Reingeniería administrativa, estrategia Granier

La reingeniería administrativa, una estrategia de Andrés Granier Melo, enfilada a las elecciones del 2012 para lograr que el Partido Revolucionario Institucional se mantenga en el poder, “jalar más dinero y meter gente para que le cuide las espaldas”, sostiene Tisve Salazar Ramos.

      Prueba de ello, afirma la ex instructora del Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional de Tabasco, es que después de la desaparición del Icadet  y el despido de miles de trabajadores de esa y otras dependencias del gobierno estatal, muchísimas plazas se han abierto.

      Tan solo en la recién creada Secretaria de Desarrollo Social, que en realidad es una “mapachera” y que preside José del Carmen Escayola, quinientas plazas para personas que supuestamente trabajan en programas de desarrollo social, dijo.

     Esas son las conclusiones de Tisve Salazar, respecto al programa de reingeniería administrativa que puso en marcha el gobierno del estado hace aproximadamente un año y que dejó sin trabajo, a miles de empleados del gobierno estatal, entre ellos a los del Icadet.

     Nueve de esos trabajadores, incluyendo a Salazar Ramos, hasta la fecha y como consecuencia mantienen un proceso judicial y otro laboral en contra del gobierno del estado.  

    La reingeniería lo digo y lo sostengo, declaró la capacitadora, fue una “cobarde decisión de Andrés Granier Melo para, simple y sencillamente con el empleo de miles de  familias”, echar a la calle a trabajadores  en un momento en que el estado se encuentra entre las entidades que ocupan los primeros lugares en desempleo.

    Otro de los objetivos fue la destrucción de muchas dependencias estatales, asegura.
     Andrés Granier, comenta, fue un presidente municipal “gris”, no hizo nada bueno por Villahermosa y de alguna manera llega a ser Gobernador de Tabasco, con el amor, el respeto y el cariño de un enorme grupo de tabasqueño, que además con un apellido y los de su esposa, remitían algo bueno, respetable.

   Tuvo la oportunidad  de brillar y hacer brillar a este estado como nunca, con el respaldo que tenía de la sociedad, hubiera conseguido todo y más para Tabasco.

     “¿Qué le pasó? Obviamente no estaba preparado para ser presidente municipal ni gobernador, es un señor que no tiene idea de lo que es la administración pública, ni de los que son las políticas públicas y sacar adelante a un estado”.

    Es una persona que, de por si ya tenía dinero, “pero que se engolosinó, enloqueció y no se si le servirá acumular tantísimo dinero, si en la misma medida acumula odios, repudio y un enrome desprestigio ¿será que todo ese dinero lo vale, porque eso perseguirá a sus hijos?”, planteó Salazar Ramos

    La reingeniería administrativa fue un invento, porque necesitaba meter a la administración pública, gente que trabajara para las próximas elecciones, las que le cuidarán la espalda, por si llega la alternancia a Tabasco, ante lo cual, como ciudadana, reclamaría a la oposición que se comprometa a fincarle responsabilidades a él y a todos los funcionarios de su gabinete deshonestos.

     En relación a los procesos judicial y laboral, Tisve Salazar recordó que, luego de que les notificaron de manera verbal del cierre del Icadet, y en consecuencia de su despido, solicitaron un amparo por la inconstitucionalidad del decreto 13.

      Ese decreto, como se recordará -dice  la ahora vicepresidenta de la Asociación por un Cambio Verdadero- ordena la supresión de plazas de una institución (el Instituto de Capacitación del Estado de Tabasco) que no existe.

    En el que trabajamos fue el Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional del Estado de Tabasco, creado y puesto en marcha por uno de los gobernadores más comprometidos y visionarios de este estado, Enrique González Pedrero.

     Denunciamos el error cometido y ellos lo corrigieron después, con una sesión inmediata del Congreso estatal, mencionó,  sin embargo nosotros  presentamos un juicio de amparo, el cual fue aceptado en el Juzgado IV de Distrito y hasta la fecha sigue su curso y seguimos dando la batalla ante las instancias de justicia federal.

      A fines del año pasado, un juez de Jalapa Veracruz, a donde mandaron el expediente de nuestro juicio para que emitiera la sentencia que fue en el sentido de que sobreseía el amparo.  Al leer la sentencia, entendimos que la sentencia del juez fue que si tuviéramos o no la razón, el Icadet era una institución que ya no existía y que por lo tanto no había nada que hacer, es decir no realizó un estudio de fondo, por lo cual interpusimos un recurso de revisión al  juicio de amparo en el Tribunal Colegiado.

      A principio de este año llegó a la sentencia del Tribunal Colegiado en el sentido de que debía ordenarse al juez  federal que realizara un estudio de fondo al expediente y estamos esperando la nueva resolución.

    Hemos presentado nuevas pruebas documentales y testigos, para probar que no éramos trabajadores de confianza.

