Resolutivo de SPF sobre las casas,no convence ni a los viejos amigos de EPN

Ciudad de México, 22 de agosto.– Expertos en transparencia enlistaron ayer diferentes deficiencias en la investigación con la que la Secretaría de la Función Pública descartó que hubiera “conflicto de interés” en la asignación de contratos a empresarios cercanos al Presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera Hurtado y al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a quienes además han vendido sendas residencias.
    Sus viejos aliados, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) también pusieron en entredicho la explicación sobre el tema de las casas. El primer acto del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos fue sentar a estas dos fuerzas políticas de izquierda y derecha en una sola mesa llamada Pacto por México, pero ahora, ambos insisten en una investigación más a fondo sobre el tema.
    Primero, dijo Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), “nadie esperaba un resultado distinto”, porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente.
    Segundo, porque el marco legal sobre el conflicto de interés en México, explicó Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, es limitado ante las problemáticas de hechos de posible corrupción que se presentan. Y, lo peor, agregó Oscar Arredondo Pico, de Fundar, es que se evidenció la falta de voluntad política para responder preguntas básicas: si no hay conflicto de interés, ¿cómo se dio la licitación del tren México-Querétaro donde Grupo Higa resultó ganador, y luego se revocó? ¿Y por qué la “casa blanca” fue devuelta?
    “¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que han desaparecido las pruebas contundentes de un eventual conflicto de interés”, planteó Arredondo Pico.
    El experto cuestionó sobre todo el método de la investigación, ya que, como explicó el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, se basó en cuestionarios a 111 servidores públicos involucrados en la asignación de los contratos a las empresas de Juan Armando Hinojosa –que en 2012 financió la residencia de Angélica Rivera y vendió sin ganancias otra a Videgaray–, y Arturo San Román Dune, que entre 2005 y 2006 le vendió otra a Peña Nieto.
    “La corrupción nunca se va a encontrar a través de una confesión escrita en un documento público. Si piensan que a través de entrevistas o a través de análisis documental se va a encontrar el conflicto de interés, evidentemente no. Yo creo que la autoridad tendría que ir mucho más lejos en sus facultades de interpretación, analizando básicamente la realidad, no los documentos. Digamos que están atendiendo la forma y olvidando el fondo”, dijo Arredondo.
    “El mensaje que se lanza por parte del Gobierno es obviamente que la normativa no es aplicable y que existe impunidad en los niveles más altos de gobierno”, agregó.
    Los expertos fueron consultados al instante de que Virgilio Andrade anunciara que, luego de seis meses de indagar, encontró que ni Peña Nieto ni Videgaray incurrieron en conflicto de interés al adquirir las residencias de los hoy contratistas porque ninguno, insistió Andrade, era servidor público cuando se realizaron las operaciones inmobiliarias.Ernesto Villanueva, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que el Artículo 8 la Ley citada indica que “habrá conflicto de interés cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión”.
    Ello implica, dijo el investigador, que el conflicto de intereses no necesariamente tiene que materializarse en una afectación de su imparcialidad, sino que existe cuando hay una posibilidad de que esto ocurra.
    Pero el Secretario de la Función Pública, agregó Villanueva, hizo una interpretación limitada de la ley para no encontrar irregularidades.
    “Que se haga esta declaración es escandaloso, una ofensa a la inteligencia de los mexicanos, y que además no tiene un sustento en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, expresó Villanueva.

SIN SORPRESAS Y SIN VOLUNTAD POLÍTICA
El anuncio de Andrade con el “resultado de la investigación” era el esperado desde que, en febrero pasado, se informó que un funcionario del gobierno federal sería el encargado de determinar si su jefe, el titular del Ejecutivo, había incurrido o no en conflictos de interés al adquirir una vivienda de su amigo y contratista Hinojosa.
    Pero tampoco sorprendió, dijo Eduardo Bohórquez, debido a las limitaciones del marco jurídico en México alrededor del conflicto de interés.
     “La duda era cómo le iban hacer para justificarlo”, agregó por separado Alejandro González.
    En Fundar, el investigador de Presupuestos y Politicas Públicas, Óscar Arredondo Pico, consideró que, si bien el marco legal en México es limitado, el resultado de la investigación y la forma en la que se interpretó la ley fue aún más reducida debido a la falta de voluntad política para llegar más a fondo.
IMPUNIDAD Y SIMULACIÓN: PAN
Por su parte, senadores y diputados del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron que la resolución de la Secretaría de la Función Pública acentúa la impunidad y la simulación del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.