Prácticas corruptas y mafiosas del gobierno en el poder
Contratos incentivados en Pemex contra los trabajadores petroleros
El antecedente de los contratos incentivados lo encontramos en los compromisos establecidos por Carlos Salinas de Gortari ente la firma del tratado de libre comercio (TLC) firmado entre el gobierno de México, Canadá y Estados de Norteamérica, en el acuerdo marco firmado por Ernesto Zedillo Ponce de León y en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmado por Vicente Fox y refrendado por Felipe Calderón. PRI y PAN a favor de la privatización de Pemex
Este tipo de contratos permiten a las compañías privadas nacionales y extranjeras explorar, explotar, almacenar y transportar el petróleo que pertenece a la Nación, por un periodo de 25 años con opción de ampliación por otro periodo o más sin licitación alguna. Todo esto bajo el amparo de la Reforma Energética de Octubre de 2008 propuesta por Felipe Calderón y aprobada por diputados y senadores del PAN, del PRI y algunos del PRD.
Uno de los objetivos de este tipo de contratos es dar entrada a la Iniciativa Privada en campos maduros, y eliminar todo obstáculo del camino para ir a los de aguas profundas. En otras palabras es apoderarse de gran parte de nuestra renta petrolera. Adamas, Petróleos Mexicanos (PEMEX) tendrá que pagar entre el 70 y el 80 por ciento de los servicios que se requieran para extraer un barril de crudo (instalación de equipo, caminos, etc.).
Y, por si fuera poco, se encuentre o no petróleo, Pemex tendrá que pagar los gastos a las compañías.
A lo anterior, se añade una clausula en el contrato: Pemex no puede demandar a las compañías contratadas por cualquier causa incluyendo:
ineficiencia, negligencia o abuso en el desarrollo de sus actividades.
La postura del gobierno calderonista respecto a la industria petrolera: “su insistencia en la propuesta de ofrecer a las trasnacionales la exploración de aguas profundas para aumentar el volumen de extracción y mantener los esquemas de financiamiento y la política de Contratos de Servicios Múltiples que ha imperado hasta el momento”.
En el mes de marzo de 2011, Petróleos Mexicanos lanzo al mercado la primera ronda de licitaciones bajo el esquema de Contratos Integrales para Exploración y Producción (Contratos Integrales EP, conocidos como Contratos de Desempeño), para los primeros tres campos maduros, los bloques Magallanes, Carrizo y Santuario, localizados en la región sur del país. 17 compañías petroleras y de servicios, obtuvieron de PEMEX, la primera preclasificación para continuar en el proceso.
El 18 de agosto 2011, en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, en Villahermosa, Tabasco, se realizo el acto de presentación y apertura de proposiciones, evaluaciones, fallo y adjudicación de contratos a las empresas seleccionadas. Juan José Suárez Coopel, Director General de Pemex, entrego los tres primeros contratos incentivados a compañías privadas, una nacional y otra extranjera, referidos a los campos petroleros maduros ubicados en la región sureste del país, con un área de 310 Km2, el más grande a la compañía Británica PETROFAC, campos santuario y Sánchez Magallanes, con 996 pozos; y a la Mexicana “Administradora de Proyectos”, el campo Carrizo, con 43 pozos.
“Con estos contratos Pemex sale perdiendo, ya que no solo se entrega el petróleo, sino el control absoluto de la instalaciones de Pemex, su dirección, operación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos incluyendo el gas”.
¿Y el papel de los trabajadores, de los sindicalizados, donde queda?
Es claro e inocultable que este desmantelamiento y entrega de Pemex solo pudo darse de manera “tan tersa” contando con el silencio, sumisión, complicidad y visto bueno de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Ya que todos los trabajos de exploración y explotación, los realizaban trabajadores petroleros sindicalizados, manuales, técnicos e ingenieros con tecnología y equipo de Pemex.
Todos estos trabajos pasaran ahora, a ser desarrollados por las compañías privadas, donde los trabajadores se verán privados de prestaciones económicas, seguridad social, capacitación para el trabajo y la estabilidad en su empleo dependerá de los vaivenes económicos y las arbitrariedades de sus contratistas y de las empresas contratantes.
PEMEX es claro ejemplo de las prácticas corruptas y mafiosas entre el gobierno en el poder (PRI o PAN) y un sindicalismo servil, corrupto y antidemocrático; refleja y demuestra la realidad y costos de la precarización del trabajo: la sobreexplotación, el “contratismo y subcontratismo”, la corrupción en contubernio con la dirigencia sindical; las condiciones de trabajo están flexibilizadas a su máxima expresión, condenando a la pobreza e incertidumbre a miles de trabajadores petroleros y sus familias.
Todo ello pone en grave riesgo el presente y futuro energético de México; en una clara y agresiva herencia lesiva de la alternancia PRI-PAN, cuyo ejercicio del poder siempre ha sido contrario a los intereses nacionales y de la clase trabajadora.
