La procuraduría de justicia no ejerció acción penal en contra de sus agentes ministeriales
Los agentes ministeriales Martín Rafael Cornelio, Emmanuel Enrique Rosado, Inocencio Hernández, Francisco Hernández “y los que resultaran responsables” de los actos de tortura de Joaquín Díaz López
Como se temía, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó el no ejercicio de la acción penal en contra de los agentes ministeriales Martín Rafael Cornelio, Emmanuel Enrique Rosado, Inocencio Hernández, Francisco Hernández “y los que resultaran responsables” de los actos de tortura de Joaquín Díaz López.
Informó ayer el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco y representante legal de la víctima, Efraín Rodríguez León.
Ya lo esperábamos, expresó el abogado, porque si la PGJE daba marcha atrás y revocaba el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, contra de por lo menos los cuatro policías ministeriales mencionados, la procuraduría estaría reconociendo que la tortura, ahí, es una práctica cotidiana.
Efraín Rodríguez León dijo que fue hace alrededor de dos semanas en que el área de archivo de amparo de la PGJE le notificó a Joaquín Díaz su decisión.
Durante el comienzo del año próximo solicitaremos un amparo ante los juzgados federales para tratar de revertir ese lamentable acto de la PGJE, adelantó.
Como ha informado anteriormente este diario, Joaquín Díaz López, que laboraba como contador de una empresa, fue detenido el 15 de mayo del 2009, por los cuatro agentes ministeriales encapuchados, sin mostrarle orden de aprehensión.
Fue esposado y subido al chevy en el que viajaban los agentes de la PGJE quienes lo condujeron a un cuarto oscuro de esa procuraduría en donde fue torturado a lo largo de cinco horas para que se declarara culpable de dos robos que no cometió, uno en la empresa en la que laboraba y otro de un negocio de Comalcalco.
En ese cuarto, primero, según ha narrado en múltiples ocasiones, mientras un ministerial se le subió a la altura del estómago, otro lo tomaba de los pies y otro le impedía respirar con una franela.
Después le mojaron el cuerpo para darle toques eléctricos en sus genitales.
Posteriormente, Joaquín fue presentado ante el médico legista de la PGJE, en donde los ministeriales que lo llevaron dijeron al médico que “era un encargo”, y este se abstuvo de realizar la auscultación de ley y expidió el certificado médico, descartando todo tipo de lesiones producto de la tortura.
Al salir de ahí, Joaquín fue conducido de nuevo ante los ministeriales participantes en la aprehensión y tortura, así como de tres personas más, quienes le exigieron que se confesara culpable de los robos.
Los agentes no lograron su objetivo, por lo que en la noche del mismo día, Joaquín fue llevado ante la ministerio público, Julia López, pero no le tomó declaración.
Tres de los cuatro agentes ministeriales implicados, ha declarado Joaquín López, se quedaron hablando con la MP y cuando lo regresaron para la declaración, esta ya estaba redactada y fue obligado a firmarla, bajo la amenaza de atentarían en contra de su familia.
Posteriormente la víctima fue llevada a una celda, y ahí le advirtieron no decir nada de lo que le había ocurrido y dos días después fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Tabasco (Creset), en donde otro médico legista lo revisó y certificó que las lesiones de su cuerpo, fueron producto de la tortura sufrida en la PGJE.
El juez sexto de lo penal le tomó su declaración el 25 de mayo y a pesar de todo, le dictó auto de formal prisión, por lo que Joaquín Díaz, toma la decisión de comunicarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien le tomó su declaración y certificó que presentaba lesiones por tortura, integrando la queja correspondiente.
El 24 de febrero de 2010, a Joaquín se le dictó sentencia condenatoria por un año, cinco meses y 28 días, pero a los dos días, fue dejado en libertad por falta de pruebas.
El abogado de Codehutab, dijo que el amparo que interpondrán en los primeros días del 2012 es el último recurso que le queda a Joaquín Díaz en instancias locales, y que si el amparo le es adverso a la víctima, podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos conscientes, dijo el abogado, que es un camino que apenas estamos iniciando y que presentar una queja ante la CoIDH es por tiempo prolongado. Cuestionado al respecto, Rodríguez León, dio a conocer que de los cuatros agentes ministeriales involucrados en este caso de tortura policíaca, uno sigue en activo, otros dos renunciaron y a otro lo asesinaron en enero de este año.
Sin embargo, las responsabilidades no se extinguen con renuncias al cargo, destacó, tampoco la PGJE puede eximirse de esos cargos, porque quienes cometieron esos actos de tortura, son elementos de esa institución, no los ejecutaron a nombre de propio sino a nombre de esa procuraduría.
