El dictamen es un compendio de “mentiras absolutas”, sostuvo Martínez Pérez. (Foto. Joel Arias)
VILLAHERMOSA, TABASCO, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- Los diputados del PRI, con sus aliados del PT, PVEM y PANAL, en una decisión “deshonesta”, convalidaron “un atraco más al pueblo” al aprobar por la vía del “fast track” la cuenta pública del Ejecutivo, a pesar que seis legisladores priistas tenían un “interés personal” en la misma y no se abstuvieron de votar, y no obstante que la muestra que revisó el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) era “ínfima” y “ridícula”, pues sólo fiscalizó 10 de cada cien pesos de un presupuesto de poco más de 35 mil millones de pesos que se ejercieron el año pasado.
No hubo debate en tribuna, sino razonamientos del voto en contra y favor del dictamen.
Están solapando a poderosos contratistas y a funcionarios corruptos, pues las observaciones del OSFE no fueron atendidas y son hechos graves, expresó el líder de la bancada del PRD, Juan José Martínez Pérez, y cuestionó que el dictamen se sometiera, en esos términos, a la decisión del pleno.
Son posturas personales y rebatingas políticas. No tienen objetividad ni sustentos esos cuestionamientos, replicó Carlos Manuel de la Cruz Alcudia.
El coordinador del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, pidió que el dictamen fuera regresado a comisiones para que nuevamente se discutiera, pues a su juicio presentaba serias inconsistencias.
La mayoría priista y sus aliados, dijeron que no, y esa decisión fue aplaudida “por la porra contratada por el PRI”, que ayer abucheó a los diputados del PRD y del PAN, y aplaudió a los tricolores.
En total, seis oradores en contra y uno solo a favor, pero con el respaldo de la mayoría abrumadora.
El primero en abrir fuego fue Julio Alonso Manzano Rosas, del PRD, quien dijo que los diputados del PRI por intereses políticos y partidistas votarían a favor del dictamen y acusó al OSFE de ser cómplice de la “forma tan corrupta” como se han manejado los recursos públicos en el estado.
Aseveró que esta forma de gobernar es lo que ha llevado a Tabasco a la pobreza, al desempleo, a la marginación, situación que se ha agravado con los desastres naturales que enfrenta.
El dictamen, expuso, debe ser analizado a fondo para castigar las irregularidades, pero que los priistas “están obligados a encubrir estas faltas”, pues no se ejercieron los recursos para los que fueron destinados.
Por ello, indicó Manzano Rosas, no aceptamos la imposición de aceptar algo que no es cierto, y pidió que el dictamen fuera regresado a comisiones, se le finquen responsabilidades a quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas; no podemos votar fast track esta cuenta que afecta a los tabasqueños, agregó.
En defensa del dictamen, de la Cruz Alcudia aseguró que la revisión de la cuenta del Ejecutivo se hizo conforme a la ley y rechazó que haya anomalías en la misma. Refirió que se revisaron en total 37 proyectos que representan el 18 por ciento de la muestra y se fiscalizaron poco más de 698 millones, es decir el 24 por ciento de los recursos contenidos en la muestra.
En el 2009, el gobierno de Andrés Granier ejerció un presupuesto de 35 mil 301 millones 795 mil pesos. Consideró “lamentable” la actitud asumida por la oposición, y aseguró que son “inadmisibles” los señalamientos que hace a la cuenta pública, porque no están debidamente fundamentados.
Acusó al PRD y al PAN de buscar el “chantaje”, de ejercer la crítica sin fundamento y dar golpes mediáticos, pero que el que señala está obligado a probar y que ellos no lo han hecho hasta ahora.
Dijo que sólo buscan tender una “cortina de humo” para “confundir” a la opinión pública, y aseveró que con el gobierno de Granier “hay más avances que pendientes y hay que reconocerlo”.
Y advirtió: “no somos ni seremos tapadera de nadie” y que si hay responsables de alguna irregularidad se le aplique el peso de la ley.
Y como de la Cruz Alcudia pedía pruebas, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez se las mostró.
Enseguida le enumeró una serie de irregularidades cometidas en varios proyectos de obras y en la que involucró a “poderosos contratistas” como Manuel Santandreu y a “funcionarios corruptos” como Héctor López Peralta, titular de la SAOP.