Los “Contratos Incentivados” en PEMEX, se suman la larga lista de ataques a los derechos humanos laborales, y a la vida de las y los trabajadores a lo largo del sexenio de Felipe Calderón.
www.telesurtv.net
Te puedes documentar e informar en nuestra página www.cnee-sur.net y enviar tus comentarios y colaboraciones a: [email protected] ó [email protected]
El antecedente de los contratos incentivados lo encontramos en los compromisos establecidos por Carlos Salinas de Gortari ente la firma del tratado de libre comercio (TLC) firmado entre el gobierno de México, Canadá y Estados de Norteamérica, en el acuerdo marco firmado por Ernesto Zedillo Ponce de León y en la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), firmado por Vicente Fox y refrendado por Felipe Calderón. PRI y PAN a favor de la privatización de Pemex
Este tipo de contratos permiten a las compañías privadas nacionales y extranjeras explorar, explotar, almacenar y transportar el petróleo que pertenece a la Nación, por un periodo de 25 años con opción de ampliación por otro periodo o más sin licitación alguna. Todo esto bajo el amparo de la Reforma Energética de Octubre de 2008 propuesta por Felipe Calderón y aprobada por diputados y senadores del PAN, del PRI y algunos del PRD.
Uno de los objetivos de este tipo de contratos es dar entrada a la Iniciativa Privada en campos maduros, y eliminar todo obstáculo del camino para ir a los de aguas profundas. En otras palabras es apoderarse de gran parte de nuestra renta petrolera. Adamas, Petróleos Mexicanos (PEMEX) tendrá que pagar entre el 70 y el 80 por ciento de los servicios que se requieran para extraer un barril de crudo (instalación de equipo, caminos, etc.).
Y, por si fuera poco, se encuentre o no petróleo, Pemex tendrá que pagar los gastos a las compañías.
A lo anterior, se añade una clausula en el contrato: Pemex no puede demandar a las compañías contratadas por cualquier causa incluyendo:
ineficiencia, negligencia o abuso en el desarrollo de sus actividades.
La postura del gobierno calderonista respecto a la industria petrolera: “su insistencia en la propuesta de ofrecer a las trasnacionales la exploración de aguas profundas para aumentar el volumen de extracción y mantener los esquemas de financiamiento y la política de Contratos de Servicios Múltiples que ha imperado hasta el momento”.
En el mes de marzo de 2011, Petróleos Mexicanos lanzo al mercado la primera ronda de licitaciones bajo el esquema de Contratos Integrales para Exploración y Producción (Contratos Integrales EP, conocidos como Contratos de Desempeño), para los primeros tres campos maduros, los bloques Magallanes, Carrizo y Santuario, localizados en la región sur del país. 17 compañías petroleras y de servicios, obtuvieron de PEMEX, la primera preclasificación para continuar en el proceso.
El 18 de agosto 2011, en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, en Villahermosa, Tabasco, se realizo el acto de presentación y apertura de proposiciones, evaluaciones, fallo y adjudicación de contratos a las empresas seleccionadas. Juan José Suárez Coopel, Director General de Pemex, entrego los tres primeros contratos incentivados a compañías privadas, una nacional y otra extranjera, referidos a los campos petroleros maduros ubicados en la región sureste del país, con un área de 310 Km2, el más grande a la compañía Británica PETROFAC, campos santuario y Sánchez Magallanes, con 996 pozos; y a la Mexicana “Administradora de Proyectos”, el campo Carrizo, con 43 pozos.
“Con estos contratos Pemex sale perdiendo, ya que no solo se entrega el petróleo, sino el control absoluto de la instalaciones de Pemex, su dirección, operación, transporte, almacenamiento y distribución de los hidrocarburos incluyendo el gas”.
¿Y el papel de los trabajadores, de los sindicalizados, donde queda?
Es claro e inocultable que este desmantelamiento y entrega de Pemex solo pudo darse de manera “tan tersa” contando con el silencio, sumisión, complicidad y visto bueno de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).
Ya que todos los trabajos de exploración y explotación, los realizaban trabajadores petroleros sindicalizados, manuales, técnicos e ingenieros con tecnología y equipo de Pemex.
Todos estos trabajos pasaran ahora, a ser desarrollados por las compañías privadas, donde los trabajadores se verán privados de prestaciones económicas, seguridad social, capacitación para el trabajo y la estabilidad en su empleo dependerá de los vaivenes económicos y las arbitrariedades de sus contratistas y de las empresas contratantes.
PEMEX es claro ejemplo de las prácticas corruptas y mafiosas entre el gobierno en el poder (PRI o PAN) y un sindicalismo servil, corrupto y antidemocrático; refleja y demuestra la realidad y costos de la precarización del trabajo: la sobreexplotación, el “contratismo y subcontratismo”, la corrupción en contubernio con la dirigencia sindical; las condiciones de trabajo están flexibilizadas a su máxima expresión, condenando a la pobreza e incertidumbre a miles de trabajadores petroleros y sus familias.
Todo ello pone en grave riesgo el presente y futuro energético de México; en una clara y agresiva herencia lesiva de la alternancia PRI-PAN, cuyo ejercicio del poder siempre ha sido contrario a los intereses nacionales y de la clase trabajadora.
Los “Contratos Incentivados” en PEMEX, se suman la larga lista de ataques a los derechos humanos laborales, y a la vida de las y los trabajadores a lo largo del sexenio de Felipe Calderón.
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