restarle nivel al río Grijalva y disminuir la amenaza de desbordamiento en zona urbana de la capital del Estado.
López Hernández, manifestó en su exposición de motivos que de acuerdo con información proporcionada por la CONAGUA, la obra bajo el número de contrato SGIH-OCFS-TAB-08-TT-334-RF-D, tuvo un costo de 65 millones 549 mil 512 pesos y requirió la colocación de 3 mil 125 tapetes de concreto flexible ecológico, especiales contra la erosión, con un peso aproximado de 4.8 toneladas cada uno, los cuales forraron los cerca de 45 mil metros cuadrados del referido canal artificial.
Añadió que especialistas en hidráulica e ingeniería geológica, consultados por los propios medios de comunicación que dieron a conocer tales hechos, consideraron como un gasto innecesario no sólo haber colocado y luego retirado el tapete flexible, sino que además se pretendiera instalar uno nuevo tan sólo a dos años y medio de su colocación, siendo que en teoría el material utilizado para su elaboración tenía un periodo de vida de entre 20 y 25 años.
Ante estos señalamientos, -dijo la senadora del PRD- el pasado 1° de julio la CONAGUA emitió un escueto comunicado de prensa en donde indicó que era falso que se estuviera retirando todo el tapete flexible o que la obra no sirviera, según la autoridad del agua, lo que se había hecho “fue el retiro parcial del tapete, para el mantenimiento y nivelación del canal de alivio”.
“Esta respuesta ofrecida por la CONAGUA resulta aún insatisfactoria, en primer lugar porque persiste la duda sobre la propia utilidad del recubrimiento instalado en el canal de alivio, y en segundo lugar porque no se da una explicación sobre el retiro anticipado de una parte del tapete de concreto flexible, siendo que no ha transcurrido ni el 10 por ciento de su vida útil”, fustigó.
Prosiguió diciendo que “podríamos estar ante un nuevo caso de incumplimiento de las disposiciones normativas en materia de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos públicos, que traería como consecuencia distracción de recursos en obras innecesarias y, por supuesto, la postergación de medidas efectivas de protección que realmente den mayor tranquilidad a los tabasqueños ante las recurrentes inundaciones”.
Rosalinda López condenó la opacidad, la falta de confiabilidad y veracidad de la poca información reportada, ya que dijo ha sido una constante en el actuar de la CONAGUA, por lo menos en lo que se refiere al Plan Hídrico Integral de Tabasco, tanto que ni el Gobierno del Estado tiene acceso a la información sobre las acciones que instrumenta dicha autoridad federal.
Como ejemplo mencionó que en el caso expuesto el propio titular del Ejecutivo Local recientemente manifestó que desconocía la razón de que se estuvieran removiendo los tapetes flexibles, “cuando para su instalación se habían destinado grandes cantidades de dinero”.
Así mismo advirtió que a casi cuatro años de la gran inundación de 2007 y después de haberse erogado poco más de 6 mil millones de pesos que representan aproximadamente el 70 por ciento del presupuesto total del Plan Hídrico Integral de Tabasco, no se ha podido garantizar la seguridad de las familias tabasqueñas debido, entre otros aspectos, al retraso en la ejecución de las obras, a los casos de corrupción detectados y a las múltiples fallas que han presentado obras y acciones recientemente implementadas.
La senadora por Tabasco, refirió que el pasado 18 de mayo puso a consideración una proposición con punto de acuerdo para conocer información sobre el avance físico-financiero de las obras y acciones contempladas en dicho instrumento, así como respecto del estado que guardan las investigaciones ministeriales en relación con las denuncias de hechos presentadas por la Auditoria Superior de la Federación ante las diversas irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco, y que fueron detectadas durante la revisión de la cuenta pública de 2009.
La citada proposición fue dictaminada favorablemente por la Tercera Comisión y aprobada por el Pleno de esta Comisión Permanente, el pasado 1° de junio pero hoy en día, cuando todavía no reciben respuesta por parte de las autoridades involucradas, surgen nuevos señalamientos que hacen dudar si finalmente el Estado de Tabasco contará con la infraestructura de protección de calidad que requiere para reducir los efectos de las inundaciones o si nuevamente estemos ante un proyecto que, como ha ocurrido en el pasado, quedará trunco por efectos de la negligencia, la corrupción y la impunidad, a pesar de los diversos mecanismos de control o rendición de cuentas que existen en el país y que en teoría buscan promover una correcta aplicación de los recursos públicos.
La representante popular expuso que a principios de este mes, los medios de comunicación locales de Tabasco, denunciaron públicamente que la CONAGUA había iniciado, sin explicación alguna, el retiro del tapete de concreto flexible recientemente colocado en el canal de alivio “El Tintillo”, en la ranchería Barrancas y Guanal en el municipio de Centro, Tabasco.
