Presenta JJMP iniciatia de reforma a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos

Villahermosa, Tabasco, 17 de octubre.- El  diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, presentó en la doble sesión de este miércoles una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, para que “el Congreso revalore el ejercicio de calificar la cuenta pública, y reviva el espíritu esencial por el cual fue creado, mejorar la calidad de vida de todos los tabasqueños, a través de una debida, integral y justa aplicación del gasto público”.
    Para ello propuso adicionar un apartado único a esa normatividad en el que se establezcan las sanciones que en especial se deberán de aplicar a aquellos servidores públicos que por acciones u omisiones en el desempeño de su encargo, ocasionen un daño a la hacienda pública.
    El legislador solaztequista señaló que la calificación de las cuentas públicas ha “perdido su objetivo principal” al constreñirse a “intereses políticos” y la actuación del Congreso local se limita al informe de resultados que le entrega el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE).
    Martínez Pérez apuntó que, aunque el informe de resultados “abarca un mínimo porcentaje del total del recurso público que maneja el Ejecutivo del Estado”, cuando se acredita que hubo un desvío del presupuesto el o los responsables sólo reciben “una simple amonestación pública o privada” o se les descuenta tres días de salario.
    Esas sanciones, expuso el legislador perredista, constituyen “una burla para los tabasqueños, puesto que no se devuelve el recurso, no se inhabilita o castiga con una pena ejemplar, a quienes hayan cometido tal ilícito; y lo que es peor aún, estos señores siguen desempeñándose en el empleo público”.
    Citó tres ejemplos fallidos de sanción a servidores públicos que han incurrido en anomalías y a pesar de ello no recibieron el castigo que les correspondía, por lo que no hubo “equilibrio entre el daño a la hacienda pública y la sanción a aplicar”.
    Eso pasó con la cuenta pública del Ejecutivo del 2009, en el gasto del Instituto de Educación para Adultos, donde se detectó que se malversaron 6 millones 200 mil pesos, dinero que no ha sido devuelto a las arcas estatales; lo mismo ocurrió en el 2006 con el Servicio Estatal de Empleo, donde no se justificó el uso de un millón de pesos; o las irregularidades encontradas en la Secretaría de Salud en la cuenta pública de hace tres años, por un monto de siete millones de pesos.
    No obstante el desvío del recurso público, el tiempo pasa y ningún servidor público es responsabilizado del desvío o la indebida aplicación del gasto público, dijo Martínez Pérez, situación que se ha repetido con el asunto del CECYTE, donde también se ha podido documentar una serie de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
    “Se acreditó que en el ejercicio fiscal 2011 se realizaron en dicha dependencia pagos de bonos y compensaciones excesivas, que con lleva a un daño a la hacienda pública  por más de 5 millones de pesos, de los cuales se dictamino devolver tan sólo 2 millones de pesos”.
    No obstante de ello, agregó, uno de los servidores públicos “que fue cómplice de esta irregularidad”, Normando Granados, hoy en día es Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco, “quien en fechas pasadas, declaró a diversos medios de comunicación que esta dispuesto a devolver los 35 mil pesos de bonos que recibió durante el 2011, de lo que hay que destacar que más allá de devolver el recurso indebidamente aplicado, se trata de resarcir los daños a la hacienda pública, y originar los mecanismos y herramientas necesarias para que los ciudadanos tabasqueños tengan confianza en que el erario público se invierte de forma justa, eficiente y legal.”
    Por ello propone se aplique una sanción al servidor público que ocasione un daño al erario público “hasta por una cantidad igual o superior a 100 mil pesos; que se le obligue a devolver el mono total del daño causado a las finanzas y que se le inhabilite para ocupar cargo público de tres a 20 años, según la gravedad del caso.
    “Las sanciones antes citadas, serán independientes de la averiguación previa que de oficio inicie el Ministerio Público competente, para ello, la Secretaria o dependencia conocedora, realizara las acciones conducentes para el inicio y conclusión de la indagatoria respectiva”.