Pifias y más pifias en el gabinete granierista; amigos, equivocaciones y vivales
Los tropiezos del actual gobierno del estado no empezaron con las inundaciones —a las que Andrés Granier les ha echado la culpa sistemáticamente de todas las calamidades que ha sufrido Tabasco—, sino con los nombramientos en su gabinete; gente sin experiencia ni oficio político, cuyo único mérito ha sido ser amigos o conocidos del gobernador o haberse incrustado a su campaña en el momento justo, la mayoría de ellos unos vivales. Ejemplos de vivales hay muchos: Héctor López Peralta y Beatriz Luque Green, nuevos millonarios en la entidad, que han utilizado el presupuesto de las secretarías de Asentamientos y Obras Públicas, y de Educación, a su antojo y proyección personal. Por eso, la obra es escasa y la existente es gracias a la Federación, y por el otro lado, la calidad educativa estatal está por los suelos, en los últimos lugares nacionales. Otros son funcionarios de tercer nivel a los que incrustó en puestos clave para su gobierno, como Salvador Bravo en TVT, y Luisa Manrique y Teresa González, en Comunicación Social. El primero de ellos, estudiado pero ambicioso, vengativo y visceral, al grado que las instalaciones de la televisora estatal están cayéndose, mientras que el descontento de los trabajadores es evidente, pues la mayoría lo repudia por la mala administración que hizo. De las otras dos funcionarias, que en realidad nunca funcionaron, nada bueno se puede decir de ellas, pues pasaron todo el sexenio desapercibidas en las direcciones de Prensa y de Radio, respectivamente, donde además de bajar el sueldo a los trabajadores y correr a muchos más, mostraron su incapacidad y desconocimiento total del área. Su ignorancia es más que evidente, así lo demuestran los comentarios de los periodistas; no existe uno sólo, pagado o no, que no hable mal de ellas. Son la tostada y la guayaba del sexenio, se emborracharon de poder y ahora buscan incrustarse –así como lo hicieron en la campaña de Granier— en el equipo de Luis Felipe Graham. Mucho mal le harán al doctor, pues están más que quemadas con la prensa local, por déspotas y soberbias; pobres, a ver quien las toma en cuenta el próximo sexenio.
MIGUEL ROMERO Y ALFONSO CASTILLO, LOS CASOS MÁS SONADOS
Aunque los casos más sonados, por ser año electoral, son los de Miguel Alberto Romero Pérez y Alfonso Castillo Suárez, dos funcionarios de primer nivel que ya fueron relevados de sus cargos en el PRI y el IEPCT, respectivamente, pero que representan dos grandes tropiezos del gobierno estatal, pues aunque serviles al gobierno del estado, nunca fueron capaces de acatar sus órdenes, y por sus “pifias” jurídicas, el PRD está a un paso de las puertas de Palacio de Gobierno y la Quinta Grijalva. Durante los diez meses que Miguel Romero estuvo al frente de la dirigencia estatal del PRI, este partido sufrió tres severos descalabros que lo han dejado mal parado rumbo a la sucesión gubernamental. El primero de estos fue la revocación de su dirigencia en octubre del año pasado, y la segunda y tercera por los vicios ocultos en la selección del candidato a gobernador que lo han llevado a sufrir impugnación tras impugnación por parte de sus propios militantes, que han denunciado inequidad en sus procesos de selección de candidatos a gobernador y alcaldes. Cabe recordar que aunque Miguel Romero asumió la dirigencia estatal del PRI por primera vez el 8 de mayo de 2011, una impugnación del ahora secretario adjunto de la presidencia del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, obligó a los tricolores a reponer el proceso de selección del dirigente. En esa ocasión la acusación fue que nunca se emitió la convocatoria correspondiente, siendo revocada su dirigencia el 20 de octubre por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque el 29 de ese mismo mes fue ratificado nuevamente como dirigente.
En ese lapso de tiempo, otra impugnación promovida por Gutiérrez fue resuelta a su favor; la relacionada con la lista de miembros del Consejo Político Estatal que se mantenía oculta a pesar de ser un documento público y que al final fue sacada a la luz pública el mismo 30 de octubre por mandato del IFE. Con una serie de altibajos continuó la dirigencia hasta llegar el 19 de enero, cuando un comunicado del CEN del PRI daba a conocer la candidatura de unidad en torno a Jesús Alí para la gubernatura, situación que generó reacciones políticas y legales promovidas por Jaime Mier y Evaristo Hernández, quienes aún mantienen impugnado el proceso. Mier y Terán y Hernández Cruz promovieron recursos ante órganos partidistas, como la Comisión Estatal de Procesos Internos y de Justicia Partidaria, pero también ante el TEPJF. Las principal causa de impugnación y por la cual falló el pasado 7 de marzo el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación a favor de Jaime Mier fue porque el PRI no entregó las listas completas de militantes, pero también por acreditarse que el proceso de selección estuvo viciado de origen. De esta forma, se obligó al PRI a entregar los padrones de militantes y consejeros con detalles de nombre y municipio al que pertenecen, pero también a subsanar todas las anomalías, otorgándole cinco días para ello, lo que abre también la posibilidad de reponer el proceso en su totalidad. De Castillo Suárez ya se sabe todo, pues su debacle fue estrepitosa. Entre sus errores se encuentran el gasto inútil en nueva sede, pues en abril pasado se adquirió un edificio en casi 33 millones de pesos, pero que a la fecha no ha sido ocupado, por lo que siguen pagando renta de 1.2 millones al año por el inmueble de Eusebio Castillo, en el Centro.
