Reprueba el PRI la cuenta pública de Evaristo del 2007
Sin acatar lo ordenado por la Corte y más con argumentos “políticos” que jurídicos, la mayoría del Congreso reprobó, con 21 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones, la cuenta pública del ex alcalde de Centro
VILLAHERMOSA, TABASCO, 15 DE MARZO DE 2011.- De manera “extemporánea”, sin acatar lo ordenado por la Corte y más con argumentos “políticos” que jurídicos, la mayoría del Congreso reprobó, con 21 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones, la cuenta pública del ex alcalde de Centro, Evaristo Hernández Cruz, correspondiente al ejercicio fiscal del 2007.
El PRI defendió la legalidad del dictamen y aseguró que no se podía pasar por alto las “serias irregularidades” que tenía la cuenta pública y que fueron omitidas en la pasada legislatura. El PRD y el PAN sostuvieron que prevaleció un criterio político en la calificación de esta cuenta; mientras que la diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, se abstuvo porque tenía “dudas razonables” porque encontró “serias inconsistencias” en la elaboración del dictamen. Aseguró que en el dictamen “no se están respetando los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definidad, imparcialidad, confiabilidad, debido proceso legal, así como certeza jurídica, que rigen la materia de fiscalización”, razón por la cual se abstuvo de votar. No vengo a cuestionar si la parte acusada, Hernández Cruz, es culpable o no de tener desvíos de recursos, estoy cuestionando la solidez de la redacción del documento porque a mi juicio en un dictamen, de esas características, no tienen por qué hacerse juicios de valor, agregó. Al razonar su voto en contra, el diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, aseguró que es una ilegalidad que este dictamen se pretenda votar dos veces, en la pasada y en la actual legislatura, y expuso que el máximo tribunal del país solo ordenó, en su resolutivo, reponer el procedimiento de debate y aprobación, pero el Congreso fue más allá al mandar a comisión el dictamen, reformarlo y regresarlo al pleno en sentido reprobatorio.
La Corte, expuso, nunca menciona la aprobación “en su caso” del dictamen, por lo que no se respetó el mandato de la SCJN y se incurrió en un exceso. Mencionó que el 30 de noviembre pasado, la Corte pidió al Congreso que diera cumplimiento a su resolutivo en un plazo de 48 horas que no se cumplió. Tres meses después, el día dos del presente mes, volvió a emplazar a la legislatura y tampoco cumplió. Dos días después, 4 de marzo, a las 14 horas se venció el plazo de 48 horas que le dio la SCJN al Congreso, que de nuevo volvió a desacatar el mandato y es hasta este día que baja el dictamen al pleno, por lo que se puede votar, sostuvo Peralta Fócil, un dictamen que es extemporáneo, y advirtió que eso tendrá repercusiones legales. En defensa del dictamen, subió el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, quien de entrada descalificó a Peralta Fócil al decirle de manera irónica que no era abogado.
Aseguró que el dictamen no se sometió a una doble calificación, pues al decretar la Corte que se vició de origen el procedimiento, porque no se circuló con 24 horas de anticipación, y ordenar su reposición, toda la discusión y aprobación del dictamen que se dio en el pleno resultó jurídicamente inexistente, por lo que el documento quedó en un proyecto. No es un proyecto sino una falacia del diputado Valenzuela, le respondió Peralta Fócil y le devolvió la puya: hay doctor sin título y título sin doctor, en referencia a la preparación académica del legislador priista. Dijo que el priista faltó a la verdad porque “claro que se dictaminado y controvertido” el dictamen y el hecho de ser doctor en Derecho Constitucional no es una patente “para manipular” al pueblo, y les echó en cara que en el dictamen de la reforma electoral apelaron al mandato de la Corte y en este asunto se lo pasen por alto.