Esto no es chantaje ni son golpes mediáticos, sino que el dictamen es un compendio de “mentiras absolutas”, sostuvo Martínez Pérez, y dio a conocer las pruebas falsas que constructoras presentaron como buenas, con quedó demostrado “los actos de corrupción” cometidos con las obras públicas.
Aseveró que por eso no le alcanza el dinero al gobierno, porque amigos y compadres se han dedicado a robar el presupuesto público con las obras que les han asignado, por lo que pidió a los priistas que no solaparan estos hechos, pero ni se inmutaron.
Luego, su compañero de bancada, Juan José Peralta Fócil, dijo que se cometió una “grave y delicada omisión” en el dictamen, pues el documento no dice de que tamaño será la “muestra representativa” en la que basó el OSFE su trabajo de fiscalización de la cuenta pública del Ejecutivo.
Encontró esa respuesta en una declaración periodística del fiscal superior, Francisco Rullán Silva, donde reconoce que revisó solo el 10 por ciento de los poco más de 35 mil millones de pesos que ejerció Granier el año pasado.
Esto es, que solo diez de cada cien pesos fiscalizó y dejó en la opacidad 80 de cada cien pesos. Criticó que mientras al Ejecutivo nada más la revisó el diez por ciento, a los ayuntamientos, a los que Rullán persigue y hostiga, les revisó el 55 por ciento.
Es decir, dijo Peralta Fócil, el fiscal superior no mide con la misma vara a Granier, pues solo le revisa el 10 por ciento de lo ejercicio y a los municipios les aplica otro parámetro de revisión, por lo que se trata de una muestra “ínfima y ridícula”.
Dijo además, que en la calificación de la cuenta del Ejecutivo se violó “flagrantemente” el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues seis diputados tienen un “interés personal” en dicha cuenta, pues cuando formaron parte del actual gobierno “firmaron órdenes de pago” por lo que debieron de abstenerse y no lo hicieron.
Denunció que Rullán Silva cambió por su voluntad el reglamento del OSFE para que sólo puedan tener acceso a la documentación de las cuentas públicas los diputados que integran las tres comisiones inspectoras de Hacienda.
Aquí vino a decir de la Cruz Alcudia que no serían tapadera de nadie. Aclaración no pedida, aceptación manifiesta, razonó Peralta.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, dijo por su parte que la calificación de las cuentas públicas no es sólo una cuestión legal, sino también tiene que ver con la ética, y expuso que Andrés Granier fue a la Hacienda a pedir 300 millones de pesos cuando diversos deudores no le han cubierto 2 mil 600 millones de pesos, mientras contratistas “se roban el dinero” del presupuesto.
También calificó de “irrisoria” la muestra que usó el “mago” de Rullán para calificar la cuenta pública, y apuntó que mientras se distraen con la revisión de la cuenta pública de los municipios, a los que inclusive se persigue, se deja pasar como si nada el 80 por ciento del presupuesto del estado, sin fiscalización alguna.
El diputado Alterio Ramos, del PRD, cuestionó que la cuenta pública se maneje “como secreto de estado” y deploró que “la pandilla” del gobernador se siga robando el dinero del pueblo.
Por su parte, la diputada Lorena Méndez Denis, dijo que no es posible que se pretenda consumar “un atraco más al pueblo de Tabasco”, y expresó que el PRI descalifica la postura de la oposición para tender una cortina de humo y no se vea la falta de transparencia.
Por eso, expuso, es “deshonesto lo que los diputados del PRI van a hacer el día de hoy”, porque aprobar la cuenta pública del Ejecutivo es convertirse en “cómplice”, por lo que pidió a los diputados de su partido se sumen para pedir por la vía legal y jurídica, se le aplique la ley a Granier.
Ya no pudo seguir hablando, porque el presidente de la mesa directiva ordenó que le cerraran el micrófono. Esto generó la protesta de los diputados del PRD. Bellizia pidió al secretario que se sometiera a votación el dictamen.
Como consecuencia de este incidente, el dictamen fue votado tres veces. Primero, se dijo que el dictamen había sido aprobado con 28 votos a favor y cuatro abstenciones. Luego, se cambió a 27 favor, uno en contra y tres abstenciones, y el conteo final fue 20 votos a favor y 11 en contra. Las cifras no cuadraron, había 33 diputados presentes en la sesión y solo se contabilizaron, primero 32 votos, y luego 31.
