Documentos y testimonios con expresiones de coraje, indignación, impotencia, dolor, por desalojos arbitrarios, consecuencia de la apertura de canales de alivio, recibió el lunes por la tarde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de parte de representantes de alrededor de quince comunidades afectadas.
Jorge Nava representante de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que junto con María Luisa Bassur, permanecieron tres días en Tabasco para conocer la situación de los derechos humanos en la entidad, como parte del trabajo que realizan en México.
Durante ese lapso, Nava y Bassur recogieron información tanto de autoridades como de organizaciones civiles de la situación, entre otros, de los derechos humanos de las mujeres, migrantes, y a petición de los afectados por los desalojos sus quejas y denuncias en relación a la situación que están viviendo.
La reunión se llevó a cabo en las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, en donde alrededor de las 16 horas, llegaron alrededor de cien afectados de las tres secciones de Medellín y Pigua, ejido Samarkanda, Los Sauces; las dos secciones de Lagartera, Miguel Hidalgo y un representante del Movimiento Ecologista de Tabasco (METAB) representando a las cuatro secciones de los aztlanes, Tintillo, José López Portillo, Barranca Guanal, Palomillal, Corozal y Cruz del Bajío.
Presentes se mantuvieron también la directora del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) Lorena Sánchez Martínez, el asesor jurídico, Efraín Rodríguez León y otros integrantes de esa organización.
El representante de la OACNUDH, recibió documentos, fotografías, y videos pero sobre todo escuchó con atención y grabó los testimonios de cada uno de los representantes de dichas comunidades.
El desalojo e intimidación con empleados de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Sedesol, Invitab y elementos de Seguridad Pública y el Ejército, pública y destrucción de viviendas, sin una base ilegal, ni avisos previos de más de 8 mil familias, tan solo en la zona de Medellin y Pigua, Lagartera, Sanmarkanda y Miguel Hidalgo, más los miles de la zona de los aztlanes, fue una queja constante.
La violación al derecho constitucional de petición con la obligación de respuesta y explicaciones de parte de las autoridades federales (CONAGUA) locales (gobierno del estado) y municipales, pero sobre todo a sus derechos patrimoniales, al destruir sus viviendas y presionando para que acepten viviendas que cuando mucho, valen la tercera parte de las que a lo largo de toda su vida habían construido. El representante de METAB, ofreció un breve resumen de la situación del Tintillo y los aztlanes luego de que en el 2008 se abrió la primera ventana de alivio y este año, de nuevo con el uso de los antimotines y elementos del Ejército, otras dos para desalojar aguas del río Grijalva, afectando a 12 comunidades dedicadas a la agricultura y a la cría de ganado.
Pero también denunció el engaño del que fueron objeto los campesinos en el 2008, porque el gobierno del estado les prometió una indemnización que nunca les ha dado y el 16 de abril repitió la operación abriendo otros canales más, agudizando el problema de inundación en esa zona.
Mencionó que esa situación está provocando un desplazamiento forzado de los habitantes de esa zona y recordó que METAB a través de una demanda penal, una civil y otra que presentará por la vía agraria, pretenden exigir indemnización para esos campesinos y productores.
La representante de la colonia Miguel Hidalgo expresó: “ quiero preguntarle al Gobernador: “¿dónde quedó el derecho que tanto pregona, cuando dice que, por ser mexicanos vivimos en un estado de derecho? ¿Dónde quedó nuestra Carta Magna, el contenido de los artículos 14 y 16? Porque a pesar de su existencia nos molestan en nuestras viviendas y nos despojan de nuestras propiedades”.
Nos están tratando de reubicar a todas las familias desalojadas en casa que no valen ni la cuarta parte de lo que tenemos, quizá a mucha gente le convenga la reubicación pero a muchos no.
En la casa que tengo, afirmó, he invertido todo mi patrimonio, incluso vendí mi auto para poder comprarla y actualmente está valuada en alrededor de 800 mil pesos.
La Conagua no puede venir y decirnos que nos desaloja porque es zona federal, y si bien es cierto que existe cerca un río, según el artículo $o de la Ley de Aguas Nacionales, existe un procedimiento de demarcación y delimitación del cual esa dependencia nos debe dar vista y no lo ha hecho, agregó.
Incluso los títulos de concesión tiene valor porque fueron expedidos y están inscritos en el Registro Público del Derecho del Agua, sin embargo para desalojar, la Conagua midió a “ojo de buen cubero”.
No nos oponemos a la reubicación siempre y cuando nos paguen el valor que tienen nuestras casas, puntualizó.
