Por oficio se protegerá a mujeres o niñas víctimas de algún delito
Congreso aprueba reformas la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
VILLAHERMOSA, TABASCO. El pleno del Congreso del Estado aprobó reformas a varios artículos de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de violencia para que se emitan de oficio las órdenes de protección a mujeres o niñas en situación de vulnerabilidad, que hayan sido víctimas de algún hecho delictivo.
Las reformas aprobadas por unanimidad señalan que autoridades administrativas o los fiscales del Ministerio Pública de la Fiscalía General del Estado (FGE) deberán emitir las órdenes para proteger a mujeres o niñas a más tardar cuatro horas después del hecho sufrido.
Las víctimas contarán con este beneficio durante sesenta días, prorrogables por 30 más o durante el tiempo que dure la investigación o “hasta que cese la situación de riesgo”.
Además señala que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de algún delito contra mujeres o niñas deberá denunciarlo de inmediato ante la FGE.
Las ordenes de protección podrán emitirse en cualquier municipio, aunque sea distinto a donde ocurrió el hecho que las amerita.
El dictamen de reformas aprobado fue emitido por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados local.
Por otra parte, el pleno aprobó negar a los ayuntamientos de Jalpa de Méndez y Huimanguillo ampliaciones presupuestales para cumplir con el pago de laudos laborales.
El gobierno de Jalpa de Méndez había solicitado 4 millones 280 mil pesos y el de Huimanguillo alrededor de 151 millones de pesos.
Las reformas aprobadas por unanimidad señalan que autoridades administrativas o los fiscales del Ministerio Pública de la Fiscalía General del Estado (FGE) deberán emitir las órdenes para proteger a mujeres o niñas a más tardar cuatro horas después del hecho sufrido.
Las víctimas contarán con este beneficio durante sesenta días, prorrogables por 30 más o durante el tiempo que dure la investigación o “hasta que cese la situación de riesgo”.
Además señala que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones tenga conocimiento de algún delito contra mujeres o niñas deberá denunciarlo de inmediato ante la FGE.
Las ordenes de protección podrán emitirse en cualquier municipio, aunque sea distinto a donde ocurrió el hecho que las amerita.
El dictamen de reformas aprobado fue emitido por la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados local.
Por otra parte, el pleno aprobó negar a los ayuntamientos de Jalpa de Méndez y Huimanguillo ampliaciones presupuestales para cumplir con el pago de laudos laborales.
El gobierno de Jalpa de Méndez había solicitado 4 millones 280 mil pesos y el de Huimanguillo alrededor de 151 millones de pesos.