     En cuanto a la demanda laboral, Tisve Salazar recuerda que la presentaron 30 ó 60 días después del despido y que eran muchos trabajadores del Icadet, de los cuales actualmente sostienen el juicio laboral  nueve,  porque los demás, casualmente todos activistas del PRI,  fueron reinstalados por el gobierno del estado.

    Actualmente se encuentra en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje “absolutamente empantanada, entortugada”; sabíamos, porque nos lo explicó nuestro abogado, que las demandas laborales llevan mucho tiempo, pero la de nosotros aún más.

      No obstante, afirma Tisve Salazar,  hemos estado puntualmente atentos de lo que va sucediendo.

      A principios de este año, acudimos a la audiencia conciliatoria para la que se nos había citado, quince minutos antes de la hora, no llamó la atención que el funcionario que nos atendió, nos informara que el documento ya estaba hecho, que la audiencia se iba a diferir y solo faltaba nuestra firma.

    Reclamamos por el hecho de que antes de la hora fijada para la audiencia ya estuviera el documento y luego por la decisión de diferirla, el funcionario explicó que la causa era porque el Tribunal no había notificado a la parte patronal.  
   
     Hablamos con el presidente del tribunal laboral para trabajadores del estado, Juan  Cano, el cual explicó que “no habían entregar  las notificaciones, por no disponer de suficiente personal, ni vehículos ni recursos”.

     Le hicimos ver que no le aceptábamos esas justificaciones, sobre todo porque la causa de nuestro despido era la aplicación de una reingeniría administrativa, que el gobierno del estado, anunció “con bombo y platillo” que era para eficientar la función pública, de hacer eficiente el aparato público.

     Dijimos que los nueve trabajadores que ahí reclamamos el pago justo por nuestro despido, cumplimos al cien por ciento con los objetivos de la institución y jamás dejamos de impartir un curso o esperando a un grupo, a pesar de que el 80 por ciento de nuestras actividades era en las comunidades más apartadas.

     Dábamos capacitación en todo el territorio estatal y llegábamos a cumplir con nuestras tareas, atravesando ríos, viajando en cayucos, a caballo, en transporte público o en vehículos propios cuando no había vehículos de la institución disponibles, porque como servidores públicos sabíamos que primero teníamos que cumplir con nuestra responsabilidad.

     Juan Cano no puede justificarse de esa manera, porque incluso, el Tribunal se encuentra en pleno centro, en la calle Pino Suárez, cerca de La Verdad del los Precios, a solo una cuantas cuadras del Congreso del estado, de la Secretaria de Gobierno y del despacho del Gobernador, así que su personal bien pudo entregar las notificaciones caminando.

    Estoy conciente, expresó Tisve Salazar, de que Andrés Granier iba a empantanar nuestro proceso, sobre todo por las críticas que he hecho a su gobierno y porque, dentro de las cosas malas que lo caracteriza, además de ciego y sordo, es que es un gobierno impune, represor y vengativo como ningún otro lo ha sido.

    Este año, afirma la ex capacitadora del Icadet, cumpliría diecinueve años laborando para la administración pública, en los que he trabajado con gobiernos priístas, porque en este estado no ha habido de otro, y puedo afirmar, de manera contundente que éste es el peor gobierno que ha tenido  Tabasco.

    “El más represor, el más impune, el más corrupto, el más ignorante, el más insensible, el que trabajo sin ninguna planeación”, sostuvo.
     Mencionó que cuando en el 2007 iniciaba la administración  de Andrés Grenier Melo, y  la licenciada Luz María Priego Zurita asumió la dirección del Icadet, todos los trabajadores estaban entusiasmados, debido a los mensajes de la nueva directora.

     En consecuencia presentamos, a Granier Melo, a Gustavo Jasso, Humberto Mayans y al secretario de Finanzas  un proyecto completo y sustentado, con fuentes informativas, estadísticas comparativas, para la capacitación que se requería en el estado.

     Planteamos que era necesario evitar duplicidad de funciones en materia de capacitación y de esa manera evitar el dispendio de recursos, con planeación,  para asegurar la calidad de la misma y el desarrollo en todas las áreas de gobierno.

    Todas las dependencias tienen un área o departamento de capacitación en donde se proporciona una capacitación no regulada ni normada, sin estudios previos de lo que hay que desarrollar.

      Incluso presentamos un proyecto para el programa Te da Más, planteando que las personas de la tercera edad constituían un grupo cautivo que podría capacitarse y organizarse para reintegrarlos paulatinamente a la vida productiva del estado y el Gobierno se fuera liberando de la carga del programa, debido a que el número de solicitantes se incrementaría.

      No solo no le interesó ese proyecto al gobierno del estado, seguramente Andrés Granier ni lo leyó -dicen que no le gusta leer-, lo peor –y eso nos llenó se asombro y coraje- es que poco  después desaparece el Icadet como ha desaparecido otras instituciones culturales, deportivas, sociales.