“No es correcto que se engañe al pueblo investidos en sapiencias jurídicas, el dictamen sí se calificó”, señaló Peralta e indicó que con “argumentos leguleyos” el PRI pretende justificar la ilegalidad del documento, el cual será aprobado fuera de tiempo. Valenzuela subió a la tribuna para señalar que el perredista no le dio ninguna argumentación jurídica a lo expuesto por él, pero éste le replicó que nada dijo el priista de la extemporaneidad del dictamen, “sobre eso guardó silencio”, y lo retó a que subiera a la tribuna a tratar de justificar “lo injustificable”. El debate entre los dos legisladores cayó en el terreno personal, se lanzaron mordaces señalamientos que no pasaron a más. Luego, la diputada del PRI y presidenta de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, Elda María Llergo Asmitia, subió a la tribuna a razonar el voto a favor del PRI y reiteró todas las acusaciones que se le hace a Hernández Cruz en el dictamen reprobatorio. Al fijar la postura del PAN, a la que se sumaron los diputados del PRD, Julio Alonso Manzano Rosas y Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, el coordinador parlamentario Alberto de la Cruz Pozo, dijo que se abstendrían de votar porque “consideramos que presenta contradicciones, falta de análisis, procedimientos erróneos”, por lo que “exigimos se regrese a su estudio en la Comisión”.
No es posible, dijo, que la tercera Inspectora de Hacienda hoy no aprueba la cuenta pública, emita un nuevo dictamen, cuando con anterioridad el órgano de fiscalización la aprobó”, por lo que “carece de elementos de análisis contundentes e inobjetables, por lo cual solicitamos que este se baje a la comisión y con la participación de todos nosotros, revisemos que la aplicación de los recursos haya sido manejada de forma correcta y de no ser así seremos los primeros en exigir que s e aplique todo el peso de la ley, a quienes no ejercen de manera honesta y transparente los recursos públicos de los ciudadanos.” El dictamen finalmente fue aprobado con 21 votos a favor, 16 del PRI, 3 del PRD, uno del PT y uno del PANAL; 5 en contra, cuatro del PRD y uno del PRI, el del diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, y 7 abstenciones, 3 del PAN y cuatro del PRD. El diputado del PRD, Alterio Ramos Pérez, solicitó permiso para retirarse del recinto antes de que se sometiera a discusión y votación el dictamen, de modo que su voto no contó, tampoco el del pevemista, Pascual Bellizia Rosique, quien no asistió a la sesión.
El PRI defendió la legalidad del dictamen y aseguró que no se podía pasar por alto las “serias irregularidades” que tenía la cuenta pública y que fueron omitidas en la pasada legislatura. El PRD y el PAN sostuvieron que prevaleció un criterio político en la calificación de esta cuenta; mientras que la diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, se abstuvo porque tenía “dudas razonables” porque encontró “serias inconsistencias” en la elaboración del dictamen. Aseguró que en el dictamen “no se están respetando los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definidad, imparcialidad, confiabilidad, debido proceso legal, así como certeza jurídica, que rigen la materia de fiscalización”, razón por la cual se abstuvo de votar. No vengo a cuestionar si la parte acusada, Hernández Cruz, es culpable o no de tener desvíos de recursos, estoy cuestionando la solidez de la redacción del documento porque a mi juicio en un dictamen, de esas características, no tienen por qué hacerse juicios de valor, agregó. Al razonar su voto en contra, el diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, aseguró que es una ilegalidad que este dictamen se pretenda votar dos veces, en la pasada y en la actual legislatura, y expuso que el máximo tribunal del país solo ordenó, en su resolutivo, reponer el procedimiento de debate y aprobación, pero el Congreso fue más allá al mandar a comisión el dictamen, reformarlo y regresarlo al pleno en sentido reprobatorio.
