El PRD exige auditoría a las finanzas estatales
El perredista Juan José Peralta Fócil, a nombre del grupo, emplazó al titular del OSF, Francisco Rullán Silva, para que inicie una auditoría a las finanzas del estado y de a conocer al Congreso y a la opinión pública el monto real de la deuda
VILLAHERMOSA, TABASCO, 29 DE MARZO DE 2011.- Tal y como se anunció la víspera, un grupo de diputados del PRD, dirigió un escrito al fiscal superior, Francisco Rullán Silva, para que “desentrañe algunos cuestionamientos” en torno a la deuda pública del estado, a raíz de las revelaciones que hizo un diario de circulación nacional, en el sentido de que en 2010 el gobierno de Andrés Granier Melo, al igual que otros estados, “empeñó” al cien por ciento las participaciones federales para la contratación de deuda. De ser cierta esta información, advierten, obliga a que usted asuma plenamente sus funciones y competencias legales como fiscal superior, y salga en defensa y salvaguarde el patrimonio público de todos los tabasqueños.
Lo emplazaron a que a brevedad inicie una auditoría a las finanzas del estado que derive en un informe especial para conocer todo lo relacionado con la deuda pública, con la finalidad de “evitar y resarcir el profundo daño” que se le ha infligido al “patrimonio público”, lo que compromete el futuro de las nuevas generaciones. Desde la tribuna legislativa, el perredista Juan José Peralta Fócil, a nombre del grupo, emplazó al fiscal superior para que informe al Congreso y a los tabasqueños al monto real de la deuda pública del estado y el incremento que ha tenido en este gobierno.
Que el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) explique en qué se ha destinado los préstamos contratados por el gobierno estatal, bajo qué garantías y las “fuentes de pago de la señalada deuda”. “No es preciso esperar a la conclusión del actual ejercicio presupuestal para poder realizar las indagaciones correspondientes, pues la misma Ley de Fiscalización Superior del Estado establece salvedades para el principio de anualidad”, señalen los legisladores del PRD en el escrito dirigido a Rullán Silva. En el documento, los legisladores Lorena Méndez Denis, Bernardo Barradas Ruiz, Alterio Ramos Pérez y Peralta Fócil, le piden al fiscal superior que inicie “las indagaciones y auditorías correspondientes, así como la realización de un informe especial a que haya lugar, a efecto de evitar y resarcir el profundo daño que se le hecho al patrimonio y al futuro sustentable de las nuevas generaciones de tabasqueños”.
De inmediato respondió la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y diputada del PRI, Marcela González García, quien dijo que lo publicado en el diario Reforma “no significa que dichos ingresos federales, sean destinados para garantizar el pago de las deudas estatales.” Aseveró que la deuda pública del estado “representa sólo un 6 por ciento en relación a su presupuesto y un 12 por ciento en relación al monto de las participaciones federales”, y aseguró se ha hecho “una mala interpretación” a lo publicado por ese diario. Los recursos enviados por el gobierno federal, dijo la ex subsecretaria de Ingresos de Granier, no están comprometidos en su totalidad hacia el pago de la deuda del gobierno estatal, e insistió en que los datos manejados en ese medio impreso no son correctos, sino “erróneos”. En tanto, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres De la Fuente, afirmó que el tema de las participaciones federales genera incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos, como el caso de los deudores diversos, asunto que la Secretaría de Finanzas no ha querido transparentar.
Lo emplazaron a que a brevedad inicie una auditoría a las finanzas del estado que derive en un informe especial para conocer todo lo relacionado con la deuda pública, con la finalidad de “evitar y resarcir el profundo daño” que se le ha infligido al “patrimonio público”, lo que compromete el futuro de las nuevas generaciones. Desde la tribuna legislativa, el perredista Juan José Peralta Fócil, a nombre del grupo, emplazó al fiscal superior para que informe al Congreso y a los tabasqueños al monto real de la deuda pública del estado y el incremento que ha tenido en este gobierno.
Que el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) explique en qué se ha destinado los préstamos contratados por el gobierno estatal, bajo qué garantías y las “fuentes de pago de la señalada deuda”. “No es preciso esperar a la conclusión del actual ejercicio presupuestal para poder realizar las indagaciones correspondientes, pues la misma Ley de Fiscalización Superior del Estado establece salvedades para el principio de anualidad”, señalen los legisladores del PRD en el escrito dirigido a Rullán Silva. En el documento, los legisladores Lorena Méndez Denis, Bernardo Barradas Ruiz, Alterio Ramos Pérez y Peralta Fócil, le piden al fiscal superior que inicie “las indagaciones y auditorías correspondientes, así como la realización de un informe especial a que haya lugar, a efecto de evitar y resarcir el profundo daño que se le hecho al patrimonio y al futuro sustentable de las nuevas generaciones de tabasqueños”.
De inmediato respondió la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y diputada del PRI, Marcela González García, quien dijo que lo publicado en el diario Reforma “no significa que dichos ingresos federales, sean destinados para garantizar el pago de las deudas estatales.” Aseveró que la deuda pública del estado “representa sólo un 6 por ciento en relación a su presupuesto y un 12 por ciento en relación al monto de las participaciones federales”, y aseguró se ha hecho “una mala interpretación” a lo publicado por ese diario. Los recursos enviados por el gobierno federal, dijo la ex subsecretaria de Ingresos de Granier, no están comprometidos en su totalidad hacia el pago de la deuda del gobierno estatal, e insistió en que los datos manejados en ese medio impreso no son correctos, sino “erróneos”. En tanto, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres De la Fuente, afirmó que el tema de las participaciones federales genera incertidumbre y desconfianza entre los ciudadanos, como el caso de los deudores diversos, asunto que la Secretaría de Finanzas no ha querido transparentar.