De la Miguel Hidalgo, la representante mencionó que las 500 familias que viven ahí ya están en el agua pero que no se han salido a pesar de que sus casas ya están destruyéndose.
Estamos molestos, expresó la señora, porque la situación que estamos viviendo no es cosa del tiempo, como nos quieren hacer creer, sino del mal manejo0 de las presas”.
“Nos mandan a los albergues, pero el Gobernador no sabe los que es vivir en un albergue, el solo los visita para tomarse la foto, él es el único Gobernador del país que los ciudadanos, con nuestros impuestos le pagamos una casa en el lugar más alto de Villahermosa, pero también sirvientes, luz, agua, teléfono”.
Quizá el testimonio más sentido fue el del representante del ejido Samarkanda y las colonias Los Sauces y Lagartera, quien mencionó que en la primera sección de Lagartera ya todas las casas fueron demolidas y que ya entraron al ejido Samarkanda.
Ahí todavía quedamos la mayoría, porque no aceptamos el desalojo.
Desde enero hemos tocado puertas, las de todas las dependencias de gobierno, la Cámara de Diputados y la presidencia municipal del Centro, ninguna, ni siquiera, nos han dado contestación para que nos digan si tenemos o no derecho a hablar.
Es una gran tristeza ver que lo que hemos construido en 60, 70 años, nuestro pequeño patrimonio en un minuto queda destruidos por esas maquinas que llevan.
“Escuchaba el 16 de septiembre, el Grito de la Independencia, cuando nuestro Presidente de la República y nuestro Gobernador gritaron: ¡viva México! Mientras nosotros en nuestros hogares llorando porque nos van a tumbar nuestros hogares, nuestro patrimonio: Ellos festejando el Bicentenario cuando a nosotros nos tiran a la calle como perros”.
Como comparar nuestras casas con lo que ellos llaman viviendas, cuando aquí vivimos desahogadamente, cuando podemos salir a cortar un limón o un racimo de plátano porque los sembramos en nuestros patios”.
Nos quieren llevar a vivir en medio de dos paredes donde nos matará r el calor, porque no tenemos para comprar un clima y no podemos salir más que a la puerta de la calle, en donde nos pega el sol porque no hay un solo árbol.
“Estoy muy dolida por la perdida de nuestro hogar”, expresó la representante de Lagartera primera quien informó que su casa con las de sus cuatro hijos, se ha quedado en esa comunidad como un lunar” porque se resisten y se resistirán a que los despojen de su patrimonio.
Sin embargo, mencionó, vivimos con angustia y la zozobra permanente ante la posibilidad de que los desalojen y destruyan sus casas, tengo una escritura pública, creo que de algo debe servir, agregó.
Otra de las representantes mencionó que su vivienda fue destruida hace quince días, mientras ella no estaba en casa, debido a que tuvo que salir por causa de un bebé recién nacido, cuando regresé ya estaba demolida.
Mencionó que sus vecinos están sufriendo en las casas del fraccionamiento Bicentenario, donde los reubicaron, entre otras cosas, porque el gobierno no consideró que muchas de esas familias son trabajadores no asalariados que no tiene para pagar el pasaje hasta el kilómetro 20 de la carretera a Jalapa.
El médico representante de Medellín y Pigua segunda sección, señaló que en el problema de las inundaciones los gobiernos han tenido mucha responsabilidad, entre otras cosas por permitir que en vasos reguladores se construyeran centros comerciales u hospitales como el del IMSS.
A nosotros nos quieren desplazar porque supuestamente estamos en zonas de riesgo y por eso nos están desplazando a “cloacas, porque ese es el nombre adecuado para espacios de 45 metros cuadrados donde la gente que se dedicaba a la cría de aves de corral o a la siembra ya no puede hacerlo.
Esa gente que ya fue desplazada a ese fraccionamiento está sufriendo lo indecible, afirmó.
“El terrorismo por el que estamos atravesando, el hecho de que de la noche a la mañana no tengamos casa, es increíble”, comentó.
Luego de recibir documentos, escuchar los testimonios y manifestaciones de esperanza de que la situación que están viviendo muchas familias tabasqueñas en estas inundaciones se conozcan en el exterior y que la OACNUDH realice un pronunciamiento y recomendación, el representante de esta organización, admitió que las violaciones a los derechos humanos de las que han sido objeto estos tabasqueños, son materia de interés de esta dependencias de la Organización de Naciones Unidas.
