Pistas para entender la “justicia por propia mano”

El 14 de diciembre del 2013 fue emboscada en Santo Domingo Yosoñama, Oaxaca, una camioneta de transporte público en donde viajaban cuatro mujeres, cuatro hombres y tres menores de edad. Los sicarios dispararon con armas de alto poder contra los ocupantes del vehículo; uno de los cuales salió e intentó huir corriendo pero fue alcanzado por los proyectiles de los matones. Posteriormente, en un acto vesánico, indigno hasta de un animal salvaje, los asesinos le prendieron fuego al vehículo y redujeron a cenizas los cuerpos de sus ocupantes. El atroz crimen es la más reciente operación criminal de la que se hace víctima a esa comunidad indígena oaxaqueña, a la que se quiere obligar a desistir de la defensa tenaz que hacen de las tierras que han ocupado desde tiempos ancestrales. Los grandes medios de comunicación, sin línea que les indicara poner en primer plano estos homicidios, sólo le dedicaron algunos párrafos y pocos segundos de su tiempo aire. Se mostraron más ocupados en destacar trivialidades, como indagar la marca y el precio de un reloj que le fue robado a un funcionario, o mostrando fotos y comentarios insulsos sobre una actriz retratada junto al cuerpo inerte de un animal, que en hacer un reportaje a fondo sobre el contexto del crimen y sus posibles responsables.
    Casi tres años antes de este crimen, treinta y nueve pobladores de Yosoñama fueron privados de su libertad por gente de San Juan Mixtepec, capitaneada entre otros por Leonel Martínez Sánchez, en ese entonces alcalde de ese municipio, para obligarlos a entregar las tierras que siempre han trabajado, pero que un juicio amañado ordenaba entregar a Mixtepec. Tras varios días del secuestro, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca certificó el hecho en los siguientes términos: “El treinta de mayo de dos mil diez, pobladores de San Juan Mixtepec, Juxtlahuaca, Oaxaca, aproximadamente a las 14:00 horas, privaron ilegalmente de su libertad a treinta y nueve personas originarias de Buena Vista, perteneciente al núcleo agrario de Santo Domingo Yosoñama, cuando se encontraban limpiando una parcelar para sembrar… Ahora bien, debe señalarse que la privación ilegal de la libertad de los agraviados, por parte de particulares, constituye un hecho grave que la sociedad y el Estado lo reprueban, porque no se puede condicionar el cumplimiento de una resolución cometiendo actos delictuosos…”. No había duda, el organismo defensor de los derechos humanos en Oaxaca, decía que la luz del día se estaba cometiendo un grave delito. Pero ninguna autoridad estatal o federal hizo caso de esos llamados a respetar las leyes y los derechos humanos; los secuestrados permanecieron encerrados durante 72 días en jacales habilitados como cárcel, hasta que la presión social, en forma de manifestaciones ante la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República, obligó a sus captores y a sus padrinos en el gobierno estatal a liberarlos, muchos de ellos prácticamente al borde de la muerte, debido a su edad avanzada, así como a enfermedades que adquirieron o que se les agravaron en cautiverio debido al frío, al desaseo, a la falta de alimento e incluso a la ingestión de sus propios orines, cuando inhumanamente se les negaba hasta un vaso de agua. Más aún, a pesar de la existencia de cientos de evidencias para probar la responsabilidad directa de varios sujetos en ese delito, no hubo ningún detenido. 
Por desgracia las cosas pararon ahí. A pesar de que los campesinos de Yosoñama aceptaron la propuesta de las autoridades agrarias de llegar a un arreglo “salomónico”, en el que ambas partes se quedaran con la mitad de las tierras y recibieran cantidades similares de recursos federales como indemnización, las agresiones en su contra no han cesado. Después del secuestro que padecieron han tenido que enterrar a más compañeros: a Miguel Cruz José, un destacado hijo del pueblo oaxaqueño, que en el momento de su asesinato, en diciembre de 2010, formaba parte de la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista y encabezaba a miles de campesinos mixtecos entre los que estaban los habitantes de Yosoñama; a cuatro campesinos más que han sido tiroteados en sus terrenos, y a las once víctimas de las que hablé al principio. De todo ello no hay ninguna investigación seria, ni estatal ni federal, y mucho menos algún responsable en la cárcel. Por el contrario, Leonel Martínez Sánchez, que aparece en un video disponible en las redes sociales justo en el momento en que detiene ilegalmente a los campesinos de Yosoñama para llevarlos a su cautiverio de 72 días, siguió tranquilamente su carrera política y actualmente es funcionario federal de la Sedatu en Oaxaca. Literalmente pasó de secuestrador a responsable oficial de promover vivienda popular.
    Los admiradores de la justicia por mano propia, puesta tan de moda y vestida con colores tan atractivos en nuestros días, pueden encontrar aquí suficientes elementos para darse cuenta del grado de atrocidad que puede alcanzar un grupo de gente que, literalmente, por sus pistolas y sin ningún procedimiento legal se convierte en acusador, ministerio público, juez y verdugo, con el agravante de que esos “justicieros” son , en muchas ocasiones, los caciques y abusadores que han controlado esas comunidades toda la vida, y que ahora reciben un lavado de cara proveniente de ciertas esferas del poder, que los necesitan como operadores locales de sus políticas. 
    Juzgue el lector si no está más que justificado que el martes más de diez mil campesinos, estudiantes y habitantes de colonias populares, agraviados por estos crímenes impunes, así como por el incumplimiento de muchos compromisos gubernamentales en materia de obra social en esa entidad, se hayan manifiestado en la capital de Oaxaca. Mi opinión es que deben luchar con todas sus fuerzas porque de otra manera nada cambiará. Los antorchistas oaxaqueños deben saber que cuentan con la solidaridad y el respaldo absoluto de todos sus compañeros de todo el país. Parafraseando a Shakespeare: algo está podrido en Oaxaca, y sólo el pueblo organizado puede limpiarlo.