Plan emergente para inversión, exige CCE

Ciudad de México, diciembre 5 del 2016.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el organismo que agrupa a cámaras y confederaciones del sector privado, urgió este lunes llevar a cabo políticas públicas emergentes para enfrentar la desaceleración del crecimiento económico del país en 2017, entre estas, programar con “cuidado” el aumento a los salarios y propiciar los financiamientos de la banca comercial y de desarrollo.
    El alto endeudamiento del país, el aumento en el déficit de la balanza comercial, la debilidad económica mundial y el “factor Trump”, son temas que, combinados, impedirían un crecimiento superior al 2 por ciento en 2017, lo que afectará el empleo y el bienestar de las familias,  explicó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en un mensaje.
    Por ello, consideró fundamental llevar a cabo “acciones emergentes” y planteó una serie de lineamientos que pueden “producir efectos rápidos en materia de inversión y de empleo”.
    “Al País le urgen políticas y objetivos con visión de largo plazo que puedan tener continuidad, sin importar los partidos políticos en el poder, para generar certidumbre, con un rumbo fijo a seguir para todos los agentes económicos”, señaló el líder empresarial en su comentario semanal.
    El CCE propuso que en el campo laboral, se requiere un programa integral de desarrollo del capital humano, con énfasis en la capacitación, “en balance adecuado con el tiempo familiar”, y “programar cuidadosamente el incremento a las remuneraciones en el tiempo, con el objetivo de que sea el poder adquisitivo el que crezca, más que los sueldos nominales”. Es preciso, dijo Castañón, evitar medidas, políticas o prácticas inflacionarias.
    Propuso la reducción paulatina de la deuda con relación al Producto Interno Bruto pata tener un plan fiscal, en su recaudación y su aplicación, que sea viable en el entorno fiscal ideal en el 2020.
    Castañón destacó también que los programas sociales dejen de ser “clientelares” y se orienten a crear una infraestructura física e intelectual productiva; ejercer sin demora el gasto público y aplicarlo en infraestructura; dar más flexibilidad a las asociaciones público-privadas; y asegurar un financiamiento real, competitivo y accesible, para las pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los tamaños.
    También recomendó que cuidar los niveles de las tasas activas y parámetros de otorgamiento de crédito de la banca de desarrollo; combinar programas de financiamientos de banca de desarrollo y banca comercial; establecer una política de estímulos fiscales con un efecto inmediato; mayores esfuerzos de recaudación en las entidades federativas y municipios, y acelerar los procesos de contabilidad gubernamental.
    En el plano de la macroeconomía, el CCE dijo que es fundamental que se mantengan los niveles de reservas internacionales y evitar una “posible reducción en la calificación crediticia, ya que la deuda del gobierno federal no debe exceder al 40 por ciento del PIB. Hoy, la tenemos en los niveles cercanos al 50 por ciento”.
    En materia de comercio exterior, Castañón puso sobre la mesa “afinar nuestra visión y estrategia nacional, definiendo prioridades, alternativas y políticas de prevención y respuesta” y un sistema de regulación eficiente para impulsar la actividad productiva.
    “Hoy en día, aún sigue sucediendo que en una mediana o pequeña empresa reciben en tres meses inspectores del Infonavit, inspectores del Seguro Social e inspectores del Trabajo, para la misma inspección, para los mismos datos. Tres esfuerzos que distraen la actividad productiva, cuando podrían estar coordinados, las instituciones de la República, para poder auditar y determinar si una empresa está cumpliendo”.
    Indicó además es “es difícil exagerar la trascendencia y la urgencia del combate a la corrupción, la impunidad, los espacios de ilegalidad y la inseguridad”. Pero afirmó que no hay “esperanza en las personas para construir una sociedad más libre y justa si desde el sistema político y como Estado no tenemos ya operando, y que ejerza sus facultades, el Sistema Nacional Anticorrupción”.