Presenta PRD iniciativa de ley para crear el Centro de Estudios de las Finanzas Pública
Villahermosa, Tabasco, 30 de agosto.- El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, presentó en el seno de la Comisión Permanente una iniciativa de ley para crear el Centro de Estudios de las Finanzas Pública, precisar las facultades del Instituto de Investigaciones Legislativas y sentar las bases para establecer el Sistema Civil de Carrera para esa instancia.
Este organismo tendría además la facultad para realizar una valoración económica de las iniciativas de naturaleza fiscal y presupuestaria, así como establecer relaciones de coordinación entre el Consejo Estatal de Evaluación y el Congreso local, a través de comisiones competentes, “para efectos de la evaluación del desempeño y el presupuesto con base a resultados”.
Para ello, Martínez Pérez propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el Reglamento Interior del Congreso; la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y la Ley de Planeación.
En su argumentación, el legislador perredista señaló que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ha permitido al Congreso federal “realizar con oportunidad, imparcialidad y objetividad las funciones de análisis, discusión, interpretación y generación de reportes sobre una diversidad de materias, lo que ha fortalecido las tareas de control, fiscalización y evaluación del Poder Legislativo frente a la Administración Pública Federal”.
Aseguró que el marco jurídico del Poder Legislativo de Tabasco “arrastra francos retrocesos en comparación con el orden normativo federal, no sólo en materia de la actuación de órganos técnicos preparados, competentes e independientes, sino también en el funcionamiento democrático de las estructuras de gobierno interno.”
Dijo que a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue modificada en el 2002 no se hizo de manera integral y no obstante los cambios que se le hicieron al Reglamento Interior de la Cámara de Diputados local hace seis años, no se pudo “eliminar disposiciones caducas en materia de fiscalización y rendición de cuentas, no obstante que dichos temas fueron el objeto central de la última reforma.”
En el contexto de la alternancia en el poder que decidió la mayoría de la ciudadanía tabasqueña, expuso Martínez Pérez, es hora de emprender una reforma de fondo al marco jurídico del Legislativo local, para brindarle órganos técnicos vigorosos y competentes que le sirvan para cumplir con independencia sus tareas de revisión, control y evaluación de la administración pública estatal. Es necesario, agregó, que el Congreso del Estado conceda autonomía técnica, de gestión y presupuestaria al existente Instituto de Investigaciones Legislativas; y otorgar el mismo estatus a un nuevo Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, así como precisar las relaciones de información y colaboración que desarrollarán ante las diversas entidades y dependencias del Ejecutivo estatal.
De acuerdo a esta iniciativa, se buscarían los acuerdos entre los grupos parlamentarios para nombrar a los titulares de los órganos técnicos que se proponen mediante mayoría calificada, y crear el Sistema Civil de Carrera Parlamentaria, “con el fin de garantizar que el personal técnico que los formará sea elegido con base al mérito profesional y concederles estabilidad laboral, en aras de promover la imparcialidad y objetividad de sus funciones.”
Este organismo tendría además la facultad para realizar una valoración económica de las iniciativas de naturaleza fiscal y presupuestaria, así como establecer relaciones de coordinación entre el Consejo Estatal de Evaluación y el Congreso local, a través de comisiones competentes, “para efectos de la evaluación del desempeño y el presupuesto con base a resultados”.
Para ello, Martínez Pérez propone modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo; el Reglamento Interior del Congreso; la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; y la Ley de Planeación.
En su argumentación, el legislador perredista señaló que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ha permitido al Congreso federal “realizar con oportunidad, imparcialidad y objetividad las funciones de análisis, discusión, interpretación y generación de reportes sobre una diversidad de materias, lo que ha fortalecido las tareas de control, fiscalización y evaluación del Poder Legislativo frente a la Administración Pública Federal”.
Aseguró que el marco jurídico del Poder Legislativo de Tabasco “arrastra francos retrocesos en comparación con el orden normativo federal, no sólo en materia de la actuación de órganos técnicos preparados, competentes e independientes, sino también en el funcionamiento democrático de las estructuras de gobierno interno.”
Dijo que a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue modificada en el 2002 no se hizo de manera integral y no obstante los cambios que se le hicieron al Reglamento Interior de la Cámara de Diputados local hace seis años, no se pudo “eliminar disposiciones caducas en materia de fiscalización y rendición de cuentas, no obstante que dichos temas fueron el objeto central de la última reforma.”
En el contexto de la alternancia en el poder que decidió la mayoría de la ciudadanía tabasqueña, expuso Martínez Pérez, es hora de emprender una reforma de fondo al marco jurídico del Legislativo local, para brindarle órganos técnicos vigorosos y competentes que le sirvan para cumplir con independencia sus tareas de revisión, control y evaluación de la administración pública estatal. Es necesario, agregó, que el Congreso del Estado conceda autonomía técnica, de gestión y presupuestaria al existente Instituto de Investigaciones Legislativas; y otorgar el mismo estatus a un nuevo Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, así como precisar las relaciones de información y colaboración que desarrollarán ante las diversas entidades y dependencias del Ejecutivo estatal.
De acuerdo a esta iniciativa, se buscarían los acuerdos entre los grupos parlamentarios para nombrar a los titulares de los órganos técnicos que se proponen mediante mayoría calificada, y crear el Sistema Civil de Carrera Parlamentaria, “con el fin de garantizar que el personal técnico que los formará sea elegido con base al mérito profesional y concederles estabilidad laboral, en aras de promover la imparcialidad y objetividad de sus funciones.”
