Repudian ONU y CNDH la pretensión de perpetuar presencia del Ejército en calles

CIUDAD DE MÉXICO.- El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez coincidieron con organizaciones civiles y activistas en rechazar las pretensiones de legisladores y del gobierno de Enrique Peña Nieto de perpetuar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, a través de iniciativas como la Ley de Seguridad Interior.
    Durante el foro “Seguridad y derechos humanos”, los participantes reconocieron la labor que soldados y marinos han desempeñado en los últimos diez años de “guerra contra el crimen organizado” y aclararon que no piden el retorno inmediato a los cuarteles, pero resaltaron que la naturaleza de su preparación no corresponde a las labores de seguridad pública.
    En el acto también estuvieron el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y los académicos e integrantes del colectivo “Seguridad sin Guerra”, Maité Azuela y Ernesto López Portillo, en tanto que el exrelator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, transmitió un mensaje videograbado.
    En concordancia con la CNDH y las organizaciones civiles, Jan Jarab consideró que “se necesita una discusión mucho más amplia, profunda e inclusiva sobre el modelo de la seguridad que México necesita”, así como analizar las experiencias propias durante los últimos diez años y lo que ha ocurrido en otros países.
    También advirtió que tratar de “fortalecer el paradigma militar y el uso de la fuerza”, a través de la ley de seguridad interior, “va a contribuir a petrificar este paradigma, va a ser un retroceso”.
    Para el funcionario de la ONU, el diseño de un modelo de seguridad para el país debería ir acompañado de “un diagnóstico integral”, en tanto que deben fortalecerse las corporaciones policiales, “porque no se puede aceptar que existan para defender algunos intereses y reciban un cheque en blanco de la impunidad”, así como las medidas preventivas.
    Al señalar que sin discusiones amplias “va a ser muy peligroso adoptar una ley que deje la actuación de las fuerzas armadas” en tareas de seguridad, “aun con salvaguardas”, Jarab señaló que si a pesar de todo el Estado mexicano insiste en promover una legislación “para respaldar las fuerzas armadas”, propuso como “Plan B (…) por lo menos fortalecer las salvaguardas, eso es algo que nos parece se puede evitar, si se puede impulsar una discusión más amplia sobre el modelo de seguridad”.
    Mientras se siguen postergando discusiones como las leyes generales contra la desaparición y la tortura, el representante de la ONU recordó que en el plano internacional el modelo de seguridad interior ha sido considerado por órganos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “un concepto propio de regímenes autoritarios”.
    Jarab, quien ha participado ampliamente en diversos foros para advertir los riesgos de la militarización de la seguridad pública, señaló que entre las preocupaciones que tiene su oficina destaca en que por la forma en que están redactadas las cuatro iniciativas sobre ley de seguridad interior, las fuerzas armadas puedan ser usadas “contra la protesta social”, sin contar con que ya existe experiencia empírica del incremento de violaciones graves a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, atribuidas a ellas, ante un “continuo debilitamiento” de las autoridades civiles.
    Al señalar que si bien los mexicanos confían más en las fuerzas armadas que en las policías, el funcionario de la ONU destacó que también la presencia militar no ha significado una mayor seguridad, de ahí que insistió en una discusión amplia que incluya “no sólo a la organizaciones de la sociedad civil y defensores, sino a las víctimas de violaciones a derechos humanos”.
    Antes, el ombudsman Luis Raúl González Pérez destacó que a 10 años de estar al frente de la lucha contra el narcotráfico, “no podemos ignorar que, con independencia de los resultados concretos que la participación de las Fuerzas Armadas han producido en el ámbito de la seguridad de las personas, los cuales se tendrán que analizar y valorar detalladamente, dichas acciones han tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas por parte de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generan condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.
    Al destacar que las graves violaciones a derechos humanos como “ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos de migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción”, González Pérez puntualizó que lo que se requiere para enfrentar esos problemas es “una visión integral, esencialmente preventiva”, y no una reacción coyuntural.
    “No creo que aún en el contexto difícil, complejo de incertidumbre, de inseguridad y violencia que vive el país, las decisiones coyunturales no deben ser la solución que requerimos los mexicanos y mexicanas, sino legislaciones bien pensadas que den certeza jurídica a la ciudadanía”, dijo el presidente de la CNDH.
    Al coincidir en que en apego a la Constitución y a los tratados internacionales la seguridad “debe estar a cargo de instituciones de carácter civil”, González Pérez consideró que las Fuerzas Armadas deben volver, “cuando las condiciones así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable”.
    También insistió en que las tareas que se les ha encomendado a las tropas castrenses, “en acciones de seguridad de las personas, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea”.
    El ombudsman nacional enlistó “un decálogo mínimo” de lineamientos que los legisladores deberían tomar en cuenta antes de decirse por impulsar tal legislación, entre los que destacan consideraciones constitucionales, así como “prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como la libertad de expresión y manifestación”; además considerar “mecanismos de control institucional, claros y de colaboración ente autoridades”, y evitar que las fuerzas armadas “participen en la prevención e investigación de los delitos”.
    Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, dijo que ante el escenario nacional, en vez de discutir “un modelo que dé certezas, entre comillas, jurídicas al Ejército”, lo que los legisladores deberían buscar es “cómo fortalecer las instituciones civiles de seguridad, encaminadas a la ruta de un modelo de seguridad de corte ciudadano”.
    Al reconocer que “hay zonas y regiones en el país donde el Ejército juega una función preponderante para la ciudadanía”, el defensor insistió en que los participantes del foro coinciden en demandar “un programa de retiro programático de las Fuerzas Armadas que pasa justo por el fortalecimiento de las instituciones civiles o la democratización de las policías”. Igual resaltó que a más de 10 años de lanzar a marinos y soldados a las calles, no es aceptable insistir en “formalizar esa política excepcional” sin que exista al menos “una evaluación o un diagnóstico”.