Recomendación de CNDH restituye la legalidad y el estado de derecho a damnificados: Ecologista
El dirigente del Movimiento Ecológico de Tabasco afirma que es un momento histórico, que se da en un momento en el que el estado pasa por una convulsión social a causa de las inundaciones recurrentes
La recomendación 61/2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por fin restituye la legalidad y el estado de derecho a los ciudadanos de las comunidades afectadas por las ventanas de “alivio” como parte del Plan Hídrico, violando sus garantían individuales.
Declaró ayer, el dirigente del Movimiento Ecológico de Tabasco, al dar su opinión del contenido de la recomendación que, la CNDH dirigió a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del Tabasco y a ocho alcaldías, en relación a los cientos de quejas de afectados por las obras hídricas durante las inundación del 2010.
“Es un momento histórico”, sostuvo Javier Torres, y se da en un momento en que Tabasco pasa por una convulsión social como consecuencia de las inundaciones recurrentes.
Desde el 2008, en que se abrió la primera ventana de alivio, hemos venido exigiendo que, de manera oportuna, se de atención a las demandas por la destrucción patrimonial y ambiental que se les ha causado a comunidades y personas. La CNDH emite por fin un resolutivo y en sentido afirmativo para los habitantes de Tabasco que presentaron sus quejas y además les da argumentos sólidos para acudir a otras instancias de justicia.
Esperemos que tanto la Conagua, como el gobierno del estado y los ocho ayuntamientos involucrados, entre ellos el del Centro, atiendan prontamente el llamado de la CNDH “y no traten de justificar lo injustificable”.
Porque a lo largo de dos años, afirmó Javier Torres ha sido lamentable escuchar, como una campaña mediática, la posición de la Conagua, a través de su vocero oficial, en el sentido de que lo que decíamos no tenía sustento técnico, que era pura palabrería porque no habíamos logrado demostrar nada, para justificar su actuar.
Es cuando se abre la segunda ventana de alivio –el 28 de agosto del 2010- cuanto el Metab, en representación de diez comunidades afectadas del Tintillo y los aztlanes inició la queja ante la CNDH, a la que se sumaron otras más por el mismo problema. Representa un acto de justicia, la esperanza de que a los afectados, se les restituya lo dañado en materia de derechos humanos. Es alentador, aseguró, que a un organismo -construido por iniciativa del mismo pueblo mexicano por la necesidad de un órgano autónomo capaz de regular y de cuidar que las autoridades no dañen a los ciudadanos- “no le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones a favor de ciudadanos que han visto violadas sus garantías individuales”.
Así lo demuestra la CNDH con hechos, evidencias, argumentos jurídicos, la razón y con muchos elementos de prueba para hacer valer esos derechos.
Para Metab esa recomendación significa que los afectados del Tintillo y los aztlanes, estamos en la antesala del resarcimiento de los daños a sus habitantes y los de cientos de tabasqueños más de otras comunidades afectadas. Nuestro trabajo ahora será más fuerte para fortalecer otros procedimientos; esta recomendación es muy importante para contiene la base jurídica y teórica para avalar cualquier procedimiento penal, administrativo o civil ante las instancias que correspondan.
También será un referente ante las instancias internacionales, esto nos se parará, expresó el abogado, no es cosa de que con esa recomendación de la CNDH, nos vamos a asentar a celebrar. Ante la probabilidad de que los tres niveles de gobierno no cumplan con la recomendación, Javier Torres mencionó que con la reciente reforma a la ley nacional de derechos humanos, las recomendaciones de la CNDH ya tienen un contexto vinculatorio que las autoridades involucradas tendrán que cumplir.
Seguramente las autoridades seguirán sosteniendo su verdad, pero nosotros profundizaremos nuestras acciones legales para hacer valer esa recomendación en los tribunales.
Solicitaremos también la intervención de los diputados federales y los senadores de la república, para que además se haga comparecer a los que hoy están siendo señalados, ya no por las comunidades, ni por Metab, sino por un órgano como la CNDH. Al mismo tiempo tendremos que pedir, a través de la misma CNDH, que se inicien los procedimientos penales, administrativos a los que haya lugar, para obligar a esas autoridades a que cumplan. Esa certeza jurídica nos da las bases para acudir a los tribunales internacionales de derechos humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de obligar a los funcionarios de esas dependencias e instituciones, que acaten la recomendación, “vamos para adelante, ya no hay vuelta de hoja”, agregó.