Luego, sin discusión se aprobaron también las cuentas públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la del Instituto de Transparencia. El PRI aplicó su mayoría con sus aliados de siempre.
No hubo debate en tribuna, sino razonamientos del voto en contra y favor del dictamen.
Están solapando a poderosos contratistas y a funcionarios corruptos, pues las observaciones del OSFE no fueron atendidas y son hechos graves, expresó el líder de la bancada del PRD, Juan José Martínez Pérez, y cuestionó que el dictamen se sometiera, en esos términos, a la decisión del pleno.
Son posturas personales y rebatingas políticas. No tienen objetividad ni sustentos esos cuestionamientos, replicó Carlos Manuel de la Cruz Alcudia.
El coordinador del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, pidió que el dictamen fuera regresado a comisiones para que nuevamente se discutiera, pues a su juicio presentaba serias inconsistencias.
La mayoría priista y sus aliados, dijeron que no, y esa decisión fue aplaudida “por la porra contratada por el PRI”, que ayer abucheó a los diputados del PRD y del PAN, y aplaudió a los tricolores.
En total, seis oradores en contra y uno solo a favor, pero con el respaldo de la mayoría abrumadora.
El primero en abrir fuego fue Julio Alonso Manzano Rosas, del PRD, quien dijo que los diputados del PRI por intereses políticos y partidistas votarían a favor del dictamen y acusó al OSFE de ser cómplice de la “forma tan corrupta” como se han manejado los recursos públicos en el estado.
Aseveró que esta forma de gobernar es lo que ha llevado a Tabasco a la pobreza, al desempleo, a la marginación, situación que se ha agravado con los desastres naturales que enfrenta.
El dictamen, expuso, debe ser analizado a fondo para castigar las irregularidades, pero que los priistas “están obligados a encubrir estas faltas”, pues no se ejercieron los recursos para los que fueron destinados.
Por ello, indicó Manzano Rosas, no aceptamos la imposición de aceptar algo que no es cierto, y pidió que el dictamen fuera regresado a comisiones, se le finquen responsabilidades a quienes resulten responsables de las irregularidades detectadas; no podemos votar fast track esta cuenta que afecta a los tabasqueños, agregó.
En defensa del dictamen, de la Cruz Alcudia aseguró que la revisión de la cuenta del Ejecutivo se hizo conforme a la ley y rechazó que haya anomalías en la misma. Refirió que se revisaron en total 37 proyectos que representan el 18 por ciento de la muestra y se fiscalizaron poco más de 698 millones, es decir el 24 por ciento de los recursos contenidos en la muestra.
En el 2009, el gobierno de Andrés Granier ejerció un presupuesto de 35 mil 301 millones 795 mil pesos. Consideró “lamentable” la actitud asumida por la oposición, y aseguró que son “inadmisibles” los señalamientos que hace a la cuenta pública, porque no están debidamente fundamentados.
Acusó al PRD y al PAN de buscar el “chantaje”, de ejercer la crítica sin fundamento y dar golpes mediáticos, pero que el que señala está obligado a probar y que ellos no lo han hecho hasta ahora.
Dijo que sólo buscan tender una “cortina de humo” para “confundir” a la opinión pública, y aseveró que con el gobierno de Granier “hay más avances que pendientes y hay que reconocerlo”.
Y advirtió: “no somos ni seremos tapadera de nadie” y que si hay responsables de alguna irregularidad se le aplique el peso de la ley.
Y como de la Cruz Alcudia pedía pruebas, el diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez se las mostró.
Enseguida le enumeró una serie de irregularidades cometidas en varios proyectos de obras y en la que involucró a “poderosos contratistas” como Manuel Santandreu y a “funcionarios corruptos” como Héctor López Peralta, titular de la SAOP.
Esto no es chantaje ni son golpes mediáticos, sino que el dictamen es un compendio de “mentiras absolutas”, sostuvo Martínez Pérez, y dio a conocer las pruebas falsas que constructoras presentaron como buenas, con quedó demostrado “los actos de corrupción” cometidos con las obras públicas.
