Propone Mirella Zapata aumentar pena para castigar la violencia familiar
Villahermosa, Tabasco a Jueves 17 de Enero de 2013.- La diputada local del PAN, Mirella Zapata Hernández, presentó hoy una reforma al código penal de Tabasco, para aumentar de 30 a 50 años, el castigo para el delito por violencia familiar, toda vez que la pena de 1 a 4 años que actualmente se aplica no limita al agresor a cometer la agresión, ya que dicha sanción, es mínima.
En la máxima tribuna del estado, la legisladora panista, explicó que si se compara la pena establecida para el delito de violencia familiar, con la pena atinente a otros delitos, como abigeato, abuso de confianza, fraude, usura, extorsión, entre otros, se desprende que la sanción reconocida por la ley para estos ilícitos, es mayor que la estipulada al de violencia familiar.
Esto dijo sin soslayar que, en estos delitos enunciados, no se encuentra de por medio la “integridad física y moral de la persona”, característica esencial del ser humano, invaluable y de imposible reparación.
Ahora bien, -resaltó- que en Chiapas el delito de violencia familiar es sancionado de 3 a 7 años de prisión, en Veracruz de 2 a 6 años, en el Distrito Federal de 1 a 6 años, en Chihuahua de 1 a 5 años y además se persigue de oficio.
Zapata Hernández, citó que con fecha de última actualización del 29 de noviembre del 2012, el INEGI publico en su página web, que en Tabasco en el 2009 se reportaron 580 casos de violencia familiar, y que sólo 78 fueron presentados ante el Ministerio Público.
Para el 2010 se dieron 288 casos comprobados y solo 60 fueron presentados ante el Ministerio Público, por los demás años no tiene cifras registradas, lo anterior significa que menos del 30 por ciento de los casos de violencia familiar registrados, son atendidos y canalizados ante el Ministerio Público2.
La diputada local de Acción Nacional, agregó que esto indudablemente se debe a dos factores: el primero a que la víctima tiene muy poca confianza o credibilidad de la autoridad jurisdiccional, y segundo a que no obstante de que la víctima denuncia, el ejercicio de la acción penal no es real ni efectivo.
De todo lo anterior señalado, es de concluirse que Tabasco cuenta con altos índices de violencia familiar, es decir, de personas violentas y agresivas dentro de los grupos familiares o con quienes se tienen relación de hecho.
Por lo tanto, propuso aumentar la pena para el delito de violencia familiar en el estado, a fin de coaccionar al victimario a cometer el delito, esto es, equiparar la pena que se usa para el delito de “feminicidio” al de “violencia familiar”, puesto que en ambos delitos, el bien jurídico tutelado es la vida, por lo tanto, el activo que la menoscabe o dañe física, emocional, económica y sexualmente hablando, debe ser castigado en una misma aritmética.
Asentó que lo anterior en razón que el daño que se ocasiona, es irreparable e irreversible por lo que “la pena de 1 a 4 años de castigo para el delito de violencia familiar, debe pasar de 30 a 50 años de prisión.
Con independencia que éste delito se persiga de oficio, con el objetivo de que un convenio entre las partes, no deje de lado los intereses de los que comúnmente son los receptores de este delito, como niños, mujeres y adultos mayores.
La propuesta de iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictaminación.
En la máxima tribuna del estado, la legisladora panista, explicó que si se compara la pena establecida para el delito de violencia familiar, con la pena atinente a otros delitos, como abigeato, abuso de confianza, fraude, usura, extorsión, entre otros, se desprende que la sanción reconocida por la ley para estos ilícitos, es mayor que la estipulada al de violencia familiar.
Esto dijo sin soslayar que, en estos delitos enunciados, no se encuentra de por medio la “integridad física y moral de la persona”, característica esencial del ser humano, invaluable y de imposible reparación.
Ahora bien, -resaltó- que en Chiapas el delito de violencia familiar es sancionado de 3 a 7 años de prisión, en Veracruz de 2 a 6 años, en el Distrito Federal de 1 a 6 años, en Chihuahua de 1 a 5 años y además se persigue de oficio.
Zapata Hernández, citó que con fecha de última actualización del 29 de noviembre del 2012, el INEGI publico en su página web, que en Tabasco en el 2009 se reportaron 580 casos de violencia familiar, y que sólo 78 fueron presentados ante el Ministerio Público.
Para el 2010 se dieron 288 casos comprobados y solo 60 fueron presentados ante el Ministerio Público, por los demás años no tiene cifras registradas, lo anterior significa que menos del 30 por ciento de los casos de violencia familiar registrados, son atendidos y canalizados ante el Ministerio Público2.
La diputada local de Acción Nacional, agregó que esto indudablemente se debe a dos factores: el primero a que la víctima tiene muy poca confianza o credibilidad de la autoridad jurisdiccional, y segundo a que no obstante de que la víctima denuncia, el ejercicio de la acción penal no es real ni efectivo.
De todo lo anterior señalado, es de concluirse que Tabasco cuenta con altos índices de violencia familiar, es decir, de personas violentas y agresivas dentro de los grupos familiares o con quienes se tienen relación de hecho.
Por lo tanto, propuso aumentar la pena para el delito de violencia familiar en el estado, a fin de coaccionar al victimario a cometer el delito, esto es, equiparar la pena que se usa para el delito de “feminicidio” al de “violencia familiar”, puesto que en ambos delitos, el bien jurídico tutelado es la vida, por lo tanto, el activo que la menoscabe o dañe física, emocional, económica y sexualmente hablando, debe ser castigado en una misma aritmética.
Asentó que lo anterior en razón que el daño que se ocasiona, es irreparable e irreversible por lo que “la pena de 1 a 4 años de castigo para el delito de violencia familiar, debe pasar de 30 a 50 años de prisión.
Con independencia que éste delito se persiga de oficio, con el objetivo de que un convenio entre las partes, no deje de lado los intereses de los que comúnmente son los receptores de este delito, como niños, mujeres y adultos mayores.
La propuesta de iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y dictaminación.