Por lo tanto, agregó, son responsables los que realizaron esos actos de manera activa, como la PGJE porque es la dependencia en donde ellos prestan o prestaron sus servicios.
Informó ayer el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco y representante legal de la víctima, Efraín Rodríguez León.
Ya lo esperábamos, expresó el abogado, porque si la PGJE daba marcha atrás y revocaba el acuerdo del no ejercicio de la acción penal, contra de por lo menos los cuatro policías ministeriales mencionados, la procuraduría estaría reconociendo que la tortura, ahí, es una práctica cotidiana.
Efraín Rodríguez León dijo que fue hace alrededor de dos semanas en que el área de archivo de amparo de la PGJE le notificó a Joaquín Díaz su decisión.
Durante el comienzo del año próximo solicitaremos un amparo ante los juzgados federales para tratar de revertir ese lamentable acto de la PGJE, adelantó.
Como ha informado anteriormente este diario, Joaquín Díaz López, que laboraba como contador de una empresa, fue detenido el 15 de mayo del 2009, por los cuatro agentes ministeriales encapuchados, sin mostrarle orden de aprehensión.
Fue esposado y subido al chevy en el que viajaban los agentes de la PGJE quienes lo condujeron a un cuarto oscuro de esa procuraduría en donde fue torturado a lo largo de cinco horas para que se declarara culpable de dos robos que no cometió, uno en la empresa en la que laboraba y otro de un negocio de Comalcalco.
En ese cuarto, primero, según ha narrado en múltiples ocasiones, mientras un ministerial se le subió a la altura del estómago, otro lo tomaba de los pies y otro le impedía respirar con una franela.
Después le mojaron el cuerpo para darle toques eléctricos en sus genitales.
Posteriormente, Joaquín fue presentado ante el médico legista de la PGJE, en donde los ministeriales que lo llevaron dijeron al médico que “era un encargo”, y este se abstuvo de realizar la auscultación de ley y expidió el certificado médico, descartando todo tipo de lesiones producto de la tortura.
Al salir de ahí, Joaquín fue conducido de nuevo ante los ministeriales participantes en la aprehensión y tortura, así como de tres personas más, quienes le exigieron que se confesara culpable de los robos.
Los agentes no lograron su objetivo, por lo que en la noche del mismo día, Joaquín fue llevado ante la ministerio público, Julia López, pero no le tomó declaración.
Tres de los cuatro agentes ministeriales implicados, ha declarado Joaquín López, se quedaron hablando con la MP y cuando lo regresaron para la declaración, esta ya estaba redactada y fue obligado a firmarla, bajo la amenaza de atentarían en contra de su familia.
Posteriormente la víctima fue llevada a una celda, y ahí le advirtieron no decir nada de lo que le había ocurrido y dos días después fue trasladado al Centro de Readaptación Social de Tabasco (Creset), en donde otro médico legista lo revisó y certificó que las lesiones de su cuerpo, fueron producto de la tortura sufrida en la PGJE.
El juez sexto de lo penal le tomó su declaración el 25 de mayo y a pesar de todo, le dictó auto de formal prisión, por lo que Joaquín Díaz, toma la decisión de comunicarse con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien le tomó su declaración y certificó que presentaba lesiones por tortura, integrando la queja correspondiente.
El 24 de febrero de 2010, a Joaquín se le dictó sentencia condenatoria por un año, cinco meses y 28 días, pero a los dos días, fue dejado en libertad por falta de pruebas.
El abogado de Codehutab, dijo que el amparo que interpondrán en los primeros días del 2012 es el último recurso que le queda a Joaquín Díaz en instancias locales, y que si el amparo le es adverso a la víctima, podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos conscientes, dijo el abogado, que es un camino que apenas estamos iniciando y que presentar una queja ante la CoIDH es por tiempo prolongado. Cuestionado al respecto, Rodríguez León, dio a conocer que de los cuatros agentes ministeriales involucrados en este caso de tortura policíaca, uno sigue en activo, otros dos renunciaron y a otro lo asesinaron en enero de este año.
Sin embargo, las responsabilidades no se extinguen con renuncias al cargo, destacó, tampoco la PGJE puede eximirse de esos cargos, porque quienes cometieron esos actos de tortura, son elementos de esa institución, no los ejecutaron a nombre de propio sino a nombre de esa procuraduría.
Por lo tanto, agregó, son responsables los que realizaron esos actos de manera activa, como la PGJE porque es la dependencia en donde ellos prestan o prestaron sus servicios.
