Podría pedir Comision inspectora a IEPCT informacion sobre edificio
Villahermosa, Tabasco, 6 de septiembre.- El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, presentó un punto de acuerdo en el seno de la Comisión Permanente, mediante el cual solicita que la primera Comisión Inspectora de Hacienda, que califica las cuentas públicas de los tres poderes y los organismos autónomos, pida al IPECT toda la información “legal, administrativa y pericial” sobre la compra del edificio que iba a albergar las oficinas del órgano electoral.
Además, solicitó que “se llame los consejeros electorales a comparecer a una reunión ante la citada comisión legislativa, en cuyo marco se analice dicho informe”, y pidió que la Contraloría Interna del IEPCT “investigue a fondo las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública 2011 y resuelva imponer, en su caso y a la mayor brevedad, las sanciones que correspondan en contra de los consejeros electorales y los funcionarios que avalaron dicha compraventa.”
El legislador perredista puso en la mesa del Congreso local, este polémico tema que a dos años de haberse llevado a cabo la operación de compraventa del inmueble, “ha consumido una discusión que ha perdido la batalla de la credibilidad y la congruencia, ante las singulares omisiones en que incurrieron los consejeros y funcionarios electorales que participaron en la compraventa”.
“Ahora que ya terminó el proceso electoral local y que está en curso la revisión y aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011, llegó el momento de fijar las responsabilidades, en virtud de que se trata de un caso que retrata fielmente la ambición, la falta de control y la opacidad que llega a afectar al poder político en Tabasco, sin importar el perjuicio que cause al interés y al patrimonio público”, argumentó Martínez Pérez.
Cuestionó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) haya concluido su informe sobre la adquisición del edificio del IEPCT sin estar bien sustentado en la Cédula de Observaciones que consignó con fecha del 9 de julio del 2010, pues realizó visitas de inspección del inmueble un mes después de concluida su investigación.
Pero lo que es más grave, dijo, el OSFE destacó la ausencia de un procedimiento legal pulcro y preciso que dé justificación idónea a la referida compraventa, ya que la Junta Estatal Ejecutiva del IEPCT, a pesar de contar con un acuerdo aprobado mediante acta del 29 de septiembre de 2010”.
Indicó que la “irregular adquisición” del edificio se encuentra en el Informe de resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011, que rindió el OSFE, por más que ahora el fiscal Francisco Rullán trate de minimizar los hechos.
Detrás del proceso de adquisición, aseguró Martínez Pérez, se cometieron muchas más omisiones que actos comprobatorios de la compraventa, no obstante que a posteriori, el IEPCT haya entregado al OSFE actas, oficios y fichas técnicas para tratar de solventar las observaciones hechas durante la revisión de la cuenta pública, y que no acreditan fehacientemente la oportunidad, legalidad y pertinencia de las decisiones tomadas en este caso.
A su juicio en esta compra irregular están involucrados los seis consejeros electorales, incluido su presidente provisional Gustavo Rodríguez Castro, la Junta Estatal Ejecutiva, el director de Administración, al secretario técnico y la Coordinación Jurídica, y hasta el jefe de Departamento de Servicios Materiales.
A este último, el órgano electoral “exhortó, según dice la Cédula de Observaciones, a corregir la deficiente integración del respectivo expediente de adquisición”.
Dijo que esta controvertida adquisición no sólo revela el incumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento de compraventa, como la ausencia de dictámenes legales, técnicos y periciales, sino también el presunto sobreprecio del inmueble, lo cual en verdad es el problema de fondo aún no esclarecido.
Ante la falta de conocimiento de los avalúos de los tres edificios analizados, ha trascendido que el valor real del inmueble adquirido oscila entre los 16 y 19 millones, y no los 32 millones de pesos que fueron pagados al propietario, agregó.
Por ello, asombra la ligereza con que el fiscal superior Rullán Silva evade la responsabilidad de una revisión acuciosa de todo el proceso de adquisición y quisiera limitar el análisis a la pura legalidad formal, es decir, al acopio de oficios, fichas técnicas y actas recogidas a posteriori, sin querer entrar al análisis de los dictámenes valuatorios y periciales sobre el valor del inmueble, así como al examen de las condiciones físico-constructivas del inmueble.