Jorge Nava se comprometió a llevar los testimonios a la oficina en México de la OACNUDH para su análisis.
Jorge Nava representante de la Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que junto con María Luisa Bassur, permanecieron tres días en Tabasco para conocer la situación de los derechos humanos en la entidad, como parte del trabajo que realizan en México.
Durante ese lapso, Nava y Bassur recogieron información tanto de autoridades como de organizaciones civiles de la situación, entre otros, de los derechos humanos de las mujeres, migrantes, y a petición de los afectados por los desalojos sus quejas y denuncias en relación a la situación que están viviendo.
La reunión se llevó a cabo en las oficinas del Comité de Derechos Humanos de Tabasco, en donde alrededor de las 16 horas, llegaron alrededor de cien afectados de las tres secciones de Medellín y Pigua, ejido Samarkanda, Los Sauces; las dos secciones de Lagartera, Miguel Hidalgo y un representante del Movimiento Ecologista de Tabasco (METAB) representando a las cuatro secciones de los aztlanes, Tintillo, José López Portillo, Barranca Guanal, Palomillal, Corozal y Cruz del Bajío.
Presentes se mantuvieron también la directora del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab) Lorena Sánchez Martínez, el asesor jurídico, Efraín Rodríguez León y otros integrantes de esa organización.
El representante de la OACNUDH, recibió documentos, fotografías, y videos pero sobre todo escuchó con atención y grabó los testimonios de cada uno de los representantes de dichas comunidades.
El desalojo e intimidación con empleados de la Secretaria de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Sedesol, Invitab y elementos de Seguridad Pública y el Ejército, pública y destrucción de viviendas, sin una base ilegal, ni avisos previos de más de 8 mil familias, tan solo en la zona de Medellin y Pigua, Lagartera, Sanmarkanda y Miguel Hidalgo, más los miles de la zona de los aztlanes, fue una queja constante.
La violación al derecho constitucional de petición con la obligación de respuesta y explicaciones de parte de las autoridades federales (CONAGUA) locales (gobierno del estado) y municipales, pero sobre todo a sus derechos patrimoniales, al destruir sus viviendas y presionando para que acepten viviendas que cuando mucho, valen la tercera parte de las que a lo largo de toda su vida habían construido. El representante de METAB, ofreció un breve resumen de la situación del Tintillo y los aztlanes luego de que en el 2008 se abrió la primera ventana de alivio y este año, de nuevo con el uso de los antimotines y elementos del Ejército, otras dos para desalojar aguas del río Grijalva, afectando a 12 comunidades dedicadas a la agricultura y a la cría de ganado.
Pero también denunció el engaño del que fueron objeto los campesinos en el 2008, porque el gobierno del estado les prometió una indemnización que nunca les ha dado y el 16 de abril repitió la operación abriendo otros canales más, agudizando el problema de inundación en esa zona.
Mencionó que esa situación está provocando un desplazamiento forzado de los habitantes de esa zona y recordó que METAB a través de una demanda penal, una civil y otra que presentará por la vía agraria, pretenden exigir indemnización para esos campesinos y productores.
La representante de la colonia Miguel Hidalgo expresó: “ quiero preguntarle al Gobernador: “¿dónde quedó el derecho que tanto pregona, cuando dice que, por ser mexicanos vivimos en un estado de derecho? ¿Dónde quedó nuestra Carta Magna, el contenido de los artículos 14 y 16? Porque a pesar de su existencia nos molestan en nuestras viviendas y nos despojan de nuestras propiedades”.
Nos están tratando de reubicar a todas las familias desalojadas en casa que no valen ni la cuarta parte de lo que tenemos, quizá a mucha gente le convenga la reubicación pero a muchos no.
En la casa que tengo, afirmó, he invertido todo mi patrimonio, incluso vendí mi auto para poder comprarla y actualmente está valuada en alrededor de 800 mil pesos.
La Conagua no puede venir y decirnos que nos desaloja porque es zona federal, y si bien es cierto que existe cerca un río, según el artículo $o de la Ley de Aguas Nacionales, existe un procedimiento de demarcación y delimitación del cual esa dependencia nos debe dar vista y no lo ha hecho, agregó.
Incluso los títulos de concesión tiene valor porque fueron expedidos y están inscritos en el Registro Público del Derecho del Agua, sin embargo para desalojar, la Conagua midió a “ojo de buen cubero”.
No nos oponemos a la reubicación siempre y cuando nos paguen el valor que tienen nuestras casas, puntualizó.
