PRI y PAN se declaran la guerra; se acusan de corruptos y narcos
MÉXICO, D.F., 16 de enero.- A cinco meses de la elección para gobernador en Sonara, el PRI y el PAN iniciaron una “guerra” de desplegados en los que se acusan mutuamente de elegir a candidatos a puestos de elección corruptos o ligados al crimen organizado.
La ‘guerra sucia’ comenzó el pasado jueves 15 con un desplegado a plana entera en el que cinco regidores priistas de Hermosillo retaron al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, a ser congruente con lo que pregona en sus spots sobre el sistema anticorrupción.
“México no va por el camino correcto, está herido por la violencia, manchado por la corrupción. Metamos a los corruptos a la cárcel con el nuevo Sistema Anticorrupción. Que nadie nos diga que no se puede, ¡claro que podemos! ¿A poco no?”, reza el spot del PAN.
En su desplegado, los regidores le dicen a Anaya: “Le queremos lanzar el reto de pasar de los dichos a los hechos.
“Qué le parece si se pone a prueba la realidad que vive Sonora y se compromete públicamente a NO proteger ni negociar las demandas penales contra el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y el presidente municipal de Hermosillo, Javier Gándara Magaña ¿A poco no? ¿Cómo?”, ironizan los priistas.
Y luego muestran una lista de bienes y acciones que, según ellos, demuestran que los dos funcionarios panistas “han roto todos los récords de corrupción”.
En el caso de Padrés Elías, los priistas afirman que posee un rancho de 350 hectáreas de cultivo de nogal y presa propia para su riego, en Arizpe, Sonora, con valor d 400 millones de pesos; un Campo Agrícola “San Miguel” con 105 hectáreas de cultivo de nogal, en Banámichi, Sonora, valuado en 60 millones de pesos.
Otro campo agrícola “Vivinaro” de 63 hectáreas en Huéapac, Sonora, con valor de 45 millones; caballerizas “de primer mundo” con maternidad, quirófano y potrero con más de 150 caballos pura sangre, en Hermosillo, con valor de 120 millones de pesos.
Además de 10 mil millones de pesos sin comprobar ante IASF y ASF, y terrenos, edificios, compañías constructoras, hoteles y fraccionamientos que ahora son propiedad del gobernador y su familia.
A Gándara Magaña le atribuyen el desvío de 245 millones de pesos durante su gestión como alcalde y la “desaparición” de 147 millones más; 380 millones gastados en imagen personal, de manera ilegal, a través de Fundación Ganfer; la venta “fraudulenta” de “varios” terrenos en Hermosillo, al presidente del PAN en Sonora, Juan Bautista Valencia Durazo.
También lo acusan de haber vendido el rastro de Hermosillo, tres días antes de concluir su gestión, a la mitad de su valor “a una empresa formada por sus amigos 14 días antes de cerrar la operación”, y de la venta de un lote de 422 unidades vehiculares en 249 mil pesos, 591 pesos en promedio por unidad. Además afirman que incrementó la deuda del municipio en tres años al pasar de 673.7 millones de pesos a mil 698 millones.
Ambos funcionarios, señalan los priistas, han sido denunciados ante la PGR, Padrés por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y Gándara Magaña por peculado, lavado de dinero, uso indebido del ejercicio público y daño patrimonial.
Además, le dicen a Ricardo Anaya: “su precandidato a gobernador en Sonora, presume que usted le dijo que ‘negociará’ sus delitos y que no le pasará nada. ¿A poco?”
Padrés por su parte –siguen–“tuvo la desfachatez de declarar públicamente que no será diputado federal a sabiendas de que la Constitución se lo prohíbe, y aún más, sin recato alguno expresa que pronto va a dirigir a nivel nacional al PAN. ¿A poco?”.
Y rematan: “Estamos de acuerdo con su llamado de meter a los corruptos a la cárcel. Cuenta usted con dos candidatos naturales y muy fuertes para ir a la cárcel.
“Al igual que usted creemos que sí se puede. Cómo la ve ¿le entra? ¿A poco no?”.
El PAN contestó a los priistas este viernes, también a través de un desplegado y utilizando las palabras pronunciadas por el dirigente priista César Camacho Quiroz, el 14 de octubre del año pasado.
En aquella ocasión el líder priista habló del “gran reto” de blindar el proceso electoral 2015 frente a cualquier intervención del crimen organizado.