Además, solicitó que “se llame los consejeros electorales a comparecer a una reunión ante la citada comisión legislativa, en cuyo marco se analice dicho informe”, y pidió que la Contraloría Interna del IEPCT “investigue a fondo las presuntas irregularidades detectadas durante la revisión de la cuenta pública 2011 y resuelva imponer, en su caso y a la mayor brevedad, las sanciones que correspondan en contra de los consejeros electorales y los funcionarios que avalaron dicha compraventa.”
El legislador perredista puso en la mesa del Congreso local, este polémico tema que a dos años de haberse llevado a cabo la operación de compraventa del inmueble, “ha consumido una discusión que ha perdido la batalla de la credibilidad y la congruencia, ante las singulares omisiones en que incurrieron los consejeros y funcionarios electorales que participaron en la compraventa”.
“Ahora que ya terminó el proceso electoral local y que está en curso la revisión y aprobación de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2011, llegó el momento de fijar las responsabilidades, en virtud de que se trata de un caso que retrata fielmente la ambición, la falta de control y la opacidad que llega a afectar al poder político en Tabasco, sin importar el perjuicio que cause al interés y al patrimonio público”, argumentó Martínez Pérez.
Cuestionó que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) haya concluido su informe sobre la adquisición del edificio del IEPCT sin estar bien sustentado en la Cédula de Observaciones que consignó con fecha del 9 de julio del 2010, pues realizó visitas de inspección del inmueble un mes después de concluida su investigación.
Pero lo que es más grave, dijo, el OSFE destacó la ausencia de un procedimiento legal pulcro y preciso que dé justificación idónea a la referida compraventa, ya que la Junta Estatal Ejecutiva del IEPCT, a pesar de contar con un acuerdo aprobado mediante acta del 29 de septiembre de 2010”.
Indicó que la “irregular adquisición” del edificio se encuentra en el Informe de resultados de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2011, que rindió el OSFE, por más que ahora el fiscal Francisco Rullán trate de minimizar los hechos.
Detrás del proceso de adquisición, aseguró Martínez Pérez, se cometieron muchas más omisiones que actos comprobatorios de la compraventa, no obstante que a posteriori, el IEPCT haya entregado al OSFE actas, oficios y fichas técnicas para tratar de solventar las observaciones hechas durante la revisión de la cuenta pública, y que no acreditan fehacientemente la oportunidad, legalidad y pertinencia de las decisiones tomadas en este caso.
A su juicio en esta compra irregular están involucrados los seis consejeros electorales, incluido su presidente provisional Gustavo Rodríguez Castro, la Junta Estatal Ejecutiva, el director de Administración, al secretario técnico y la Coordinación Jurídica, y hasta el jefe de Departamento de Servicios Materiales.
A este último, el órgano electoral “exhortó, según dice la Cédula de Observaciones, a corregir la deficiente integración del respectivo expediente de adquisición”.
Dijo que esta controvertida adquisición no sólo revela el incumplimiento de formalidades esenciales del procedimiento de compraventa, como la ausencia de dictámenes legales, técnicos y periciales, sino también el presunto sobreprecio del inmueble, lo cual en verdad es el problema de fondo aún no esclarecido.
Ante la falta de conocimiento de los avalúos de los tres edificios analizados, ha trascendido que el valor real del inmueble adquirido oscila entre los 16 y 19 millones, y no los 32 millones de pesos que fueron pagados al propietario, agregó.
Por ello, asombra la ligereza con que el fiscal superior Rullán Silva evade la responsabilidad de una revisión acuciosa de todo el proceso de adquisición y quisiera limitar el análisis a la pura legalidad formal, es decir, al acopio de oficios, fichas técnicas y actas recogidas a posteriori, sin querer entrar al análisis de los dictámenes valuatorios y periciales sobre el valor del inmueble, así como al examen de las condiciones físico-constructivas del inmueble.
