En próxima legislatura Bancada del PRD revisará la cuenta pública de 2012 del IEPCT

Villahermosa, Tab., 29 de agosto/ La diputada electa del PRD, Casilda Ruiz Agustín, aseguró que en la próxima legislatura del Congreso local, la bancada de su partido revisará minuciosamente la cuenta pública de 2012 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), para corroborar las irregularidades en la compra del edificio “inservible” con un valor superior a los 33 millones de pesos.
    “A nadie le debe quedar duda, que vamos a revisar minuciosamente la compra-venta del edificio del IEPCT en la próxima Legislatura dentro de la revisión de la cuenta pública, para que no queden dudas de las cosas que se están ventilando en los medios”, advirtió.
    Sostuvo, que la revisión de las cuentas en la compra del edificio “inservible”, será prioridad de la fracción parlamentaria del PRD y dar con los responsables de este presunta desfalco en contra del IEPC por más de 33 millones de pesos.
    “Para nosotros como partido, una de las prioridades que tendrá la bancada del sol azteca, es de revisar a fondo el proceso de compra-venta del edificio del IPECT y si llegan a presentarse dudas del presupuesto ejercido, desde luego que vamos a exigir que nos informen a fondo al respecto de este proceso, para saber quiénes fueron los responsables de este acto mercantil, para en su momento poder tomar las medidas que resulten necesarias al respecto”, afirmó.
    El inmueble costó alrededor de 33 millones de pesos, pero presenta fallas estructurales, por lo que al menos los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), han señalado que podrían proceder legalmente incluso contra personal del IEPCT, en caso de que haya elementos de un presunto desfalco. El 27 de agosto, Gustavo Rodríguez Castro, presidente IEPCT, pidió a los partidos políticos no prejuzgar, luego de declaraciones de algunos representes partidistas que han amagado con interponer denuncias penales contra consejeros y funcionarios del organismo, en caso de que resulten responsables de alguna irregularidad en la compra del edificio que fungiría como nueva sede.
    También evitó mencionar si consejeros o funcionarios del organismo electoral podrían haber incurrido en algún delito relacionado con la compra del edificio.