Por ello destacó que el canal fue construido a finales de 2008 por la empresa Sub Marelher S. de R.L. de C.V. como parte de las obras prioritarias del Plan Hídrico Integral de Tabasco, para restarle nivel al río Grijalva y disminuir la amenaza de desbordamiento en zona urbana de la capital del Estado.
López Hernández, manifestó en su exposición de motivos que de acuerdo con información proporcionada por la CONAGUA, la obra bajo el número de contrato SGIH-OCFS-TAB-08-TT-334-RF-D, tuvo un costo de 65 millones 549 mil 512 pesos y requirió la colocación de 3 mil 125 tapetes de concreto flexible ecológico, especiales contra la erosión, con un peso aproximado de 4.8 toneladas cada uno, los cuales forraron los cerca de 45 mil metros cuadrados del referido canal artificial.
Añadió que especialistas en hidráulica e ingeniería geológica, consultados por los propios medios de comunicación que dieron a conocer tales hechos, consideraron como un gasto innecesario no sólo haber colocado y luego retirado el tapete flexible, sino que además se pretendiera instalar uno nuevo tan sólo a dos años y medio de su colocación, siendo que en teoría el material utilizado para su elaboración tenía un periodo de vida de entre 20 y 25 años.
Ante estos señalamientos, -dijo la senadora del PRD- el pasado 1° de julio la CONAGUA emitió un escueto comunicado de prensa en donde indicó que era falso que se estuviera retirando todo el tapete flexible o que la obra no sirviera, según la autoridad del agua, lo que se había hecho “fue el retiro parcial del tapete, para el mantenimiento y nivelación del canal de alivio”.
“Esta respuesta ofrecida por la CONAGUA resulta aún insatisfactoria, en primer lugar porque persiste la duda sobre la propia utilidad del recubrimiento instalado en el canal de alivio, y en segundo lugar porque no se da una explicación sobre el retiro anticipado de una parte del tapete de concreto flexible, siendo que no ha transcurrido ni el 10 por ciento de su vida útil”, fustigó.
Prosiguió diciendo que “podríamos estar ante un nuevo caso de incumplimiento de las disposiciones normativas en materia de planeación, programación, presupuestación y ejecución de recursos públicos, que traería como consecuencia distracción de recursos en obras innecesarias y, por supuesto, la postergación de medidas efectivas de protección que realmente den mayor tranquilidad a los tabasqueños ante las recurrentes inundaciones”.
Rosalinda López condenó la opacidad, la falta de confiabilidad y veracidad de la poca información reportada, ya que dijo ha sido una constante en el actuar de la CONAGUA, por lo menos en lo que se refiere al Plan Hídrico Integral de Tabasco, tanto que ni el Gobierno del Estado tiene acceso a la información sobre las acciones que instrumenta dicha autoridad federal.
Como ejemplo mencionó que en el caso expuesto el propio titular del Ejecutivo Local recientemente manifestó que desconocía la razón de que se estuvieran removiendo los tapetes flexibles, “cuando para su instalación se habían destinado grandes cantidades de dinero”.
Así mismo advirtió que a casi cuatro años de la gran inundación de 2007 y después de haberse erogado poco más de 6 mil millones de pesos que representan aproximadamente el 70 por ciento del presupuesto total del Plan Hídrico Integral de Tabasco, no se ha podido garantizar la seguridad de las familias tabasqueñas debido, entre otros aspectos, al retraso en la ejecución de las obras, a los casos de corrupción detectados y a las múltiples fallas que han presentado obras y acciones recientemente implementadas.
La senadora por Tabasco, refirió que el pasado 18 de mayo puso a consideración una proposición con punto de acuerdo para conocer información sobre el avance físico-financiero de las obras y acciones contempladas en dicho instrumento, así como respecto del estado que guardan las investigaciones ministeriales en relación con las denuncias de hechos presentadas por la Auditoria Superior de la Federación ante las diversas irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua en el estado de Tabasco, y que fueron detectadas durante la revisión de la cuenta pública de 2009.
La citada proposición fue dictaminada favorablemente por la Tercera Comisión y aprobada por el Pleno de esta Comisión Permanente, el pasado 1° de junio pero hoy en día, cuando todavía no reciben respuesta por parte de las autoridades involucradas, surgen nuevos señalamientos que hacen dudar si finalmente el Estado de Tabasco contará con la infraestructura de protección de calidad que requiere para reducir los efectos de las inundaciones o si nuevamente estemos ante un proyecto que, como ha ocurrido en el pasado, quedará trunco por efectos de la negligencia, la corrupción y la impunidad, a pesar de los diversos mecanismos de control o rendición de cuentas que existen en el país y que en teoría buscan promover una correcta aplicación de los recursos públicos.