Aseveró que por eso no le alcanza el dinero al gobierno, porque amigos y compadres se han dedicado a robar el presupuesto público con las obras que les han asignado, por lo que pidió a los priistas que no solaparan estos hechos, pero ni se inmutaron.
Luego, su compañero de bancada, Juan José Peralta Fócil, dijo que se cometió una “grave y delicada omisión” en el dictamen, pues el documento no dice de que tamaño será la “muestra representativa” en la que basó el OSFE su trabajo de fiscalización de la cuenta pública del Ejecutivo.
Encontró esa respuesta en una declaración periodística del fiscal superior, Francisco Rullán Silva, donde reconoce que revisó solo el 10 por ciento de los poco más de 35 mil millones de pesos que ejerció Granier el año pasado.
Esto es, que solo diez de cada cien pesos fiscalizó y dejó en la opacidad 80 de cada cien pesos. Criticó que mientras al Ejecutivo nada más la revisó el diez por ciento, a los ayuntamientos, a los que Rullán persigue y hostiga, les revisó el 55 por ciento.
Es decir, dijo Peralta Fócil, el fiscal superior no mide con la misma vara a Granier, pues solo le revisa el 10 por ciento de lo ejercicio y a los municipios les aplica otro parámetro de revisión, por lo que se trata de una muestra “ínfima y ridícula”.
Dijo además, que en la calificación de la cuenta del Ejecutivo se violó “flagrantemente” el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pues seis diputados tienen un “interés personal” en dicha cuenta, pues cuando formaron parte del actual gobierno “firmaron órdenes de pago” por lo que debieron de abstenerse y no lo hicieron.
Denunció que Rullán Silva cambió por su voluntad el reglamento del OSFE para que sólo puedan tener acceso a la documentación de las cuentas públicas los diputados que integran las tres comisiones inspectoras de Hacienda.
Aquí vino a decir de la Cruz Alcudia que no serían tapadera de nadie. Aclaración no pedida, aceptación manifiesta, razonó Peralta.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, dijo por su parte que la calificación de las cuentas públicas no es sólo una cuestión legal, sino también tiene que ver con la ética, y expuso que Andrés Granier fue a la Hacienda a pedir 300 millones de pesos cuando diversos deudores no le han cubierto 2 mil 600 millones de pesos, mientras contratistas “se roban el dinero” del presupuesto.
También calificó de “irrisoria” la muestra que usó el “mago” de Rullán para calificar la cuenta pública, y apuntó que mientras se distraen con la revisión de la cuenta pública de los municipios, a los que inclusive se persigue, se deja pasar como si nada el 80 por ciento del presupuesto del estado, sin fiscalización alguna.
El diputado Alterio Ramos, del PRD, cuestionó que la cuenta pública se maneje “como secreto de estado” y deploró que “la pandilla” del gobernador se siga robando el dinero del pueblo.
Por su parte, la diputada Lorena Méndez Denis, dijo que no es posible que se pretenda consumar “un atraco más al pueblo de Tabasco”, y expresó que el PRI descalifica la postura de la oposición para tender una cortina de humo y no se vea la falta de transparencia.
Por eso, expuso, es “deshonesto lo que los diputados del PRI van a hacer el día de hoy”, porque aprobar la cuenta pública del Ejecutivo es convertirse en “cómplice”, por lo que pidió a los diputados de su partido se sumen para pedir por la vía legal y jurídica, se le aplique la ley a Granier.
Ya no pudo seguir hablando, porque el presidente de la mesa directiva ordenó que le cerraran el micrófono. Esto generó la protesta de los diputados del PRD. Bellizia pidió al secretario que se sometiera a votación el dictamen.
Como consecuencia de este incidente, el dictamen fue votado tres veces. Primero, se dijo que el dictamen había sido aprobado con 28 votos a favor y cuatro abstenciones. Luego, se cambió a 27 favor, uno en contra y tres abstenciones, y el conteo final fue 20 votos a favor y 11 en contra. Las cifras no cuadraron, había 33 diputados presentes en la sesión y solo se contabilizaron, primero 32 votos, y luego 31.
Luego, sin discusión se aprobaron también las cuentas públicas de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la del Instituto de Transparencia. El PRI aplicó su mayoría con sus aliados de siempre.
