¿Recesión? Brasil Acosta Peña

Doctor en economía por el Colegio de México (COOLMEX) con estancia en investigación en la Universidad de Princeton, fue catedrático en el Centro de Investigación y Docencia económica y articulista en la revista económica Trimestre Económico.

Los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana se vinieron abajo. Así se anunció por diferentes medios de comunicación: el crecimiento económico de nuestro país bajó su expectativa del 3.9 al 2.7 por ciento. 
    Quizás a algunas personas no les diga mucho que haya una baja del 1.2 por ciento en la tasa de crecimiento del país pero, vista de cerca, esta reducción da como resultado menos empleos, menos expectativas de aumento de los salarios, menos producción y, por lo tanto, un incremento en los precios. 
    La falta de crecimiento de la economía reduce el gasto social y, por lo mismo, la posibilidad de que las autoridades cumplan sus ofrecimientos en ciertas áreas de la economía familiar, así como las inversiones en obras públicas que benefician a la gente pobre. Todos estos problemas traen como consecuencia, además, un incremento potencial en la inseguridad pública y la violencia delictiva.
    En la búsqueda de culpables, la prensa y los enemigos políticos del partido que actualmente gobierna enfocan sus baterías contra el secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso; por su parte, el ala oficial busca justificar su posición aduciendo el bajo crecimiento económico de Estados Unidos y, asimismo, en la falta de participación del sector empresarial mexicano, que debería tener una mayor responsabilidad para invertir en nuestro país en vez de llevarse sus capitales a otro lado.
    En el primer caso, lo cierto es que en la campaña a la Presidencia de la República de 2012 se ofreció que en los recibos de luz y del gas –es decir, directamente en el bolsillo de la gente necesitada– se registraría una reducción significativa del costo de la vida y, por lo tanto, una mejoría en el salario real. 
    Hasta la fecha, lejos de cumplirse con estas expectativas, lo que se ha incrementado es la cantidad de pobres quienes, según algunos autores, han aumentado terriblemente y ya suman 95 millones.
    En el segundo caso, es decir, en relación con la responsabilidad que deben asumir los empresarios, vemos que hay una actitud totalmente antipatriótica y convenenciera, pues en fechas recientes salieron del país 16 mil millones de dólares de capitalistas mexicanos para invertirlos en otros países. 
    A esto se suma que, como ya se sabe, de cada peso que ganan, los empresarios mexicanos gastan 80 centavos en consumo y sólo invierten 20 centavos en la producción. 
    En otras palabras, los empresarios mexicanos tienden a consumir el 80 por ciento de lo que ganan y tienen una propensión marginal a invertir sólo el 20 por ciento, completamente al revés de lo que sucede en Corea del Sur, donde la propensión marginal a invertir de los empresarios es del 80 por ciento.
    En relación con el pago de impuestos, se sabe que un buen número de empresas en México no pagan los impuestos que les corresponden; el caso más representativo es el de la empresa Walmart, que pagó menos de 100 pesos de impuesto sobre la renta, de lo que se deduce que un trabajador que gana el salario mínimo paga más impuestos que empresas como Walmart.
    El problema de fondo consiste en que, por un lado, vivimos en una sociedad capitalista en la que el afán de lucro es lo que realmente gobierna las decisiones en todos los ámbitos de la economía y, aunque haya gobiernos que tengan la intención de ejercer una política de corte más social –léase neokeynesiana– lo cierto es que no puede hacerse abstracción de las leyes económicas y del poderío económico de quienes tienen el control del país, es decir, los grandes capitalistas extranjeros y los mexicanos más poderosos, quienes a fin de cuentas son quienes toman las grandes decisiones en la economía nacional. 
    Los salarios siguen bajos, el desempleo va en aumento, la inversión pública se ha visto frenada por esta reducción de las expectativas de crecimiento, la violencia crece y los problemas no han sido resueltos como se esperaba. 
    Por todo esto se hace necesaria una reformulación del modelo económico. Es necesario un nuevo modelo económico que incremente los salarios de la gente, cree mayores empleos, garantice una mayor recaudación e inversión por parte de los empresarios y, finalmente, garantice un gasto público responsable y orientado a beneficiar a los que más lo necesitan. 
    Se requiere una actitud más enérgica para que los empresarios inviertan más, una actitud más solidaria para que se piense en la gente pobre y se destinen recursos que garanticen, por ejemplo, una mejor salud, mejores viviendas, mejores salarios, mejores empleos; pero para esto es indispensable que el criterio de mercado deje de regir como la ideología dominante; por el contrario, deben gobernar los intereses de las grandes mayorías, que producen, pero no disfrutan, la riqueza en México.
    La discusión sobre si la economía está o no en recesión parece tener más tintes político-electorales, pensando en los comicios de 2015 y 2018, que una preocupación estrictamente económica. 
Nuestro país no puede escapar a las leyes del mercado y a las que gobiernan la acumulación del capital; la crisis que estamos viviendo no es sino otra de las tantas manifestaciones de la debacle que del capital mundial en su incapacidad para distribuir, por la vía del mercado, la riqueza entre la gente. 
    No es el mercado el mecanismo que ha de sacar a las mayorías de la pobreza ni ha de resolver los problemas del mundo; el mercado sólo ha polarizado a la sociedad: de un lado los que más tienen y, de otro, los que menos tienen y que producen la riqueza.
    Es necesaria, pues, la construcción del nuevo modelo económico y, para ello, la participación de la sociedad es indispensable, pues las recesiones van a seguir presentes siempre que el capital gobierne como hasta ahora lo hace los destinos del mundo.