Una redistritación armada para favorecer al PRI, partido al que en su etapa al frente del IEPCT jamás se sancionó, habiendo elementos para ello. Ante la solicitud de un ciudadano para que el Instituto Electoral hiciera públicas los bonos, costo de pólizas de seguros de vida, seguros de autos y salarios de consejeros, Castillo se negó a proporcionar estos datos, mientras que pese al acuerdo de racionalidad y austeridad implementado por el gobierno estatal, se descubrió que tan sólo en 2010 que no fue año electoral, el IEPCT gastó por concepto de gasolina un millón 50 mil pesos. Y para acabar, al anunciarse el adelanto del inicio del proceso electoral para el 24 de noviembre pasado, los consejeros se autorizaron un bono electoral de 20 mil pesos mensuales, bajo el argumento que trabajarían más de la cuenta, y con ello serán cerca 500 mil pesos los que se “embolsará” cada uno de ellos durante los siete meses que dure el proceso, sin contar que infructuosamente trataron de tumbar dos veces la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, que hoy camina como caballo de hacienda.
MIGUEL ROMERO Y ALFONSO CASTILLO, LOS CASOS MÁS SONADOS
Aunque los casos más sonados, por ser año electoral, son los de Miguel Alberto Romero Pérez y Alfonso Castillo Suárez, dos funcionarios de primer nivel que ya fueron relevados de sus cargos en el PRI y el IEPCT, respectivamente, pero que representan dos grandes tropiezos del gobierno estatal, pues aunque serviles al gobierno del estado, nunca fueron capaces de acatar sus órdenes, y por sus “pifias” jurídicas, el PRD está a un paso de las puertas de Palacio de Gobierno y la Quinta Grijalva. Durante los diez meses que Miguel Romero estuvo al frente de la dirigencia estatal del PRI, este partido sufrió tres severos descalabros que lo han dejado mal parado rumbo a la sucesión gubernamental. El primero de estos fue la revocación de su dirigencia en octubre del año pasado, y la segunda y tercera por los vicios ocultos en la selección del candidato a gobernador que lo han llevado a sufrir impugnación tras impugnación por parte de sus propios militantes, que han denunciado inequidad en sus procesos de selección de candidatos a gobernador y alcaldes. Cabe recordar que aunque Miguel Romero asumió la dirigencia estatal del PRI por primera vez el 8 de mayo de 2011, una impugnación del ahora secretario adjunto de la presidencia del PRI, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, obligó a los tricolores a reponer el proceso de selección del dirigente. En esa ocasión la acusación fue que nunca se emitió la convocatoria correspondiente, siendo revocada su dirigencia el 20 de octubre por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque el 29 de ese mismo mes fue ratificado nuevamente como dirigente.
En ese lapso de tiempo, otra impugnación promovida por Gutiérrez fue resuelta a su favor; la relacionada con la lista de miembros del Consejo Político Estatal que se mantenía oculta a pesar de ser un documento público y que al final fue sacada a la luz pública el mismo 30 de octubre por mandato del IFE. Con una serie de altibajos continuó la dirigencia hasta llegar el 19 de enero, cuando un comunicado del CEN del PRI daba a conocer la candidatura de unidad en torno a Jesús Alí para la gubernatura, situación que generó reacciones políticas y legales promovidas por Jaime Mier y Evaristo Hernández, quienes aún mantienen impugnado el proceso. Mier y Terán y Hernández Cruz promovieron recursos ante órganos partidistas, como la Comisión Estatal de Procesos Internos y de Justicia Partidaria, pero también ante el TEPJF. Las principal causa de impugnación y por la cual falló el pasado 7 de marzo el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación a favor de Jaime Mier fue porque el PRI no entregó las listas completas de militantes, pero también por acreditarse que el proceso de selección estuvo viciado de origen. De esta forma, se obligó al PRI a entregar los padrones de militantes y consejeros con detalles de nombre y municipio al que pertenecen, pero también a subsanar todas las anomalías, otorgándole cinco días para ello, lo que abre también la posibilidad de reponer el proceso en su totalidad. De Castillo Suárez ya se sabe todo, pues su debacle fue estrepitosa. Entre sus errores se encuentran el gasto inútil en nueva sede, pues en abril pasado se adquirió un edificio en casi 33 millones de pesos, pero que a la fecha no ha sido ocupado, por lo que siguen pagando renta de 1.2 millones al año por el inmueble de Eusebio Castillo, en el Centro.
Una redistritación armada para favorecer al PRI, partido al que en su etapa al frente del IEPCT jamás se sancionó, habiendo elementos para ello. Ante la solicitud de un ciudadano para que el Instituto Electoral hiciera públicas los bonos, costo de pólizas de seguros de vida, seguros de autos y salarios de consejeros, Castillo se negó a proporcionar estos datos, mientras que pese al acuerdo de racionalidad y austeridad implementado por el gobierno estatal, se descubrió que tan sólo en 2010 que no fue año electoral, el IEPCT gastó por concepto de gasolina un millón 50 mil pesos. Y para acabar, al anunciarse el adelanto del inicio del proceso electoral para el 24 de noviembre pasado, los consejeros se autorizaron un bono electoral de 20 mil pesos mensuales, bajo el argumento que trabajarían más de la cuenta, y con ello serán cerca 500 mil pesos los que se “embolsará” cada uno de ellos durante los siete meses que dure el proceso, sin contar que infructuosamente trataron de tumbar dos veces la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, que hoy camina como caballo de hacienda.