La Corte, expuso, nunca menciona la aprobación “en su caso” del dictamen, por lo que no se respetó el mandato de la SCJN y se incurrió en un exceso. Mencionó que el 30 de noviembre pasado, la Corte pidió al Congreso que diera cumplimiento a su resolutivo en un plazo de 48 horas que no se cumplió. Tres meses después, el día dos del presente mes, volvió a emplazar a la legislatura y tampoco cumplió. Dos días después, 4 de marzo, a las 14 horas se venció el plazo de 48 horas que le dio la SCJN al Congreso, que de nuevo volvió a desacatar el mandato y es hasta este día que baja el dictamen al pleno, por lo que se puede votar, sostuvo Peralta Fócil, un dictamen que es extemporáneo, y advirtió que eso tendrá repercusiones legales. En defensa del dictamen, subió el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas, quien de entrada descalificó a Peralta Fócil al decirle de manera irónica que no era abogado.
Aseguró que el dictamen no se sometió a una doble calificación, pues al decretar la Corte que se vició de origen el procedimiento, porque no se circuló con 24 horas de anticipación, y ordenar su reposición, toda la discusión y aprobación del dictamen que se dio en el pleno resultó jurídicamente inexistente, por lo que el documento quedó en un proyecto. No es un proyecto sino una falacia del diputado Valenzuela, le respondió Peralta Fócil y le devolvió la puya: hay doctor sin título y título sin doctor, en referencia a la preparación académica del legislador priista. Dijo que el priista faltó a la verdad porque “claro que se dictaminado y controvertido” el dictamen y el hecho de ser doctor en Derecho Constitucional no es una patente “para manipular” al pueblo, y les echó en cara que en el dictamen de la reforma electoral apelaron al mandato de la Corte y en este asunto se lo pasen por alto.
“No es correcto que se engañe al pueblo investidos en sapiencias jurídicas, el dictamen sí se calificó”, señaló Peralta e indicó que con “argumentos leguleyos” el PRI pretende justificar la ilegalidad del documento, el cual será aprobado fuera de tiempo. Valenzuela subió a la tribuna para señalar que el perredista no le dio ninguna argumentación jurídica a lo expuesto por él, pero éste le replicó que nada dijo el priista de la extemporaneidad del dictamen, “sobre eso guardó silencio”, y lo retó a que subiera a la tribuna a tratar de justificar “lo injustificable”. El debate entre los dos legisladores cayó en el terreno personal, se lanzaron mordaces señalamientos que no pasaron a más. Luego, la diputada del PRI y presidenta de la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, Elda María Llergo Asmitia, subió a la tribuna a razonar el voto a favor del PRI y reiteró todas las acusaciones que se le hace a Hernández Cruz en el dictamen reprobatorio. Al fijar la postura del PAN, a la que se sumaron los diputados del PRD, Julio Alonso Manzano Rosas y Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, el coordinador parlamentario Alberto de la Cruz Pozo, dijo que se abstendrían de votar porque “consideramos que presenta contradicciones, falta de análisis, procedimientos erróneos”, por lo que “exigimos se regrese a su estudio en la Comisión”.
No es posible, dijo, que la tercera Inspectora de Hacienda hoy no aprueba la cuenta pública, emita un nuevo dictamen, cuando con anterioridad el órgano de fiscalización la aprobó”, por lo que “carece de elementos de análisis contundentes e inobjetables, por lo cual solicitamos que este se baje a la comisión y con la participación de todos nosotros, revisemos que la aplicación de los recursos haya sido manejada de forma correcta y de no ser así seremos los primeros en exigir que s e aplique todo el peso de la ley, a quienes no ejercen de manera honesta y transparente los recursos públicos de los ciudadanos.” El dictamen finalmente fue aprobado con 21 votos a favor, 16 del PRI, 3 del PRD, uno del PT y uno del PANAL; 5 en contra, cuatro del PRD y uno del PRI, el del diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, y 7 abstenciones, 3 del PAN y cuatro del PRD. El diputado del PRD, Alterio Ramos Pérez, solicitó permiso para retirarse del recinto antes de que se sometiera a discusión y votación el dictamen, de modo que su voto no contó, tampoco el del pevemista, Pascual Bellizia Rosique, quien no asistió a la sesión.
