PRI logra aprobar Ley de Seguridad Pública
Entre los beneficiarios de esta “seguridad mínima personal” figuran el gobernador Andrés Granier Melo, el titular del Poder Judicial, el Subprocurador de Justicia y el director de Averiguación Previas, lo mismo que la familia de estos servidores públicos
VILLAHERMOSA, TABASCO, 2 DE ABRIL.- Con su voto, el PRI logró aprobar las reformas a la Ley de Seguridad Pública “con el propósito de otorgar seguridad personal mínima a quienes desempeñan o hayan desempeñado cargos relativos a la seguridad pública, procuración e impartición de justicia”.
El dictamen fue aprobado con 18 votos a favor del PRI y 13 votos en contra, del PRD y del PAN. Y entre los beneficiarios de esta “seguridad mínima personal” figuran el gobernador Andrés Granier Melo, el titular del Poder Judicial, el Subprocurador de Justicia y el director de Averiguación Previas, lo mismo que la familia de estos servidores públicos.
Se puso como argumento para brindar protección policiaca al mandatario y a su familia “los ataques registrados contra los servidores públicos de esas áreas y en contra de candidatos a cargos de elección popular, por parte de la delincuencia organizada, que buscan amedrentar a las autoridades para cesar la lucha por combatir la inseguridad en la entidad”.
En la ley también se estableció que durante los periodos electorales, la Secretaría de Seguridad Pública debe brindar medidas de seguridad a los candidatos a gobernador, a alcaldes y diputados locales que lo soliciten a través del IEPCT.
En su intervención, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez rechazó el dictamen por considerar que no debe haber en el estado ciudadanos de primera y de segunda, y apuntó que es obligación del gobierno estatal “proteger la vida y el patrimonio de las personas”, no brindar “privilegios de protección personal a ex gobernadores y los altos ex servidores públicos.”
Este dictamen, expuso, “carece de los resultados de la lucha contra el crimen organizado, ni explora la percepción de la sociedad sobre su confianza en las instituciones policiales y de administración de justicia; además, no aclara el origen del personal que conformará la seguridad personal de los ex funcionarios.”
En defensa del dictamen subió la diputada del PRI, Yolanda Rueda de la Cruz, quien destacó la necesidad de “garantizar la seguridad a los funcionarios, los cuales arriesgan su vida en cumplimiento de su deber.”
Expresó que con estas modificaciones sólo se actualizó la Ley de Seguridad Pública “para una mejor aplicación” de la misma en la entidad, e indicó que en otros estados del país se han aprobado este tipo de reformas para “otorgar protección a la integridad de los funcionarios y sus familias dedicados al combate a la delincuencia.”
En su turno, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, señaló que hubo un error de procedimiento en la aprobación del dictamen, ya que el mismo no tomó en cuenta la opinión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual debe dar su parecer respecto al impacto presupuesto que significará la aplicación de esta reforma.
El legislador panista propuso regresar a comisiones el dictamen. Sin embargo, el PRI se opuso y aprobó el mismo con sus votos.
Cáceres de la Fuente cuestionó que se les pretenda brindar protección a servidores públicos y al pueblo se le deje en total indefensión, porque no hay elementos policiacos que protejan su integridad y patrimonio.
El diputado del PRD, Francisco Antonio Ortiz Ávalos, criticó que sólo se esté pensando en proteger a los funcionarios mientras que a la ciudadanía se le deja a merced de la delincuencia, por lo que auguró que esta reforma tendrá el “repudio” de los tabasqueños.
El dictamen fue aprobado con 18 votos a favor del PRI y 13 votos en contra, del PRD y del PAN. Y entre los beneficiarios de esta “seguridad mínima personal” figuran el gobernador Andrés Granier Melo, el titular del Poder Judicial, el Subprocurador de Justicia y el director de Averiguación Previas, lo mismo que la familia de estos servidores públicos.
Se puso como argumento para brindar protección policiaca al mandatario y a su familia “los ataques registrados contra los servidores públicos de esas áreas y en contra de candidatos a cargos de elección popular, por parte de la delincuencia organizada, que buscan amedrentar a las autoridades para cesar la lucha por combatir la inseguridad en la entidad”.
En la ley también se estableció que durante los periodos electorales, la Secretaría de Seguridad Pública debe brindar medidas de seguridad a los candidatos a gobernador, a alcaldes y diputados locales que lo soliciten a través del IEPCT.
En su intervención, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez rechazó el dictamen por considerar que no debe haber en el estado ciudadanos de primera y de segunda, y apuntó que es obligación del gobierno estatal “proteger la vida y el patrimonio de las personas”, no brindar “privilegios de protección personal a ex gobernadores y los altos ex servidores públicos.”
Este dictamen, expuso, “carece de los resultados de la lucha contra el crimen organizado, ni explora la percepción de la sociedad sobre su confianza en las instituciones policiales y de administración de justicia; además, no aclara el origen del personal que conformará la seguridad personal de los ex funcionarios.”
En defensa del dictamen subió la diputada del PRI, Yolanda Rueda de la Cruz, quien destacó la necesidad de “garantizar la seguridad a los funcionarios, los cuales arriesgan su vida en cumplimiento de su deber.”
Expresó que con estas modificaciones sólo se actualizó la Ley de Seguridad Pública “para una mejor aplicación” de la misma en la entidad, e indicó que en otros estados del país se han aprobado este tipo de reformas para “otorgar protección a la integridad de los funcionarios y sus familias dedicados al combate a la delincuencia.”
En su turno, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, señaló que hubo un error de procedimiento en la aprobación del dictamen, ya que el mismo no tomó en cuenta la opinión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual debe dar su parecer respecto al impacto presupuesto que significará la aplicación de esta reforma.
El legislador panista propuso regresar a comisiones el dictamen. Sin embargo, el PRI se opuso y aprobó el mismo con sus votos.
Cáceres de la Fuente cuestionó que se les pretenda brindar protección a servidores públicos y al pueblo se le deje en total indefensión, porque no hay elementos policiacos que protejan su integridad y patrimonio.
El diputado del PRD, Francisco Antonio Ortiz Ávalos, criticó que sólo se esté pensando en proteger a los funcionarios mientras que a la ciudadanía se le deja a merced de la delincuencia, por lo que auguró que esta reforma tendrá el “repudio” de los tabasqueños.