Declaró ayer, el dirigente del Movimiento Ecológico de Tabasco, al dar su opinión del contenido de la recomendación que, la CNDH dirigió a la Comisión Nacional del Agua, al gobierno del Tabasco y a ocho alcaldías, en relación a los cientos de quejas de afectados por las obras hídricas durante las inundación del 2010.
“Es un momento histórico”, sostuvo Javier Torres, y se da en un momento en que Tabasco pasa por una convulsión social como consecuencia de las inundaciones recurrentes.
Desde el 2008, en que se abrió la primera ventana de alivio, hemos venido exigiendo que, de manera oportuna, se de atención a las demandas por la destrucción patrimonial y ambiental que se les ha causado a comunidades y personas. La CNDH emite por fin un resolutivo y en sentido afirmativo para los habitantes de Tabasco que presentaron sus quejas y además les da argumentos sólidos para acudir a otras instancias de justicia.
Esperemos que tanto la Conagua, como el gobierno del estado y los ocho ayuntamientos involucrados, entre ellos el del Centro, atiendan prontamente el llamado de la CNDH “y no traten de justificar lo injustificable”.
Porque a lo largo de dos años, afirmó Javier Torres ha sido lamentable escuchar, como una campaña mediática, la posición de la Conagua, a través de su vocero oficial, en el sentido de que lo que decíamos no tenía sustento técnico, que era pura palabrería porque no habíamos logrado demostrar nada, para justificar su actuar.
Es cuando se abre la segunda ventana de alivio –el 28 de agosto del 2010- cuanto el Metab, en representación de diez comunidades afectadas del Tintillo y los aztlanes inició la queja ante la CNDH, a la que se sumaron otras más por el mismo problema. Representa un acto de justicia, la esperanza de que a los afectados, se les restituya lo dañado en materia de derechos humanos. Es alentador, aseguró, que a un organismo -construido por iniciativa del mismo pueblo mexicano por la necesidad de un órgano autónomo capaz de regular y de cuidar que las autoridades no dañen a los ciudadanos- “no le tiemble la mano a la hora de tomar decisiones a favor de ciudadanos que han visto violadas sus garantías individuales”.
Así lo demuestra la CNDH con hechos, evidencias, argumentos jurídicos, la razón y con muchos elementos de prueba para hacer valer esos derechos.
Para Metab esa recomendación significa que los afectados del Tintillo y los aztlanes, estamos en la antesala del resarcimiento de los daños a sus habitantes y los de cientos de tabasqueños más de otras comunidades afectadas. Nuestro trabajo ahora será más fuerte para fortalecer otros procedimientos; esta recomendación es muy importante para contiene la base jurídica y teórica para avalar cualquier procedimiento penal, administrativo o civil ante las instancias que correspondan.
También será un referente ante las instancias internacionales, esto nos se parará, expresó el abogado, no es cosa de que con esa recomendación de la CNDH, nos vamos a asentar a celebrar. Ante la probabilidad de que los tres niveles de gobierno no cumplan con la recomendación, Javier Torres mencionó que con la reciente reforma a la ley nacional de derechos humanos, las recomendaciones de la CNDH ya tienen un contexto vinculatorio que las autoridades involucradas tendrán que cumplir.
Seguramente las autoridades seguirán sosteniendo su verdad, pero nosotros profundizaremos nuestras acciones legales para hacer valer esa recomendación en los tribunales.
Solicitaremos también la intervención de los diputados federales y los senadores de la república, para que además se haga comparecer a los que hoy están siendo señalados, ya no por las comunidades, ni por Metab, sino por un órgano como la CNDH. Al mismo tiempo tendremos que pedir, a través de la misma CNDH, que se inicien los procedimientos penales, administrativos a los que haya lugar, para obligar a esas autoridades a que cumplan. Esa certeza jurídica nos da las bases para acudir a los tribunales internacionales de derechos humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de obligar a los funcionarios de esas dependencias e instituciones, que acaten la recomendación, “vamos para adelante, ya no hay vuelta de hoja”, agregó.
