Por la inseguridad, se arman 40 comunidades en Michoacán
MÉXICO, D.F. 18 de enero de 2013 (apro).- La amenaza latente del crimen organizado sumado al abandono de las autoridades locales y federales han obligado a unas 40 poblaciones indígenas del estado de Michoacán a adoptar el esquema de guardias comunitarias, mismas que ahora buscan formalizar. Uno de los casos más sonados es el de Urapicho, comunidad indígena ubicada en el municipio de Paracho. En agosto pasado, el gobierno estatal en coordinación con el federal instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) a cambio de que los indígenas levantaran los retenes civiles que habían instalado en las entradas de su comunidad y depusieran sus armas. Los habitantes accedieron y permanecieron en paz con la presencia de militares y policías federales y estatales, pero su tranquilidad se terminó hace justo una semana, luego de que la BOM fuera retirada de la zona.
A falta de policías, los comuneros retomaron sus armas y reinstalaron las guardias comunitarias y el ejemplo fue retomado por alrededor de 40 comunidades más, casi todas de la región Oriente de Michoacán. Los habitantes de esas poblaciones buscan no sólo mantenerlas, sino expandirlas y que sean legalmente reconocidas. Alejandro Avilés Reyes, secretario de Pueblos Indígenas en el estado, comenta que se buscará que, en la ley reglamentaria a la reforma que se aplicó a la Constitución de Michoacán en materia indígena, se reconozca a las guardias comunitarias.
El funcionario reconoció que se ha retomado esa vieja práctica en poblaciones donde ésta ya había quedado atrás, luego del saqueo de los recursos naturales, actividad que ahora está ligada también a grupos de la delincuencia organizada. Puso como ejemplo justamente el de la comunidad de Urapicho, que reinstaló sus barricadas como mecanismo de autodefensa luego del retiro de la BOM. “Ellos tienen un temor de que pudieran ser atacados, dado que uno de los personajes que supuestamente era el que comandaba todo en la región apareció muerto por ahí”, justifi ca. Avilés Reyes subraya que hasta el momento esas guardias comunitarias no son legalmente reconocidas por el gobierno, pero consideró que eso cambiará una vez que se concrete la elaboración, aprobación y publicación de la ley reglamentaria a la reforma que se aplicó a la Constitución del estado en materia indígena. La reforma prevé el reconocimiento a las formas tradicionales de gobierno y organización de los pueblos originarios, lo que les permitirá formalizar las guardias comunitarias cuando una población así lo requiera. También afi rma que la Secretaría de Pueblos Indígenas y la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso local ya trabajan en la elaboración del reglamento.