De la Miguel Hidalgo, la representante mencionó que las 500 familias que viven ahí ya están en el agua pero que no se han salido a pesar de que sus casas ya están destruyéndose.
Estamos molestos, expresó la señora, porque la situación que estamos viviendo no es cosa del tiempo, como nos quieren hacer creer, sino del mal manejo0 de las presas”.
“Nos mandan a los albergues, pero el Gobernador no sabe los que es vivir en un albergue, el solo los visita para tomarse la foto, él es el único Gobernador del país que los ciudadanos, con nuestros impuestos le pagamos una casa en el lugar más alto de Villahermosa, pero también sirvientes, luz, agua, teléfono”.
Quizá el testimonio más sentido fue el del representante del ejido Samarkanda y las colonias Los Sauces y Lagartera, quien mencionó que en la primera sección de Lagartera ya todas las casas fueron demolidas y que ya entraron al ejido Samarkanda.
Ahí todavía quedamos la mayoría, porque no aceptamos el desalojo.
Desde enero hemos tocado puertas, las de todas las dependencias de gobierno, la Cámara de Diputados y la presidencia municipal del Centro, ninguna, ni siquiera, nos han dado contestación para que nos digan si tenemos o no derecho a hablar.
Es una gran tristeza ver que lo que hemos construido en 60, 70 años, nuestro pequeño patrimonio en un minuto queda destruidos por esas maquinas que llevan.
“Escuchaba el 16 de septiembre, el Grito de la Independencia, cuando nuestro Presidente de la República y nuestro Gobernador gritaron: ¡viva México! Mientras nosotros en nuestros hogares llorando porque nos van a tumbar nuestros hogares, nuestro patrimonio: Ellos festejando el Bicentenario cuando a nosotros nos tiran a la calle como perros”.
Como comparar nuestras casas con lo que ellos llaman viviendas, cuando aquí vivimos desahogadamente, cuando podemos salir a cortar un limón o un racimo de plátano porque los sembramos en nuestros patios”.
Nos quieren llevar a vivir en medio de dos paredes donde nos matará r el calor, porque no tenemos para comprar un clima y no podemos salir más que a la puerta de la calle, en donde nos pega el sol porque no hay un solo árbol.
“Estoy muy dolida por la perdida de nuestro hogar”, expresó la representante de Lagartera primera quien informó que su casa con las de sus cuatro hijos, se ha quedado en esa comunidad como un lunar” porque se resisten y se resistirán a que los despojen de su patrimonio.
Sin embargo, mencionó, vivimos con angustia y la zozobra permanente ante la posibilidad de que los desalojen y destruyan sus casas, tengo una escritura pública, creo que de algo debe servir, agregó.
Otra de las representantes mencionó que su vivienda fue destruida hace quince días, mientras ella no estaba en casa, debido a que tuvo que salir por causa de un bebé recién nacido, cuando regresé ya estaba demolida.
Mencionó que sus vecinos están sufriendo en las casas del fraccionamiento Bicentenario, donde los reubicaron, entre otras cosas, porque el gobierno no consideró que muchas de esas familias son trabajadores no asalariados que no tiene para pagar el pasaje hasta el kilómetro 20 de la carretera a Jalapa.
El médico representante de Medellín y Pigua segunda sección, señaló que en el problema de las inundaciones los gobiernos han tenido mucha responsabilidad, entre otras cosas por permitir que en vasos reguladores se construyeran centros comerciales u hospitales como el del IMSS.
A nosotros nos quieren desplazar porque supuestamente estamos en zonas de riesgo y por eso nos están desplazando a “cloacas, porque ese es el nombre adecuado para espacios de 45 metros cuadrados donde la gente que se dedicaba a la cría de aves de corral o a la siembra ya no puede hacerlo.
Esa gente que ya fue desplazada a ese fraccionamiento está sufriendo lo indecible, afirmó.
“El terrorismo por el que estamos atravesando, el hecho de que de la noche a la mañana no tengamos casa, es increíble”, comentó.
Luego de recibir documentos, escuchar los testimonios y manifestaciones de esperanza de que la situación que están viviendo muchas familias tabasqueñas en estas inundaciones se conozcan en el exterior y que la OACNUDH realice un pronunciamiento y recomendación, el representante de esta organización, admitió que las violaciones a los derechos humanos de las que han sido objeto estos tabasqueños, son materia de interés de esta dependencias de la Organización de Naciones Unidas.
Jorge Nava se comprometió a llevar los testimonios a la oficina en México de la OACNUDH para su análisis.
