Porque no hubo consenso, organizaciones civiles rechazan reformas constitucionales

VILLAHERMOSA, TABASCO. 07 DE AGOSTO DE 2013. Un grupo de Organizaciones Civiles manifestaron su desacuerdo con las reformas en materia política y electoral aprobadas el lunes en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Asuntos Electorales y Participación Ciudadana.
    Mediante un documento enviado al presidente de la Comisión Permanente, Francisco Javier Cabrera Sandoval, exigieron al Congreso del Estado que corrija lo aprobado –todavía se puede hacer cuando el dictamen baje al pleno-, y tome en cuenta las propuestas de la sociedad.
    Las organizaciones en desacuerdo con las reformas aprobadas el lunes en comisiones son la Asociación Ecológica Santo Tomas, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), la Red Municipalista de Tabasco, el Foro Permanente de las ONGs para una participación democrática, MAIZ Tabasco y el C-lus del Colegio de Abogados Tabasqueños.
    Señalaron que aunque ahora para solicitar un referéndum o plebiscito es necesario un número de firmas equivalente al 2 por ciento del listado nominal de electorales (antes era el 10 por ciento), el porcentaje sigue siendo elevado, pues se requerirían las rubricas de –por ejemplo- 30 mil ciudadanos para un asunto del ámbito estatal. También criticaron que se haya aumentado a 40 por ciento el porcentaje de participación en una consulta popular, para que ésta tenga valor legal, cuando antes bastaba con el 30 por ciento.
    Manifestaron que cualquier ciudadano debe tener derecho a presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa popular, y no como se pretende, que ésta sea respaldada por al menos el 0.13 por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral (unas 2 mil firmas). En rueda de prensa que ofrecieron en la biblioteca del Congreso del Estado, señalaron que la reducción de los plazos para que un funcionario público se separe del cargo para participar en un proceso electoral, en este caso 90 días, se debió tomar en cuenta en relación a la fecha de registro ante el IEPCT y no de la elección.
    De igual forma, lamentaron que se pretenda ampliar el plazo de 10 a 20 días para que el Ejecutivo pueda vetar una reforma legal o ley aprobada por la Cámara de Diputados.
    Y criticaron que no se establezcan sanciones para los funcionarios que siendo llamados por el Congreso no acudan a explicar aspectos relacionados con sus dependencias.